Por Milagros Begoña Cano Cernuda / GICJ
La inundación fue uno de los fenómenos meteorológicos más mortíferos de la historia reciente de España El 29 de octubre de 2024, unas devastadoras inundaciones destruyeron pueblos del este de España y cobraron al menos 214 vidas. El gobierno valenciano clasificó la crisis como emergencia de nivel dos en una escala de tres niveles, la cual refleja la estructura española para la gestión de crisis. Este sistema incluye tres niveles: local (nivel uno), regional (nivel dos) y nacional (nivel tres). En este caso, la situación quedó bajo la autoridad del gobierno regional, quienes son responsables de la gestión de emergencias de esta magnitud. Aunque las autoridades regionales tienen responsabilidades y recursos específicos para gestionar las crisis de nivel dos, también pueden solicitar apoyo al gobierno central cuando se necesiten recursos o coordinación adicionales. La frustración por la respuesta del Gobierno ha ido en aumento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió «reforzar» los esfuerzos de recuperación con el despliegue de 10.000 soldados y policías. Las autoridades de la provincia de Valencia, gravemente afectada, informaron el domingo 3 de noviembre de 2024, que las esperanzas de localizar más supervivientes disminuyen a medida que los torrentes de agua fangosa devastan pueblos e infraestructuras, provocando al menos 211 víctimas mortales en la región, más otras dos en Castilla La Mancha y una en Andalucía [1].
En Valencia, algunas zonas registraron más de 30 cm de lluvia. La localidad de Chiva, cerca de Valencia, sufrió un impacto significativo, con casi 20 centímetros caídos en sólo ocho horas, una cantidad típica recibida en un año, según la agencia meteorológica española. Los equipos de rescate y la población civil siguen buscando a decenas de personas desaparecidas, pero los escombros dejados por las inundaciones dificultan sus esfuerzos y las operaciones de recuperación. Fotos y vídeos de Valencia muestran coches amontonados unos encima de otros, calles llenas de escombros y objetos personales cubiertos de barro marrón [2].
Causas de la Dana
En algunas zonas, llovió lo equivalente a un año en pocas horas, provocando graves inundaciones que devastaron pueblos enteros y dejaron atrapadas a miles de personas. En algunos lugares se registraron más de 500 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones, acompañadas de fuertes vientos y tornados, fueron causadas por un fenómeno meteorológico conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a una amplia zona del sur y este de España.
El término DANA comenzó a ser utilizado por los meteorólogos españoles hace unas décadas para distinguirlo del término más genérico «gota fría», que suele emplearse para referirse a cualquier situación de precipitaciones fuertes y abundantes, principalmente cuando se producen en la costa mediterránea de la Península Ibérica durante el otoño. Una DANA es un fenómeno en el que una masa de aire polar muy frío se aísla y comienza a circular a gran altura (entre 5.000 y 9.000 metros), lejos de la influencia de la circulación atmosférica. Al chocar con el aire más cálido y húmedo que suele haber sobre el mar Mediterráneo, genera fuertes tormentas, sobre todo a finales de verano y principios de otoño, cuando las temperaturas del mar son más altas.
Según el meteorólogo de la BBC Matt Taylor, «crea un entorno intensamente inestable, y ahí es donde el aire se eleva. Muy rápidamente, permite que las nubes de tormenta despeguen de verdad, ayudadas e instigadas por los vientos que tocan tierra más alta y también se elevan. Y cuanto más altas son las nubes de tormenta, más humedad contienen». Su potencial destructivo surge precisamente cuando se mezcla con temperaturas cálidas de la tierra y el mar. Además, según Delia Gutiérrez, meteoróloga de la Aemet, «las DANAs son un fenómeno relativamente común en nuestras latitudes (España) y, afortunadamente, la mayoría de ellas no llegan a tener una gran difusión.» Históricamente, España ha vivido DANAs memorables por sus consecuencias destructivas, como la de 1973, que afectó a Almería, Granada y Murcia, en el sureste del país, con importantes pérdidas humanas y materiales. Aemet ha calificado el actual temporal como el «más adverso del siglo en la Comunidad Valenciana». «Ha sido un temporal histórico, comparable a los grandes temporales mediterráneos y entre los tres más intensos del último siglo en la región», han añadido [3].
Reacción tardía de los gobiernos regional y central
A pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología emitió una alerta máxima el 29 de octubre de 2024 por las lluvias de la DANA y advirtió de «riesgo muy alto», las autoridades no tomaron ninguna medida excepcional. Carlos Mazón, presidente del gobierno regional de la Comunidad Valenciana, declaró sobre las 13:00 horas de ese día: «La borrasca se desplaza en estos momentos hacia la Serranía de Cuenca, por lo que se espera que su intensidad disminuya en torno a las 18:00 horas» en la Comunidad Valenciana. En cambio, apenas unas horas después, asolaba gran parte de la provincia de Valencia. Cuando Protección Civil envió un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos, el agua ya estaba fuera de control en varias zonas, y muchos se aferraban a los árboles o se refugiaban en los tejados para salvarse del torrente imparable. A medida que se van descubriendo cadáveres, va quedando claro que muchos se ahogaron en los coches en los que viajaban o incluso mientras intentaban sacarlos del garaje para evitar que el agua acumulada dañara primeros pisos y sótanos.
El climatólogo Olcina subrayó que muchas personas siguieron con sus rutinas diarias, exponiendo a demasiados individuos. En lugar de buscar refugio o evacuar las zonas vulnerables, siguieron circulando por las calles y viviendo en casas bajas. Subrayó que en tales situaciones deberían haberse emitido órdenes de evacuación, y las fuerzas de seguridad deberían haber velado activamente por la seguridad de la población. Mientras crece el debate en España sobre si el Gobierno regional o el central es responsable de no haber actuado a tiempo, la climatóloga Olcina argumentó que la crisis pone de manifiesto los fallos del sistema autonómico español, que no está preparado para gestionar emergencias de esta magnitud. La climatóloga subrayó que, en estos casos, no hay lugar para discusiones políticas o divisiones entre los niveles local y nacional: lo crucial es actuar de forma inmediata y eficaz [4].
Los civiles españoles se ayudan para sobrevivir «El pueblo salva al pueblo».
Miles de ciudadanos de Valencia se desplazaron a pie como voluntarios para ayudar a los pueblos afectados por la DANA en el área metropolitana que rodea la capital de la provincia. Los que han decidido hacer el viaje llevaban cubos, palas, escobas, fregonas, bidones de agua y carros con comida. En algunos casos, el recorrido que tuvieron que hacer fue de más de 10 kilómetros [5].
Se están conociendo más detalles sobre la destrucción en la región de Valencia, donde los residentes han descrito grandes daños y terribles experiencias con la rápida crecida de las aguas. En la ciudad de Valencia, capital de la región, un juzgado ha sido reutilizado como depósito de cadáveres provisional. En el barrio de La Torre, donde las aguas llegaron a la altura del pecho, los voluntarios siguen buscando a los desaparecidos [6].
Esta movilización también subraya la intersección entre las catástrofes naturales y la legislación en materia de derechos humanos, haciendo hincapié en la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos en virtud de los marcos internacionales de derechos humanos. Los esfuerzos de la población civil de Valencia ponen de manifiesto una laguna que debería suscitar un examen jurídico de la idoneidad de los mecanismos de preparación y respuesta ante las catástrofes. El derecho a la vida, consagrado en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), obliga a los Estados a adoptar medidas proactivas para evitar la pérdida de vidas durante catástrofes naturales previsibles. Además, la destrucción de bienes y el desplazamiento de personas suscitan preocupación por el derecho a una vivienda adecuada y la protección frente al desplazamiento arbitrario en virtud de los pactos internacionales.
Observaciones finales
Las trágicas inundaciones de Valencia son un duro recordatorio de la importancia crítica de una actuación gubernamental oportuna y eficaz ante las catástrofes naturales. El retraso en la respuesta al fenómeno meteorológico Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), a pesar de las alertas tempranas, refleja importantes lagunas en los sistemas españoles de gestión de crisis. La pérdida de vidas humanas y la devastación generalizada resultantes podrían haberse mitigado con una intervención más rápida.
Además, la inundación subraya el papel esencial de la capacidad de recuperación de la comunidad, ya que los civiles se movilizaron para ayudarse mutuamente, demostrando una solidaridad y un ingenio extraordinarios. Sin embargo, la incapacidad del gobierno para proporcionar una ayuda rápida y adecuada no hizo sino amplificar el sufrimiento de la población.
Esta crisis exige una reevaluación de los mecanismos españoles de respuesta a las catástrofes y el compromiso de garantizar que ninguna población se enfrente a semejante devastación sin la protección y el apoyo que legítimamente merece. Tanto los organismos nacionales como los internacionales deben exigir responsabilidades a los gobiernos por sus fallos a la hora de proteger a sus ciudadanos, garantizando que en futuras catástrofes se actúe de forma rápida, coordinada y eficaz.
Posición de Geneva International Centre for Justice (GICJ)
Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena la falta de preparación y la inacción de las autoridades regionales y centrales. Mientras que el pueblo de Valencia mostró una notable solidaridad, proporcionándoles ayuda y refugio unos a otros, la inacción del gobierno contribuyó a la magnitud del desastre.
Exigimos responsabilidades inmediatas por este fracaso y reformas urgentes en materia de gestión de crisis y preparación ante catástrofes. GICJ se solidariza con las víctimas de las inundaciones y seguirá abogando por que se haga justicia.
[1]]https://www.aljazeera.com/news/2024/11/3/what-to-know-about-flash-floods-that-killed-over-200-people-in-spain
[2] https://www.npr.org/2024/11/02/nx-s1-5176508/spain-valencia-chiva-flood-map
[3] https://www.bbc.com/mundo/articles/cj6k5xk648zo
[4] https://www.bbc.com/mundo/articles/cx24815x66eo
[5] https://okdiario.com/comunidad-valenciana/francia-desvela-que-marlaska-rechazado-ayuda-200-bomberos-trabajar-valencia-13746024
[6] ttps://edition.cnn.com/2024/11/01/europe/spain-floods-horror-intl/index.html
