Por Kiyana Newell / GICJ

Traducido por Isabel García Aguilar / GICJ

 

El Gobierno de Unidad Nacional  (GUN) de Libia invitó a Reem Alsalem el 14 de diciembre de 2022 al país para que evaluase la violencia contra las mujeres y niñas durante una visita de ocho días. Alsalem se marchó de esta “sintiéndose profundamente preocupada por la grave, sistemática y generalizada violencia a la que se enfrentan las mujeres y niños libaneses, incluidas las niñas” [1]. Debido a la inestabilidad política en Libia y al marco jurídico actual, el gobierno no puede mantener su compromiso internacional con los derechos humanos para que la ley reconozca como iguales a todos los libaneses y estos puedan disfrutar de los mismos derechos civiles y políticos.

La experta de las Naciones Unidas recomendó que la reforma de la legislación de Libia incluyese mecanismos de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres y niños, el fin de la impunidad y el apoyo de oportunidades que favorezcan la participación económica y política de las mujeres [2]. Para garantizar la justicia de las víctimas de violencia, es fundamental tratar la impunidad generalizada que hay en los procesos políticos libaneses. La legislación adoptada para acabar con la violencia contra las mujeres y niños deberá contemplar tanto a las mujeres con nacionalidad libanesa como a las que no la tienen, para así poder dirigirse a todos los frentes en los que la violencia está presente.

Alsalem visitó el país entre el 14 y el 21 de diciembre de 2022 para examinar las causas sistemáticas de violencia contra las mujeres y los niños. Su prioridad fue centrarse en las mujeres nacionales, las refugiadas, las solicitantes de asilo y otras mujeres y niñas migrantes. En la declaración de la relatora especial se mencionó que el número de feminicidios era alarmante, así como lo era también la violencia física, económica y política contra las mujeres en espacios públicos y privados [3]. Los miembros de la propia familia y ciertas personas relacionadas con las autoridades son quienes cometen dichos actos. Las mujeres que van contra las normas sociales de Libia y que expresan su oposición política tienen un gran riesgo de ser víctimas de un secuestro, tortura, violencia sexual o feminicidio. Además, las mujeres y niñas cuya nacionalidad no es la libanesa también se ven afectadas por los continuos conflictos dentro del país, lo que aumenta el riesgo de actos de violencia sexual por parte de grupos armados, secuestros para obtener un rescate, trata de personas, trabajos forzosos o muertes ilícitas. Asimismo, los centros de detención, en los que se retiene a refugiadas y solicitantes de asilo, emplean a guardas masculinos, lo que aumenta las posibilidades de que las mujeres sufran violencia sexual.

El conflicto en el país comenzó tras el fin del reinado de Muammar Qaddafi durante la revolución libanesa y la campaña de bombardeos de la OTAN en 2011 [4]. Antes de 2021, Libia se dividió en dos administraciones: el Gobierno del Acuerdo Nacional (GAN) y el Ejército Nacional Libio (ENL) [5]. Tras dos rondas de votaciones en las elecciones de febrero de 2021, ENL creó GUN como un gobierno en funciones [6]. Las elecciones para reunificar las instituciones nacionales se pospusieron en diciembre de 2021. Debido al vacío de poder, el poder político de las milicias no controladas está creciendo en el país, lo que está haciendo aumentar el malestar generalizado [7]. La inestabilidad en Libia, el rechazo a la implementación de políticas relacionadas con los derechos de las mujeres y niñas y la continua impunidad han causado que exista un alto riesgo a que se produzca cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas.

Las milicias y las autoridades atacan a las políticas y activistas por sus creencias políticas. Iftikhar Boudra es una mujer que fue atacada y arrestada en Bengasi por su defensa política contra la militarización hace cuatro años. La ONU exigió la liberación inmediata de Iftikhar Boudra y tratamiento médico de urgencia debido a que había sufrido violencia de varias maneras en agosto de 2022 [8]. Siham Sergiwa, miembro electo de la cámara de representantes, fue secuestrada en su casa en Bengasi el 17 de julio de 2019 [9] y se desconocen los detalles de lo que le pasó a Sergiwa. Otras importantes activistas, como Fareeha Al-Berkawi, Intissar Al-Hasaeri, y Salwa Bugaighis, fueron asesinadas debido a sus creencias políticas [10]. La violencia en línea es una nueva forma de incitar el odio y la agresión contra la mujer que busca disuadir a las mujeres de expresar su punto de vista sin reservas. Las mujeres que buscan un cargo político o abogan por este están expuestas a varios tipos de violencia con muy poca protección legal. 

El artículo 6 de la Declaración Constitucional de 2011 establece que los libaneses son iguales ante la ley, tienen acceso a las mismas oportunidades y tienen los mismos deberes y obligaciones, sin discriminación alguna [11]. No se ha podido implementar eficientemente esta ley que trata la violencia contra las mujeres y niñas dado el conflicto y la inestabilidad política interna. Tampoco se ha avanzado en el proyecto de Ley para Combatir la Violencia contra la Mujer [12], que penaliza cualquier tipo de violencia contra las mujeres y niñas y refleja responsabilidades institucionales, como el apoyo a las víctimas de violencia y ciertos mecanismos de prevención [13].

Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena la violencia y la discriminación contra las mujeres y niños. Asimismo, insta a Libia a enmendar la legislación actual que dificulta los derechos humanos de las mujeres y niñas y a priorizar la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas.

Las reformas políticas deben priorizar la disminución de los niveles de violencia en Libia. Permitir que las mujeres participen en el proceso de elaboración de políticas es fundamental para crear una política que proteja a las mujeres y niñas de la violencia y el daño. Por lo tanto, GICJ apoya la igualdad de oportunidades para ocupar un cargo político sin violencia ni disuasión. 

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