Por Aimara Pujadas / GICJ
Los acontecimientos del 24 de diciembre de 2021 en Myanmar han reavivado el debate y la atención sobre la situación de los niños en el contexto de los conflictos armados. En este incidente murieron 35 personas, entre ellas cuatro niños y dos empleados de "Save the Children".
Los sucesos incitaron un llamamiento internacional a incrementar los esfuerzos en aras de garantizar que los derechos y el bienestar de los niños no sean desatendidos por las partes en conflicto, en cualquier latitud del mundo. Esto incluye no sólo protegerlos de la muerte o la mutilación, sino también del reclutamiento forzoso, la detención ilegal, la violencia sexual, el secuestro, los ataques dirigidos contra hospitales y escuelas (lugares protegidos que suelen tener una importante presencia de niños), así como la denegación de asistencia humanitaria.
"Los niños están sufriendo, y los niños están muriendo a causa de esta insensibilidad. Hay que hacer todo lo posible para mantener a estos niños a salvo de cualquier daño", fueron las palabras de Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, al referirse a los efectos devastadores de los conflictos y a la alta vulnerabilidad de los niños en esos contextos.
¿Cómo protege el Derecho Internacional a los niños en los conflictos armados?
La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1989, es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos -civiles, culturales, económicos, políticos y sociales- que deben hacerse realidad para que los niños desarrollen todo su potencial. Es el tratado de derechos humanos más ratificado, con 196 ratificaciones, siendo Estados Unidos el único Estado pendiente de ratificar.
La CDN se basa en cuatro principios fundamentales, a saber, el principio de no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la consideración de la opinión del niño en las decisiones que le afectan (según su edad y madurez). Además, en el año 2000, la Asamblea General de la ONU adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados para proteger a los niños del reclutamiento y la utilización en las hostilidades.
Este documento consagra el compromiso de que los niños menores de 18 años no serán reclutados para enviarlos al campo de batalla ni serán reclutados como soldados. También declara que los Estados deben tomar todas las medidas posibles para evitar ese reclutamiento -incluyendo la legislación para prohibir y criminalizar el reclutamiento de menores de 18 años y su participación en hostilidades-, e incluso se refiere a la desmovilización de cualquier menor de 18 años reclutado o utilizado en hostilidades, y a la prestación de servicios de recuperación física y psicológica y de ayuda para facilitar su reintegración social.
La protección y el bienestar de los niños en tiempos de conflicto ha pasado a ocupar un lugar importante en la agenda política de la comunidad internacional. Existe un conjunto considerable de normas y reglas, contenidas principalmente en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que sirven de marco normativo para la protección de los niños: los Convenios de Ginebra (1949), y los dos Protocolos Adicionales (1977), el Convenio 182 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (1999), el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2002), y una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad, adoptadas principalmente a partir de 1999.
En particular, los tribunales internacionales, como la mencionada Corte Penal Internacional, los Tribunales Ad Hoc de Yugoslavia y Ruanda, y el Tribunal Especial para Sierra Leona, han elevado significativamente el perfil de los derechos del niño en todo el mundo, con enormes contribuciones legales y judiciales. Por ejemplo, una importante afirmación judicial tuvo lugar en 2004, cuando el Tribunal Especial para Sierra Leona dictaminó en el caso Hinga Norman que el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados es un crimen de guerra según el derecho internacional consuetudinario.
En cuanto a los ataques deliberados contra niños, civiles y personas protegidas en general, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General han aprobado resoluciones que los condenan sin ambigüedad. En 2009, mediante la resolución 1882, el Consejo de Seguridad añadió los patrones de asesinato o mutilación de niños en contravención del derecho internacional aplicable como un desencadenante adicional para la inclusión de las partes en conflicto en el Informe Anual del Secretario General sobre los Niños y los Conflictos Armados.
La dura realidad de los niños en el conflicto armado
A pesar del consolidado cuerpo de derecho internacional público sobre los derechos de los niños y los conflictos armados, estos siguen siendo violados sistemáticamente. Los niños son asesinados y mutilados en lugares donde esperan estar seguros, como sus hogares, escuelas y hospitales. Hay un evidente irrespeto del derecho internacional humanitario. Las escuelas están siendo atacadas o convertidas en bases militares, por lo que devienen objeto de ataques. Además, los niños sufren el bloqueo de alimentos y suministros médicos, lo que provoca muchos casos de muerte por inanición y enfermedades evitables.
Los niños siguen siendo reclutados, a la fuerza o no, para unirse a fuerzas armadas y grupos irregulares. Algunos son secuestrados y golpeados hasta la sumisión, pero otros se unen a los grupos militares para escapar de la pobreza, para defender a sus comunidades o incluso por un sentimiento de venganza. Ciertamente, la falta de oportunidades y de un medio de vida decente más allá del conflicto armado, hace que unirse al ejército sea una opción muy atractiva para muchos niños en zonas de conflicto que anhelan un sentido de seguridad y pertenencia a un grupo.
Como parte de los grupos armados, los niños pueden participar directamente en el combate, pero sus funciones no se limitan a luchar. A menudo realizan tareas de apoyo que también conllevan grandes riesgos y dificultades: desde espiar, hasta ser mensajeros, esclavos sexuales y bombarderos suicidas, entre otros actos.
Las niñas que son reclutadas y utilizadas por las fuerzas y grupos armados tienen vulnerabilidades propias de su género y, por lo tanto, están sujetas a consecuencias muy específicas que incluyen, entre otras, la violación y la violencia sexual, el embarazo y las complicaciones relacionadas con el mismo, el estigma y el rechazo de las familias y las comunidades.
Según los datos de UNICEF, en los tres primeros meses de 2021 se produjo un aumento alarmante del número de casos verificados de secuestro y violencia sexual. Estos siguieron aumentando drásticamente, en más de un 50% y un 10%, respectivamente. Los países más afectados fueron: Somalia, seguido de la República Democrática del Congo (RDC) y los países de la cuenca del lago Chad (Chad, Nigeria, Camerún y Níger).
Afganistán, tiene el mayor número de víctimas infantiles verificadas desde 2005, con más de 28.500 incidentes, que representan el 27% de todas las víctimas infantiles verificadas a nivel mundial. El pasado mes de octubre, UNICEF destacó que 10.000 niños habían muerto o quedado mutilados en Yemen desde que se intensificaron los combates en marzo de 2015, lo que equivale a cuatro jóvenes cada día.
El derecho internacional de los derechos humanos subraya la importancia primordial del "derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona". Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de estos derechos. Como se mencionó previamentea, la CDN reconoce "que todo niño tiene un derecho intrínseco a la vida" y los Estados Partes deben garantizar "en la mayor medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño".
Posición de Geneva International Centre for Justice
La seguridad y el bienestar de los niños deben estar incondicionalmente garantizados y debe castigarse a todo aquel que ponga en peligro sus inocentes vidas. Las instituciones gubernamentales deben trabajar en concierto con las instituciones humanitarias internacionales para frenar la incidencia de las violaciones de los derechos de los niños en el contexto de los conflictos armados. Los Estados implicados en los conflictos deben garantizar una evaluación especial e individualizada de los derechos de un niño atrapado en un conflicto o en una crisis, frente a la generalidad de los derechos conferidos a todos los niños.
En cuanto a la asistencia humanitaria, Geneva International Centre for Justice (CIGJ) considera que su privación intencionada es ilegal, ya que viola la obligación de proporcionar atención y ayuda a los niños, poniendo en peligro sus vidas y sus posibilidades de supervivencia. Es necesaria una mayor acción y concienciación, por parte de todos los actores, para proteger la vida de miles de niños que hoy se encuentran al borde del daño psicológico, del trauma físico e incluso de una muerte evitable.
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