Por Amal Bushara / GICJ
Traducido por Natalia Venegas / GICJ
Una década de conflictos armados en la región africana del Sahel ha obligado a más de 2,5 millones de personas a huir de sus hogares. El portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Boris Cheshirkov, en declaraciones a los periodistas en Ginebra el 14 de enero, informó que el número se ha multiplicado por diez desde 2013, pasando de 217.000 a la elevada cifra de 2,1 millones el año pasado.
Según algunos informes, los grupos armados han llevado a cabo más de 800 ataques mortales en el último año. Este aumento de la violencia sólo en el 2021 ha desplazado a casi 500.000 personas, dejando cifras pendientes para el mes de diciembre.
En la región del Sahel central, la cual abarca Burkina Faso, Níger y Malí, se han alcanzado los 410.000 refugiados. La mayoría de ellos proceden de Malí, en donde una década de guerra civil, provocada por las rebeliones en el 2012, ha dejado a la nación en un “ciclo interminable de inestabilidad” según El-Ghassim Wane, Representante Especial del Secretario General para el país. En Malí, los grupos extremistas surgieron en zonas olvidadas por las autoridades nacionales y se han multiplicado por todo el territorio nacional. La continua violencia e inestabilidad ha deteriorado los esfuerzos humanitarios internacionales en Malí, los cuales fueron pensados para afrontar la masiva inseguridad alimentaria. Con el deterioro de los esfuerzos humanitarios, Malí ha llegado al nivel más alto de inseguridad alimentaria registrado desde 2014.
En el país vecino, Burkina Faso, diferentes grupos islamistas armados han matado a cientos de civiles. Según el gobierno, más de 1,4 millones de personas han sido desplazadas al interior del país. Esto, mientras circulan informes sobre actos horribles de violencia y abusos contra los derechos humanos. Seis de cada diez desplazados del Sahel proceden ahora de este país de África Occidental sin salida al mar, ya que la población está atrapada entre los ataques de grupos armados no estatales, y en algunas ocasiones, las fuerzas de seguridad del gobierno y las milicias progubernamentales. Con el 59% de la población total menor de 20 años y con la falta de acceso a las oportunidades económicas, la Sra. Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha advertido que los jóvenes pueden ser vulnerables a la radicalización, especialmente en el norte, donde la violencia extremista es más frecuente.
En Níger, el número de desplazados internos en las regiones de Tillabéri y Tahoua ha aumentado en un 53% sólo en el último año. El Estado, el cual limita con Libia al noreste, Chad al este, Nigeria al sur, Benín y Burkina Faso al suroeste, Malí al oeste y Argelia al noroeste, es vulnerable a los conflictos y a los problemas de seguridad de los países vecinos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha clasificado a Níger y a Chad, como "países spillover” con problemas de conflicto y seguridad procedentes de Malí y Nigeria.
Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU de 2020, los países del Sahel se encuentran entre los menos desarrollados del mundo. El Índice, que cuantifica el desarrollo de un país en tres dimensiones básicas, como la esperanza de vida, la educación y los ingresos, sitúa a Níger, Burkina Faso, Malí y Chad en los diez últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano de la ONU, siendo Níger el último. La evolución futura del cinturón del Sahel dependerá también de la seguridad y la estabilidad del norte de África y de lo que ocurra en Sudán, pero, también de los efectos globales del cambio climático, ya que la región se enfrenta a la realidad del aumento de las temperaturas globales y a la falta de recursos.
El cambio climático sigue siendo uno de los principales retos a los que se enfrenta la región del Sahel, ya que las temperaturas aumentan 1,5 veces más rápido que la media mundial. La ONU calcula que el 80% de las tierras agrícolas del cinturón del Sahel ya se ven afectadas por el cambio climático. Esto tendrá un efecto catastrófico en la producción de alimentos en la zona más pobre del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ya se ha declarado la inseguridad alimentaria de unos 33 millones de personas en la región del Sahel.
Al haber menos acceso a las tierras agrícolas debido a los efectos medioambientales del cambio climático, los conflictos locales entre agricultores y nómadas estallan con mayor frecuencia. Sin embargo, aunque es evidente que la ayuda humanitaria es necesaria para poner fin a la violencia y hacer frente a la creciente inseguridad alimentaria de la región, el ACNUR y los socios humanitarios se enfrentan a crecientes dificultades para prestar asistencia, por lo que siguen siendo objeto de ataques en las carreteras, robos de coches y emboscadas.
Por lo tanto, es cada vez más evidente que los profundos desafíos de la región del Sahel requieren soluciones a largo plazo. Los conflictos y la violencia están comprometiendo los medios de vida de las poblaciones ya vulnerables a la crisis climática y su resolución debe seguir siendo una prioridad. Sin embargo, la prestación de asistencia humanitaria a las comunidades aisladas por la violencia sigue siendo una gran prioridad. ACNUR estima que se necesitarán 307 millones de dólares para albergar y prestar asistencia al creciente número de desplazados internos y refugiados.
Con los recursos gravemente sobrecargados, Geneva International Centre for Justice (GICJ) hace un llamado a la comunidad internacional para que preste más apoyo a fin de salvar vidas y proteger a la población de la inseguridad derivada del conflicto generalizado y del cambio climático en la región del Sahel. Además, GICJ insta a los gobiernos y a los actores relevantes a negociar un plan coordinado a largo plazo para abordar la estabilidad interconectada de la región, ya que el conflicto sigue trascendiendo a nivel transnacional. Por último, el rápido aumento de las temperaturas en la región y la consiguiente crisis de los refugiados climáticos ilustran la naturaleza interconectada de la estabilidad regional y el cambio climático. Por lo tanto, GICJ hace hincapié en la necesidad de un mayor compromiso internacional con el desarrollo sostenible para poner fin a la competencia por los recursos naturales que con demasiada frecuencia deriva en conflictos y el consiguiente desplazamiento de personas en la región del Sahel.
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