Siria posterior a Assad
Lograr justicia y establecer el Estado de derecho
Enero de 2025
Introducción
Por GICJ
Traducido por Milagros Begoña Cano Cernuda / GICJ
Siria está atravesando una fase de transición crítica tras la caída del régimen de Assad, un periodo plagado de retos y abierto a todas las posibilidades. El futuro del país depende de las políticas de sus nuevos líderes, las posturas de los actores regionales y la dirección de la comunidad internacional. Para garantizar la estabilidad y evitar caer en el caos, es esencial tomar todas las medidas necesarias para hacer justicia a las víctimas de las violaciones e instaurar el Estado de derecho.
El no seguimiento de un curso legal podría conducir al colapso de las instituciones militares y de seguridad, lo que podría exacerbar los conflictos internos y suponer una amenaza real para la unidad y la estabilidad del país. En tales circunstancias, las autoridades de transición pueden encontrarse en una posición de debilidad, haciendo de la gobernanza una tarea compleja y ardua.
Así pues, la estabilidad no puede lograrse sin la aplicación del Estado de Derecho y la puesta en práctica de la justicia transicional. La justicia no es un mero instrumento para abordar las violaciones del pasado, sino una piedra angular para fomentar la confianza, haciendo que los autores rindan cuentas mediante juicios justos e impidiendo que los llamamientos a la venganza se hagan realidad. Garantizar la rendición de cuentas y compensar a las víctimas refuerza la legitimidad de las autoridades de transición y evita que se vuelva a los ciclos de violencia. Por lo tanto, establecer el Estado de derecho debe ser una prioridad absoluta durante la fase de transición para construir un Estado moderno basado en la igualdad y los derechos.
La justicia no puede alcanzarse a través del caos, ni permitiendo que las víctimas busquen venganza personal contra quienes violaron sus derechos. Tales acciones no aportarían justicia, sino que generarían más desorden y contra violencia, desperdiciando una oportunidad para que Siria establezca un Estado donde los ciudadanos se sientan seguros y donde sus derechos estén protegidos por la ley. Sólo a través de los cauces legales se puede procesar a los autores de delitos y violaciones: ése es el verdadero camino hacia la justicia.
En la búsqueda de justicia, las pruebas y los documentos deben tratarse con la máxima responsabilidad, ya que constituirán la base de los procedimientos judiciales necesarios para exigir responsabilidades a los autores y ofrecer reparación a las víctimas. Sin embargo, la liberación de presos de los centros de detención, especialmente de la prisión de Saydnaya, y el manejo de los documentos relacionados han reflejado una falta de actuación responsable en estos casos.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) propone medidas esenciales para establecer el Estado de Derecho en la próxima fase de Siria, sentando las bases para activar el sistema judicial y reforzar su independencia para lograr la justicia que espera el pueblo sirio tras décadas de sacrificio.
Antecedentes
El 8 de diciembre de 2024 marcó un día crucial en la historia de Siria: la caída del régimen de la familia Assad, que había gobernado Siria durante más de 54 años, tras la huida del país del presidente Bashar al Assad. El mundo quedó rápidamente al descubierto de la magnitud de los crímenes y violaciones cometidos por el régimen contra el pueblo sirio, y las imágenes y vídeos de la prisión de Saydnaya sirvieron de crudo ejemplo de lo que ocurría en la mayoría de las prisiones del país.
Siria ha sido testigo de violaciones generalizadas de los derechos humanos en las últimas décadas, que van desde la represión política, la discriminación, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la violencia contra la población civil, especialmente tras los levantamientos contra el régimen que estallaron en 2011. Aunque este informe no pretende documentar todas estas violaciones, es necesario recordar algunas de ellas.
El periodo de gobierno de Hafez al Assad (1970-2000) estuvo marcado por detenciones políticas masivas, en las que miles de disidentes políticos fueron encarcelados en duras condiciones en instalaciones como la prisión de Tadmor. Su régimen llevó a cabo represiones sectarias, como la masacre de Hama de 1982, que causó decenas de miles de muertos entre la población civil. Muchos miembros de la oposición se vieron obligados a exiliarse ante la persistente amenaza de persecución estatal.
Durante este periodo, las autoridades practicaron graves formas de tortura y trato degradante contra detenidos políticos y presos de conciencia. Las libertades públicas se restringieron gravemente bajo un estado de excepción que duró décadas. El régimen también cometió actos de desaparición forzada, y miles de activistas y disidentes desaparecieron sin dejar rastro.
Bashar al-Assad continuó con los métodos de su padre durante su reinado (2000-2024), a pesar de haber prometido inicialmente en su discurso inaugural (17 de julio de 2000) adoptar reformas positivas y construir un Estado democrático respetuoso con los derechos humanos. Esta promesa duró poco, ya que las campañas de represión contra activistas políticos y periodistas aumentaron en pocos meses. Se restringieron las libertades, se suprimió la libertad de expresión, se prohibieron los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil se enfrentaron a férreos controles.
Las violaciones se intensificaron tras las protestas generalizadas contra el régimen en 2011. El régimen cometió crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como bombardeos indiscriminados, uso de armamento pesado y ataques aéreos contra zonas densamente pobladas, que causaron la muerte de cientos de miles de civiles. Organizaciones internacionales documentaron el uso de armas químicas por parte del régimen, incluido gas sarín, en ataques como el de Ghouta en 2013. Las detenciones arbitrarias y la tortura generalizada se generalizaron durante este periodo, y las organizaciones de la sociedad civil documentaron abusos sistemáticos en centros de detención. El «Informe César» reveló imágenes de miles de detenidos que murieron torturados.
Las campañas militares del régimen contra ciudades sirias provocaron desplazamientos masivos, obligando a millones de sirios a huir internamente o a emigrar, creando una de las mayores crisis de refugiados del mundo. Los crímenes documentados incluyeron ataques contra infraestructuras civiles como hospitales, escuelas y mercados, violando el derecho internacional humanitario que rige los conflictos armados internos.
Grupos armados y milicias de diversas afiliaciones también cometieron graves violaciones que equivalen a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como torturas, ejecuciones masivas, reclutamiento de niños y ataques contra comunidades religiosas y étnicas. Los perpetradores de estos grupos también deben rendir cuentas.
Desafíos a los que se enfrentan las nuevas autoridades de Siria
Las nuevas autoridades de Siria se enfrentan a enormes desafíos, entre ellos:
A. Creación de instituciones:
El establecimiento de instituciones estatales capaces de mantener la seguridad y garantizar la justicia es un reto primordial para los países en transición. Para ello es necesario reestructurar los cuerpos de seguridad y judiciales, destituir a los funcionarios implicados en delitos y violaciones graves y formar al nuevo personal en materia de derechos humanos y Estado de derecho.
B. Establecer el Estado de Derecho:
Esto implica promulgar nuevas leyes que promuevan la rendición de cuentas y la transparencia, poniendo fin a la impunidad de la que gozaban los autores de violaciones durante el régimen de Assad. También debe crearse un órgano de supervisión que vigile el cumplimiento de la ley.
C. Hacer frente a los daños económicos y sociales:
El conflicto armado ha causado grandes daños económicos, con grandes ciudades casi destruidas e infraestructuras devastadas en gran parte de Siria. Décadas de división y enfrentamientos también han dejado profundas cicatrices sociales, que requieren serios esfuerzos para abordar su impacto en la paz social. Lograr la estabilidad en Siria requerirá esfuerzos locales e internacionales sostenidos para satisfacer las aspiraciones del pueblo sirio a una vida de paz, dignidad y seguridad.
La justicia transicional como modelo
En la búsqueda de la justicia tras la transformación política de Siria, la justicia transicional proporciona un marco jurídico adecuado para abordar el legado de abusos y atrocidades contra los derechos humanos cometidos durante décadas. Establecer un sistema de justicia transicional eficaz para que los responsables rindan cuentas requiere un enfoque integral y polifacético que garantice la reparación de las víctimas y evite futuras violaciones. Las medidas propuestas incluyen
1. Establecimiento de una Comisión Independiente de Justicia Transicional:
Esta comisión investigaría los crímenes cometidos durante el conflicto y desarrollaría un plan integral de justicia transicional en coordinación con las instituciones y partes interesadas pertinentes. Debe incluir jueces imparciales, abogados y expertos en derechos humanos para garantizar la integridad. Las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil también deben participar en el trabajo y las decisiones de la comisión, garantizando la transparencia de sus procesos.
2. Crear Comisiones de la Verdad:
Estas documentarían las violaciones, recogerían los testimonios de las víctimas y esclarecerían los hechos en torno a las atrocidades. Las comisiones de la verdad pueden organizar audiencias públicas para compartir los relatos de los supervivientes, mejorando la documentación de las violaciones y fomentando la reconciliación social. Algunos ejemplos notables son la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica.
3. Garantizar la justicia reparadora:
Esto incluye proporcionar compensación económica o moral a las víctimas y sus familias en función del daño sufrido. La compensación puede consistir en pagos monetarios o estipendios mensuales, así como en reparaciones morales como disculpas oficiales. La creación de fondos de apoyo nacionales o internacionales puede ayudar a facilitar la indemnización de las víctimas.
La importancia de una documentación precisa
Es imperativo iniciar un proceso de documentación preciso, ya que la documentación exacta garantiza que los autores no escapen a la justicia, preserva los registros históricos y sensibiliza sobre los delitos cometidos. Este proceso requiere la creación de centros nacionales de documentación de delitos y la conservación sistemática de pruebas para garantizar su uso en procesos judiciales y juicios.
En este contexto, es esencial recurrir a técnicas modernas, como fotos y vídeos, incluido el uso de tecnologías avanzadas de imagen para analizar las escenas de los crímenes, y recoger y analizar los testimonios de los supervivientes con herramientas científicas para garantizar su fiabilidad. Debe establecerse como prioridad la recuperación de documentos y pruebas incautados en prisiones, centros de detención e instituciones estatales.
El caos que acompañó la apertura de las puertas de las cárceles y la liberación de los detenidos provocó la pérdida de muchos documentos y pruebas que serán cruciales para los procesos judiciales. GICJ considera que su recuperación es de suma importancia y debe constituir una prioridad absoluta.
Además, las herramientas forenses serán esenciales para analizar las fosas comunes e identificar a las víctimas. También serán fundamentales los laboratorios especializados en pruebas de ADN. Es crucial insistir en la responsabilidad de salvaguardar las fosas comunes de toda manipulación y garantizar que sólo las abran comités oficiales y especializados. En el proceso pueden participar las familias de las víctimas y organizaciones no gubernamentales tanto sirias como internacionales, al tiempo que se prohíbe estrictamente cualquier acción individual en este sentido.
Responsabilidades
Responsabilizar a los autores
Una vez finalizada la recopilación de hechos y documentación, comienza la fase de enjuiciamiento. Nadie debe ser condenado o sentenciado sin un tribunal especializado constituido conforme a la ley, que garantice juicios justos con todas las garantías judiciales esenciales. Los juicios deben servir como un auténtico mecanismo para hacer justicia y poner fin a la cultura de impunidad que ha prevalecido durante décadas, evitando los tribunales de represalia (simulacros).
Estos juicios deben adherirse a las normas internacionales, incluyendo:
- Garantizar a los acusados el derecho a la defensa legal, ya sea mediante la designación de abogados de su elección o con la asistencia del tribunal en caso necesario.
- Prohibir la obtención de confesiones mediante coacción o tortura.
- Celebrar juicios públicos siempre que sea posible.
Para llevar a cabo juicios dentro del sistema judicial nacional, puede ser necesario establecer tribunales nacionales especiales para procesar a los responsables de crímenes graves, como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, o procesarlos en los tribunales existentes.
Una cuestión crítica en este contexto es garantizar la independencia del poder judicial y evitar la interferencia del poder ejecutivo en el proceso judicial. También puede ser necesario modificar algunas leyes para adaptarlas a la legislación internacional, como los Convenios de Ginebra, a fin de garantizar juicios justos. Además, debe proporcionarse protección adecuada a testigos y jueces para protegerlos de amenazas o intimidaciones.
En determinados casos, puede ser necesario recurrir a tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), para procesar a personas implicadas en delitos internacionales graves. Los mecanismos de jurisdicción universal también pueden utilizarse en los países que los aplican, especialmente en las naciones europeas, para procesar a los acusados que residen allí si no pueden ser juzgados en los tribunales nacionales sirios.
Justicia reparadora y reintegración
La justicia no puede lograrse plenamente sin proporcionar apoyo psicológico y social a las víctimas y sus familias. Es crucial rehabilitar a los ex detenidos y a los afectados por la tortura y los estragos de la guerra. Deben desarrollarse programas para rehabilitar y reintegrar a las personas obligadas a participar en conflictos bajo circunstancias coercitivas, incluidos los niños soldados.
Esto incluye el diseño de programas de concienciación para niños con el fin de prevenir su transformación en futuras amenazas. Deben crearse centros especializados en el tratamiento de traumas para los supervivientes, además de poner en marcha programas educativos y de formación profesional para reintegrar a los afectados en la sociedad.
Responsabilidad justa
Para lograr una justicia integral, la rendición de cuentas debe abarcar a todas las partes implicadas en violaciones graves. La justicia debe ser inclusiva y abordar los delitos cometidos por el régimen, las fuerzas de la oposición y los grupos armados, garantizando que nadie esté por encima de la ley. Evitar las represalias es crucial, y la sociedad debe ser consciente de que la justicia es un requisito legal, no una herramienta para la venganza personal.
En este sentido, la sociedad civil y los líderes sociales desempeñan un papel vital a la hora de concienciar y proteger a la sociedad de las tendencias a la venganza.
Apoyar la estabilidad social
Los esfuerzos para estabilizar la sociedad tendrán un impacto significativo en la búsqueda de la justicia en Siria. Esto incluye el inicio de un diálogo nacional global que implique a todos los componentes de la sociedad siria y la aplicación de medidas para curar las heridas sociales, como la celebración de ceremonias simbólicas en honor a las víctimas o el establecimiento de monumentos conmemorativos.
Es igualmente importante incorporar los derechos humanos y los principios de ciudadanía a los planes de estudio, organizar talleres y sesiones de formación para promover la rendición de cuentas colectiva y utilizar los medios de comunicación para concienciar sobre la justicia transicional. Todo ello contribuirá a implicar a las comunidades locales en los esfuerzos por lograr justicia para todas las víctimas de violaciones.
El papel de la comunidad internacional
No se puede pasar por alto a la comunidad internacional en la fase de reconstrucción de Siria. Organismos internacionales clave, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y organizaciones regionales como la Unión Europea y la Liga Árabe, pueden proporcionar apoyo técnico y financiero para establecer instituciones de justicia capaces de garantizar juicios justos y ayudar en el procesamiento de los infractores.
Las entidades sirias pueden necesitar asistencia técnica internacional para abrir fosas comunes y examinar los restos para identificar a las víctimas. Los comités formados por las Naciones Unidas a lo largo de los años en relación con la situación siria, como el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (MIII) establecido por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2016, pueden desempeñar un papel de apoyo en la investigación y el enjuiciamiento de las personas responsables de los crímenes más graves de derecho internacional desde marzo de 2011.
También será decisiva la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria, creada por el Consejo de Derechos Humanos en agosto de 2011 para investigar las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos desde marzo de 2011. Se espera que estas comisiones complementen los esfuerzos sirios.
La comunidad internacional también debe apoyar el levantamiento de las sanciones impuestas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y facilitar la descongelación de los fondos sirios. Es esencial proporcionar un apoyo integral al pueblo sirio durante su nueva andadura.
El aprendizaje de otros países
Las lecciones aprendidas de otros países, tanto de la región como de fuera de ella, pueden ofrecer valiosas perspectivas para lograr la justicia y la reconciliación en Siria. Aunque cada caso está determinado por sus propias circunstancias y la justicia transicional debe adaptarse al contexto sirio, hay mucho que aprender de las experiencias de otros países. Estos ejemplos, tanto si están marcados por el éxito como si se ven obstaculizados por los desafíos, proporcionan importantes lecciones para el camino que queda por recorrer.
En este sentido, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Sudáfrica destaca como uno de los ejemplos más significativos de justicia transicional a nivel mundial. Tras décadas de apartheid, durante las cuales se infligieron violaciones sistémicas a la mayoría negra del país, la CVR se creó en 1994 bajo la dirección del arzobispo Desmond Tutu. Un rasgo definitorio de este enfoque fueron las audiencias públicas en las que víctimas y victimarios compartieron sus testimonios. El proceso dio prioridad al esclarecimiento de la verdad, tratando de lograr un delicado equilibrio entre justicia y reconciliación, fomentando en última instancia la estabilidad en la Sudáfrica posterior al apartheid.
Conclusión
Lograr la justicia y mantener el Estado de derecho en Siria exige esfuerzos coordinados tanto a nivel local como internacional para abordar los inmensos desafíos a los que se enfrenta una nación que ha soportado décadas de penurias. La justicia transicional debe ir más allá de abordar los agravios del pasado; debe sentar las bases para un futuro estable basado en el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Sin estos pasos esenciales, Siria corre el riesgo de seguir sufriendo inestabilidad y de perder la oportunidad de construir un Estado moderno y resistente.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) cree que es esencial mantener un equilibrio entre la consecución de la justicia y la garantía de la seguridad de la comunidad. Mientras que una tolerancia excesiva puede conducir a la impunidad de los autores, un uso excesivo de la justicia penal puede convertirla en una herramienta de venganza contra personas afines al régimen que no cometieron por sí mismas violaciones de los derechos humanos contra el pueblo sirio o no fueron cómplices de dichas violaciones. Esto, sin duda, aumentará las divisiones dentro de la sociedad y puede dar lugar a nuevas víctimas.
Siria posee un inmenso potencial en diversos sectores, pero no podrá superar los retos a los que se enfrenta sin un esfuerzo comprometido y unificado de la comunidad internacional. Este apoyo debe abarcar asistencia política, económica y técnica, junto con esfuerzos para fomentar la paz y el respeto a la soberanía de la nación evitando injerencias en sus asuntos internos.
