CDH55: Anatomía de un genocidio
Sesión 55 del Consejo de Derechos Humanos
26 de marzo de 2024
26 de febrero – 5 de abril de 2024
Tema 7 – Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre los Territorios Palestinos Ocupados
Informes de Discusión
Por GICJ
Traducido por Aimara Pujadas / GICJ
Resumen Ejecutivo
El 26 de marzo de 2024, Francesca Albanese, Relatora Especial sobre los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), arrojó luz sobre la grave situación humanitaria en Gaza desde que Israel lanzó su devastador ataque tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023.
La Sra. Albanese presentó hallazgos impactantes, en particular la deshumanización sistemática de los palestinos y la alarmante cifra de muertos causada por las fuerzas de ocupación, que, según estimaciones de la OCHA al 25 de marzo de 2024, asciende a más de 32,000 personas. Denunció la distorsión del lenguaje por parte de Israel para legitimar acciones equivalentes a genocidio, como describir a civiles como escudos humanos o terroristas y etiquetar falsamente hospitales como escondites de Hamás.
Albanese también destacó las medidas deliberadas destinadas a impedir los nacimientos dentro de la población palestina, así como la política de hambruna forzada como herramientas de guerra utilizadas por la ocupación para cometer genocidio contra el pueblo palestino.
La Sra. Albanese subrayó el impacto de la ayuda económica y militar de los estados poderosos en el fomento de los ataques y pidió que se detengan las exportaciones militares a Israel. A pesar de la gravedad de la situación, los países occidentales en su mayoría se abstuvieron de participar en la sesión, excepto Luxemburgo, España y la UE, esta última apoyada por Eslovenia, lo que indica la complicidad en los crímenes contra la humanidad de Israel por parte de muchos dentro de la comunidad internacional.
En su declaración final, la Relatora Especial reiteró la urgente necesidad de rendición de cuentas y de tomar medidas para abordar la crisis en curso. Subrayó la responsabilidad de la comunidad internacional de prevenir el genocidio, instando a los países a escuchar los llamados de sus ciudadanos y unirse a los procedimientos iniciados por Sudáfrica. El diálogo destacó las persistentes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional en los territorios palestinos ocupados, pidiendo un cambio de enfoque, pasando de ver la situación como una crisis humanitaria a reconocer sus raíces políticas. El apasionado llamado de la Sra. Albanese sirvió como un recordatorio contundente del sufrimiento continuo en la región y de la imperiosa necesidad de acción colectiva para lograr un cambio significativo.
Antecedentes
El genocidio en Gaza es una consecuencia trágica de décadas de conflicto y lucha política entre Israel y Palestina. Con raíces en la mitad del siglo XX, el establecimiento de Israel como estado independiente llevó al desplazamiento de cientos de miles de palestinos de sus tierras ancestrales, conocido como la Nakba, una “catástrofe” en árabe.
Durante décadas, Israel ha impuesto un estricto bloqueo en el territorio, restringiendo severamente el movimiento de personas y bienes. Este bloqueo, junto con frecuentes incursiones militares y ataques aéreos, ha resultado en condiciones humanitarias graves, incluida la pobreza generalizada, el desempleo y el acceso limitado a servicios esenciales como la atención médica y la educación.
Los episodios más devastadores de violencia ocurrieron durante grandes ofensivas militares israelíes, en particular la Operación Plomo Fundido en 2008-2009, la Operación Pilar de Defensa en 2012 y la Operación Margen Protector en 2014. Estas campañas resultaron en numerosas víctimas civiles, una destrucción masiva de infraestructuras y un trauma psicológico profundo en la población.
Resumen del Informe de la ONU
Durante la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, presentó un extenso informe que arrojó luz sobre las desgarradoras realidades que sufren los palestinos. Basándose en diversas fuentes, incluidos datos, análisis y consultas con individuos y organizaciones afectadas, el informe ofreció un relato sobrio del impacto catastrófico del conflicto, particularmente en la Franja de Gaza.
El informe no evitó condenar los actos reprochables cometidos tanto por Hamás como por las fuerzas israelíes, enfatizando la urgente necesidad de rendición de cuentas y justicia. A pesar de reconocer las limitaciones impuestas por el alcance geográfico del mandato, el informe se centró en la grave situación en Gaza, donde más de 30,000 palestinos, incluidos más de 13,000 niños, perdieron la vida en un implacable asalto que duró cinco meses. Este ataque dejó tras de sí una estela de devastación, con áreas residenciales destruidas, infraestructura arrasada y comunidades destrozadas.
De particular preocupación fue la afirmación de que Israel, en la búsqueda de sus objetivos militares, había distorsionado intencionalmente las leyes humanitarias para justificar sus acciones, lo que planteaba inquietantes preguntas sobre la comisión de genocidio. El informe subrayó la naturaleza sistemática de la violencia perpetrada contra los palestinos, destacando el ataque deliberado contra civiles, incluidas mujeres y niños, y el uso de fuerza desproporcionada.
Además, el informe situó estas atrocidades en el contexto más amplio del colonialismo de asentamiento en Palestina, trazando los patrones históricos de desplazamiento, despojo y opresión que ha enfrentado el pueblo palestino. Se enfatizó la continua negación de su derecho a la autodeterminación y los esfuerzos incesantes por borrar su presencia de sus tierras ancestrales.
A la luz de estos hallazgos, el informe pidió una acción inmediata para abordar la crisis humanitaria que se desarrolla en Gaza y otros territorios ocupados. Instó a la comunidad internacional a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluidas la prevención y el castigo del genocidio, y a responsabilizar a los responsables de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos.
En última instancia, el informe sirvió como un recordatorio contundente del costo humano de la agresión israelí y de la urgente necesidad de una resolución justa y duradera que respete los derechos y la dignidad de todas las partes involucradas.
El informe detalló meticulosamente las terribles consecuencias de las operaciones militares de Israel en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, revelando un sombrío panorama de devastación generalizada y pérdida de vidas que podría constituir actos genocidas. Con más de 30,000 palestinos muertos, incluidos un número alarmante de niños inocentes, y miles más desaparecidos o presumiblemente muertos, la magnitud de la tragedia era incomprensible. El ataque deliberado contra la infraestructura civil y las áreas densamente pobladas resultó en un sufrimiento y pérdida inimaginables, con barrios enteros reducidos a escombros y los servicios esenciales paralizados.
Además, el informe destacó el maltrato sistemático, la tortura y el asesinato de palestinos, incluyendo la detención arbitraria y la negación de atención médica, pintando un inquietante cuadro de daño deliberado infligido a la población civil. El bloqueo de Gaza por parte de Israel, sumado a la destrucción de infraestructura vital como hospitales, escuelas y plantas de tratamiento de agua, había agravado una situación humanitaria ya desesperada, empujando a la población al borde de la hambruna y la enfermedad.
Al privar sistemáticamente a los palestinos de los medios para sostener la vida y someterlos a una violencia y privación incesantes, las acciones de Israel parecían alinearse con los criterios establecidos en el derecho internacional para el genocidio, lo que planteaba profundas preguntas morales y legales sobre la rendición de cuentas y la justicia frente a tales atrocidades graves.
En la intrincada red de conflicto que envolvía a Gaza, las pruebas expuestas pintaban un retrato escalofriante de atrocidades genocidas perpetradas por Israel, proyectando una sombra tanto sobre los perpetradores individuales como sobre el aparato estatal. El ataque deliberado y sistemático contra civiles, incluidos los sectores más vulnerables de la sociedad, como mujeres y niños, a través de bombardeos constantes y tácticas de asedio draconianas, revelaba un patrón perturbador de brutalidad calculada.
El elevado número de bajas, la inflicción intencional de traumas físicos y psicológicos, y la imposición sistemática de condiciones de vida amenazantes apuntaban colectivamente a una intención siniestra de erradicar al grupo objetivo en parte o en su totalidad. Además, la retórica venenosa de altos funcionarios israelíes, que buscaba deshumanizar y vilipendiar a los palestinos, actuó como catalizador de incitación al genocidio, dejando al descubierto la bancarrota moral en el corazón del conflicto.
Más allá del campo de batalla, la manipulación y distorsión del derecho humanitario internacional para justificar la violencia indiscriminada, junto con el uso insensible de civiles como escudos humanos, marcó una clara desviación de los principios de humanidad y compasión que sustentan la sociedad civilizada. Esta perversión de la justicia y la decadencia moral subrayaron la urgente necesidad de escrutinio internacional y rendición de cuentas, para que el espectro del genocidio no continúe acechando la atribulada tierra de Gaza, dejando tras de sí una estela de devastación y desesperación.
Las acciones de Israel fueron encapsuladas por su intento de justificar ataques indiscriminados a través de la manipulación de conceptos legales como "daño colateral proporcional". Habían borrado la línea entre objetos civiles y objetivos militares, aboliendo esencialmente la distinción. Áreas residenciales enteras en el norte de Gaza habían sido destruidas, con barrios en el sur de Gaza también bajo bombardeo. Israel había ampliado la definición de lo que constituía objetivos legítimos para incluir cualquier cosa que pudiera ser utilizada militarmente, permitiendo la destrucción de barrios enteros bajo el disfraz de la legalidad.
Su estrategia se basaba en cometer probables crímenes de guerra, enmarcándolos como adherencia al derecho humanitario internacional. Esta premisa estratégica infería razonablemente una intención genocida, ya que el asesinato indiscriminado en masa se convirtió en una estrategia militar. La interpretación israelí del derecho internacional humanitario buscaba proporcionar cobertura legal para los ataques indiscriminados al ampliar el alcance de lo que podía considerarse "daño civil incidental."
Sin embargo, todos los ataques a torres residenciales, realizados sin advertencias, preveían amplios daños civiles como el principal resultado. La muerte o lesión previsible de todos los civiles que residían allí era evidente, como lo demostraron las afirmaciones del personal militar israelí de que el objetivo era un comandante de Hamás en una base subterránea.
Para que una evaluación de proporcionalidad sea legal, primero debe respetarse el principio de distinción; de lo contrario, el daño civil anticipado en un ataque deja de ser incidental, es decir, una consecuencia no intencionada del propio ataque. Aunque tanto los ataques indiscriminados como los desproporcionados parecieron haber sido cometidos de manera sistemática y repetida a lo largo de la reciente campaña de Israel, la clasificación constante por parte de Israel de tales acciones como legales sugiere que operaba bajo una política que condonaba las matanzas masivas.
El texto discutió la implementación por parte de Israel de órdenes de evacuación y el establecimiento de zonas seguras en Gaza, supuestamente para proteger a los civiles durante los conflictos. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por causar pánico, desplazamiento forzado y muertes masivas, en lugar de garantizar la seguridad. La orden de evacuación masiva de Israel para que los palestinos en el norte de Gaza se trasladaran a las "zonas seguras" designadas en el sur resultó en caos e incrementó las bajas debido a las intensas campañas de bombardeo. Además, la clasificación por parte de Israel de aquellos que permanecieron en el norte de Gaza como "escudos humanos" o "cómplices" del terrorismo puso en mayor peligro a los civiles.
El texto resaltó cómo las áreas seguras designadas se convirtieron en objetivos de ataques israelíes, con un porcentaje significativo de bombas desplegadas en estas supuestas zonas seguras. El ataque indiscriminado contra evacuados y residentes en áreas seguras resultó en un número sustancial de víctimas. Además, la creación de corredores humanitarios por parte de Israel para fines de evacuación se transformó en "corredores de la muerte" debido al bombardeo sistemático y la focalización de las fuerzas israelíes.
Asimismo, altos funcionarios israelíes discutieron abiertamente planes para una transferencia étnica o expulsión de palestinos de Gaza, lo que indica una posible agenda de limpieza étnica. Esto, sumado a la destrucción deliberada de la infraestructura sanitaria de Gaza y la clasificación de hospitales como objetivos militares, sugiere una intención genocida detrás de las acciones de Israel.
En resumen, la implementación de órdenes de evacuación y zonas seguras en Gaza por parte de Israel ha sido criticada por exacerbar la violencia y poner en peligro a los civiles.
Diálogo interactivo
En su apasionado discurso durante el diálogo interactivo sobre los territorios palestinos ocupados, la Sra. Francesca Albanese, como Relatora Especial sobre el territorio palestino ocupado, ofreció una profunda síntesis que encapsulaba las desgarradoras realidades vividas por el pueblo palestino, en particular en Gaza. Iniciando su intervención con un solemne reconocimiento de la gravedad de su rol, subrayó el peso de presentar su cuarto informe en medio de casi seis meses de un implacable asalto israelí en Gaza, caracterizándolo como "la anatomía de un genocidio". Esta declaración marcó el tono de su exposición, destacando las múltiples capas de sufrimiento e injusticia que padecen los palestinos, y señalando una historia llena de deshumanización sistemática, despojo y políticas de apartheid impuestas sobre ellos.
Refiriéndose al contexto histórico, la Sra. Albanese explicó la naturaleza insidiosa del genocidio, describiéndolo no como un evento singular, sino como un proceso siniestro que comienza con la deshumanización de un grupo y culmina con su destrucción total. Con prosa elocuente, lamentó la situación de los palestinos, cuya identidad como pueblo ha sido constantemente socavada y marginada, convirtiéndolos en "huérfanos de una patria", como lo expresó conmovedoramente Edward Said. A través de una exposición meticulosa, delineó el complejo marco legal en torno al genocidio en el derecho internacional, reconociendo los arduos desafíos para demostrar la intención genocida, pero afirmando vehementemente la necesidad de confrontar y castigar tales atrocidades cuando son evidentemente claras.
Pasando del discurso legal a la cruel realidad, la Sra. Albanese se adentró en la catastrófica crisis humanitaria que azota Gaza, describiendo las graves consecuencias de la agresión israelí. Con profunda tristeza, relató el devastador impacto del asalto en las vidas palestinas, incluyendo la muerte de miles, las mutilaciones de decenas de miles y el ataque dirigido a profesionales esenciales para el bienestar de la comunidad. Además, explicó las políticas deliberadas de bloqueo y las restricciones impuestas por Israel, que agravan la inseguridad alimentaria y someten a la población al hambre y la desesperación. A través de imágenes vívidas, pintó un sombrío panorama de una sociedad gazatí asediada por la privación y la desesperación, cuya resiliencia ha sido puesta a prueba hasta el límite bajo el peso de la opresión israelí.
El discurso de la Sra. Albanese no solo narraba estadísticas y definiciones legales; daba testimonio del sufrimiento humano provocado por la agresión israelí. Habló de las luchas diarias que enfrentan los gazatíes, las indignidades que sufren y el trauma infligido a civiles inocentes, todo en nombre de agendas geopolíticas y supremacía étnica. Recordó relatos escalofriantes de soldados israelíes que se jactaban de matar familias, la destrucción indiscriminada de hogares e infraestructura, y la profanación de sitios sagrados, subrayando la bancarrota moral inherente en tales acciones.
El delegado de Palestina expresó profunda preocupación y se adentró en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), criticando su tardía publicación, un día antes de la sesión. Dio la bienvenida a los numerosos puntos destacados de información y pruebas que señalaban la perpetración del crimen de genocidio por parte de las fuerzas ocupantes. El informe proporcionaba un contexto histórico, centrado principalmente en el proyecto colonial de asentamientos en Palestina durante la creación de Israel como estado judío. Se documentaba el desplazamiento y los intentos de borrar la identidad del pueblo original no judío de Palestina desde principios del siglo XX.
Se hicieron referencias específicas a declaraciones de figuras como Joseph Feitz en 1940, quien subrayaba el carácter excluyente del proyecto de asentamientos al afirmar: "No hay lugar para dos pueblos en esta tierra. La única y definitiva solución es una Palestina sin árabes". El informe también destacaba las políticas de limpieza étnica en 1947 y 1948, que implicaron la destrucción de 500 aldeas y ciudades palestinas, así como el asesinato de decenas de miles de palestinos y la perpetración de actos bárbaros de violencia, incluyendo violaciones y abusos.
Además, se acusó a las fuerzas ocupantes de llevar a cabo políticas continuas de discriminación, racismo y violaciones de leyes y normas internacionales. Estas incluían asesinatos, abusos, robos, la construcción de asentamientos ilegales y la destrucción de infraestructuras, árboles, mezquitas y otras instalaciones vitales. El delegado condenó las agresiones continuas contra Gaza, que ha estado bajo asedio durante 18 años, incluyendo la reciente agresión, descrita como la sexta contra Gaza, que resultó en numerosas bajas civiles, incluidas miles de mujeres y niños.
El delegado resaltó la declaración hecha por el ministro de guerra israelí el 9 de octubre, que indicaba una intención de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad al prohibir el suministro de bienes esenciales a Gaza y deshumanizar al pueblo palestino. Esto, combinado con la negativa a cumplir con decisiones internacionales, incluyendo la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para prevenir el genocidio y las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, subrayaba la necesidad de implementar medidas prácticas para prevenir más atrocidades.
En su conclusión, se destacó la importancia de implementar las recomendaciones del informe de la Relatora Especial y tomar medidas prácticas para responsabilizar a Israel, incluyendo el boicot comercial y político a Israel y la prevención de la exportación de armas al agresor.
El Comisionado General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Palestina expresó su preocupación por las graves violaciones cometidas por las fuerzas israelíes en Gaza, incluyendo ataques sistemáticos destinados a hacer la región inhabitable. Se condenaron las políticas de castigo colectivo de Israel, como el bloqueo y el ataque indiscriminado a civiles. Se instó a Israel a cumplir con sus responsabilidades como potencia ocupante, garantizando la protección y el bienestar de la población civil. Al mismo tiempo, se destacó la importancia de proporcionar asistencia humanitaria urgente a Gaza. Además, se emitieron advertencias sobre los peligros de cualquier operación militar en Rafah, y se rechazaron los intentos de desplazamiento forzado de palestinos de su tierra, subrayando que tales acciones constituyen graves violaciones del derecho internacional y de los principios humanitarios.
El delegado de Pakistán pronunció una declaración oral en nombre de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). Reafirmaron su apoyo al mandato de la Relatora Especial y expresaron una grave preocupación por los intentos de silenciar las discusiones sobre la urgente situación de derechos humanos en la Palestina ocupada. El representante elogió el valor de la Relatora Especial al documentar la agresión continua de Israel y los actos que equivalen a genocidio en Gaza, destacando las distorsiones del derecho internacional utilizadas por el régimen de ocupación para justificar sus acciones. Rechazaron los esfuerzos por deshumanizar a la población civil de Gaza como "daños colaterales" y enfatizaron que el proyecto de colonización de Israel ha quedado plenamente expuesto. Pakistán, en nombre de la OCI, subrayó la necesidad de rendición de cuentas, exigiendo la plena implementación de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia para prevenir actos que constituyan genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Hicieron un llamado a un embargo de armas y sanciones económicas contra Israel por no cumplir con las órdenes de la corte, y enfatizaron que una postura de no intervención ya no es viable.
El representante de Yemen expresó su apoyo a las declaraciones realizadas por los grupos regionales y extendió su gratitud a la Relatora Especial por su actualización sobre la grave situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, con un enfoque particular en Gaza. La agresión israelí contra Gaza fue condenada enérgicamente, y se hizo un llamado para garantizar el acceso de la Relatora Especial y del Comité Permanente de Investigación para llevar a cabo una investigación imparcial sobre las violaciones del derecho internacional y los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación israelíes, específicamente en relación con el "genocidio" en Gaza. Además, se condenaron los esfuerzos de la autoridad ocupante israelí para deslegitimar el sistema de Naciones Unidas y sus expertos, incluyendo a la Relatora Especial, el Comité Permanente de Investigación y la UNRWA, con el fin de socavar la causa palestina. Se exigió la cesación inmediata de la guerra israelí en Gaza y Cisjordania, junto con la afirmación de los derechos del pueblo palestino para establecer su estado independiente con Jerusalén Oriental como capital, dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967.
El delegado de Jordania expresó su reconocimiento por el informe de la Relatora Especial y subrayó la urgente necesidad de rendir cuentas. Respaldó las recomendaciones de la Relatora Especial y acogió con satisfacción la Resolución 2728 del Consejo de Seguridad, que pedía un alto el fuego inmediato e instaba a Israel a cumplir con sus obligaciones. El delegado condenó enérgicamente la agresión sin precedentes contra civiles, destacando su contradicción con las normas internacionales y los principios humanitarios. Al enfatizar la necesidad de una investigación independiente y exhaustiva de todas las violaciones del derecho internacional, el delegado pidió la activación de los mecanismos establecidos por el Consejo. Reiteró la importancia de poner fin al conflicto, proteger a los civiles, facilitar la entrega de ayuda y buscar una solución justa de dos Estados para lograr una paz duradera.
El representante de Líbano destacó la necesidad crítica de rendir cuentas por las graves violaciones detalladas en el informe y expresó su total apoyo a las recomendaciones de la Relatora Especial. Además, dio la bienvenida a la Resolución 2728 del Consejo de Seguridad, que ordenaba un alto el fuego inmediato e instaba a Israel a cumplirla. La delegación condenó la agresión sin precedentes contra civiles, subrayando su clara violación de las normas internacionales y los principios humanitarios. También instaron a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre todas las infracciones del derecho internacional, haciendo hincapié en la activación de los mecanismos establecidos por el Consejo para este fin. En conclusión, reiteraron la urgente necesidad de detener el conflicto, proteger a los civiles, facilitar la entrega de ayuda humanitaria y buscar una paz justa y completa basada en la solución de dos Estados.
En su declaración, el representante de la República Islámica de Irán destacó los alarmantes hallazgos del informe de la Relatora Especial sobre Palestina, que revelaron las atrocidades en curso cometidas por las fuerzas de ocupación durante los últimos cinco meses. Refiriéndose a los 75 años de opresión que han sufrido los palestinos, Irán subrayó el sufrimiento inimaginable impuesto por las fuerzas de ocupación. Irán condenó las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el derecho internacional por parte de los ocupantes, enfatizando su búsqueda ilusoria de legitimidad a través de la continua represión. Irán afirmó con firmeza que un legado de 75 años de atrocidades nunca podría justificar la pretensión de los ocupantes de ser un vecino regional legítimo. Dirigiendo una pregunta a la Relatora Especial, Irán solicitó información sobre las medidas efectivas que la comunidad internacional podría tomar para asegurar el derecho de autodeterminación de los palestinos de manera pronta.
El representante de Irak condenó el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra reportados contra el pueblo palestino, subrayando la necesidad urgente de rendir cuentas por tales atrocidades. El representante enfatizó que la matanza despiadada de niños no puede justificarse y pidió un alto el fuego inmediato e incondicional para permitir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza sin demora. Además, destacó el papel vital de la UNRWA en la asistencia al pueblo palestino, mencionando la contribución de $25 millones de Irán para apoyar sus operaciones. También condenó todos los ataques a hospitales y refugios, así como la política de hambruna, afirmando que ignorar estos actos es una mancha en la humanidad. En conclusión, reiteró que la seguridad en la región depende de otorgar al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación y de establecer su estado independiente, con Jerusalén como su capital. Concluyó agradeciendo al Presidente por su atención.
En su intervención, el representante de Pakistán elogió la integridad profesional y la perseverancia en la documentación de las atrocidades cometidas contra los palestinos asediados. Pakistán se hizo eco de las preocupaciones planteadas por la Relatora Especial con respecto a los flagrantes crímenes y violaciones del derecho internacional en los territorios ocupados de Palestina (OPT) y la impunidad de la que disfrutan las fuerzas de ocupación. Destacó el preocupante compromiso de ciertos estados con el llamado "orden internacional basado en reglas," que ha permitido a Israel perpetuar su régimen de apartheid y cometer crímenes atroces sin rendir cuentas. Pakistán condenó las violaciones sistemáticas y continuas del derecho internacional por parte de las fuerzas de ocupación israelíes y los colonos extremistas en la Cisjordania ocupada, subrayando la necesidad urgente de un alto el fuego inmediato, la implementación de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, el acceso sin restricciones a los mecanismos de derechos humanos de la ONU, y una solución de dos Estados basada en las fronteras anteriores a 1967. Concluyó agradeciendo al Presidente por su atención.
El representante permanente de Siria destacó el contexto histórico del sufrimiento del pueblo palestino, que abarca más de siete décadas, marcadas por masacres y limpieza étnica desde la Nakba en 1948. Siria instó a todos los órganos de la ONU a no pasar por alto este contexto y pidió esfuerzos para responsabilizar a los perpetradores de estos crímenes y a sus partidarios. Además, Siria condenó enérgicamente la complicidad de ciertos países en contra de los derechos legítimos del pueblo palestino, en particular su derecho a la autodeterminación, rechazando las justificaciones propagadas por la entidad ocupante para ocultar sus crímenes y asegurar su continua impunidad.
El delegado de los Emiratos Árabes Unidos condenó vehementemente las acciones injustificables de Israel en Gaza, destacando la importancia de prevenir una mayor pérdida de vidas mientras se respetan las Convenciones de Ginebra y se evita una escalada en la región. Además, los EAU reiteraron su apoyo a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia para proteger a los civiles y detener cualquier incitación o actos de genocidio contra los palestinos en Gaza. Expresando su preocupación por la difícil situación del pueblo palestino, especialmente en lo que respecta a la inseguridad alimentaria en Gaza, los EAU se comprometieron a colaborar con entidades internacionales pertinentes para garantizar la entrega oportuna y sostenible de ayuda humanitaria sin obstáculos, incluyendo la activación del corredor humanitario marítimo. Finalmente, los EAU acogieron con satisfacción la adopción sin precedentes por parte del Consejo de Seguridad de una resolución que exige un alto el fuego inmediato durante el Ramadán.
El representante de Sudáfrica destacó las medidas provisionales recientes emitidas por la Corte Internacional de Justicia, instando a Israel a implementarlas. Sudáfrica apoyó las recomendaciones de la Relatora Especial, incluidas la imposición de un embargo de armas y otras medidas económicas y políticas para hacer cumplir el derecho internacional. Hizo un llamado urgente por un alto el fuego inmediato y completo en Gaza, así como por la liberación de rehenes. Además, Sudáfrica subrayó la necesidad de ampliar el acceso humanitario y de proporcionar una financiación adecuada para la UNRWA con el fin de atender las crecientes necesidades del pueblo palestino.
La delegación de Chile elogió el valiente trabajo de la Relatora Especial a pesar de las limitaciones para acceder a los territorios ocupados. Chile condenó el prolongado bloqueo de Gaza, que se ha intensificado desde el 7 de octubre de 2023, subrayando su impacto devastador sobre millones de personas y destacando las deficiencias del sistema de protección humanitaria. Denunció las operaciones militares que contravienen las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y urgió a la comunidad internacional a no escatimar esfuerzos para poner fin a la ocupación. Chile enfatizó la necesidad urgente de negociaciones directas entre Israel y Palestina, que conduzcan a un acuerdo de paz justo y definitivo en el marco de una solución de dos Estados, y pidió el reconocimiento internacional de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas.
En su discurso, la delegada de España destacó la grave crisis humanitaria en Gaza y enfatizó las constantes llamadas de España al cumplimiento del derecho internacional humanitario. España instó a adherirse a las medidas provisionales delineadas por la Corte Internacional de Justicia y respaldó la demanda del Consejo de Seguridad de la ONU para un cese al fuego inmediato. La representante reafirmó el apoyo inquebrantable de España a los esfuerzos humanitarios de la UNRWA y su compromiso de trabajar con la Autoridad Palestina por la paz. Además, abogó por la solución de dos Estados y propuso convocar una Conferencia Internacional de Paz.
El representante de la Unión Europea reconoció el informe de la Relatora Especial, subrayando la necesidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las alegaciones. Expresando su consternación por la significativa pérdida de vidas civiles y la grave situación humanitaria, la UE recordó las conclusiones del Consejo Europeo del 22 de marzo. Condenando a Hamas por sus ataques terroristas indiscriminados, la UE defendió el derecho de Israel a la autodefensa bajo el derecho internacional, pidiendo la liberación inmediata de todos los rehenes. Preocupada por la crisis humanitaria en Gaza, especialmente su impacto en los niños, instó a tomar medidas urgentes para prevenir un mayor desplazamiento y garantizar la protección de los civiles. La UE subrayó la naturaleza vinculante de la orden de la Corte Internacional de Justicia del 26 de enero de 2024, reiterando la necesidad de respetar los estándares legales internacionales. Los perpetradores de la violencia en Cisjordania y Jerusalén Este fueron condenados enérgicamente, haciendo un llamado a la rendición de cuentas. Con la reciente aprobación de la Resolución 2728 por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, la UE reiteró su firme compromiso con una paz duradera basada en la solución de dos Estados.
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales
Mientras el presidente presidía la sesión, representantes de diversas ONG presentaron sus puntos de vista sobre las hostilidades en curso en Israel y Gaza. Se encontraron en medio de tensiones sin precedentes, instando a todas las partes a ser responsables por sus acciones. Se criticó a los grupos armados no estatales palestinos y a Israel por mostrar un desprecio imprudente por los principios fundamentales del derecho internacional, incluyendo las normas básicas del derecho internacional humanitario. Las ONG enfatizaron la obligación de la comunidad internacional de garantizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio, proporcionando remedios efectivos a las víctimas. El incumplimiento de los derechos humanos socavaría los esfuerzos de ayuda, desafiando las misiones humanitarias. Instaron a la Relatora Especial y al Comisionado de Investigación a investigar e informar sobre las graves violaciones del derecho internacional cometidas en el territorio palestino ocupado y en Israel. Los procedimientos especiales, que reflejan normas y estándares internacionales, deberían recibir apoyo político y material por parte de los miembros del consejo. Las ONG preguntaron a la Relatora Especial sobre las medidas para alentar a todas las partes a cooperar con las investigaciones y aplicar los hallazgos.
Las intervenciones subsiguientes de las ONG reflejaron perspectivas divergentes sobre la situación. Las ONG pro-israelíes cuestionaron el enfoque de la Relatora Especial, criticando el enfoque de su informe y alegando sesgo. Enfatizaron los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre y acusaron a la Relatora Especial de minimizar su naturaleza antisemita. En contraste, las ONG pro-palestinas destacaron las atrocidades y crímenes de guerra de Israel contra civiles en Gaza, incluidos los niños, pidiendo acciones inmediatas para detener el genocidio. Instaron a la comunidad internacional a responsabilizar a Israel y cesar todas las operaciones militares en el territorio palestino ocupado. El discurso subrayó la complejidad de la situación y las profundas divisiones dentro del consejo respecto al conflicto israelo-palestino.
Observaciones finales
A medida que la Sra. Albanese se acercaba a su conclusión, su súplica apasionada por la acción resonó con un sentido de urgencia y determinación. Al pasar de un tono de lamento a uno de firme resolución, instó a la comunidad internacional a no solo reconocer la situación de los oprimidos, sino también a confrontar la dura realidad del genocidio que se desarrolla ante sus propios ojos. Con claridad y convicción, subrayó la imperiosa necesidad de tomar medidas decisivas en busca de la rendición de cuentas y la justicia. Apelando a los principios consagrados en el derecho internacional, la Sra. Albanese instó a los Estados miembros a ir más allá de la mera retórica y a tomar acciones concretas, como imponer sanciones y un embargo de armas a Israel. Al hacerlo, argumentó, la comunidad internacional podría desafiar la impunidad prevaleciente que ha perpetuado el ciclo de violencia y opresión en los territorios palestinos ocupados. En sus palabras de cierre, no dejó lugar a dudas, llamando a la conciencia de la humanidad a mantener una solidaridad inquebrantable con el pueblo palestino y a garantizar que las atrocidades presenciadas en Gaza no solo sean reconocidas, sino que nunca se repitan.
Posición de GICJ
Geneva International Centre for Justice (GICJ) hace un llamado a la acción inmediata contra las violaciones de Israel al derecho internacional, incluidas las leyes humanitarias y de derechos humanos. Urge encarecidamente el levantamiento inmediato del asedio a Gaza y la completa cesación de la ocupación del territorio palestino.
GICJ destaca la imposición deliberada de restricciones a la ayuda y las medidas de alivio como un castigo colectivo a los habitantes de Gaza, afectando desproporcionadamente a mujeres y niños. La organización enfatiza el papel crucial de todos los Estados y del Consejo de Derechos Humanos en presionar a Israel para que ponga fin a la ocupación y asegure la protección de los derechos humanos palestinos.
GICJ hace eco de la necesidad de responsabilizar a los perpetradores de crímenes internacionales para lograr justicia y subraya la responsabilidad colectiva de la comunidad internacional para poner fin a la crisis y prevenir más pérdidas de vidas. La organización hace un llamado a los Estados para que se abstengan de apoyar financieramente a Israel, especialmente a través de transferencias de armas, que violan el derecho internacional humanitario. Exige que el Consejo de Seguridad de la ONU supere el estancamiento político y adopte resoluciones vinculantes para salvaguardar efectivamente al pueblo palestino. El GICJ reitera la imperativa necesidad de que Israel detenga el genocidio, se retire de los territorios ocupados ilegalmente, desmantele el régimen de apartheid y reconozca la autodeterminación palestina.
