Translated by Gilma Villatoro / GICJ
Entendiendo la Demanda de la CIJ de Sudáfrica contra Israel por el Genocidio del Pueblo Palestino
Los días 11 y 12 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sostendra procedimientos para evaluar la reciente presentación de Sudáfrica ante el tribunal superior de las Naciones Unidas (ONU): una demanda que afirma que Israel ha cometido crímenes equivalentes a genocidio contra el pueblo Palestino. El gobierno Sudafricano presentó oficialmente la demanda el 29 de diciembre de 2023, solicitando “una audiencia acelerada para su solicitud de indicación de medidas provisionales” y que “la Corte debería ordenar a Israel que cese el asesinamiento y que deje de causar graves daños mentales y fisicos al pueblo palestino en Gaza, poner fin a la imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física como grupo, prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio y rescindir las políticas y prácticas conexas, incluidas las relativas a la restricción de la ayuda y la emisión de de directiva de evacuación.” [1]
Funcionarios y representantes legales de ambos países estarán presentes en La Haya para defender sus casos. Este informe describe las conclusiones clave de la demanda de 84 páginas de Sudáfrica, aborda las razones por las que el país presentó este caso ante la CIJ, los fundamentos sobre los cuales ha presentado su argumento y las soluciones que busca en nombre del pueblo de Palestina si el tribunal llega a una decisión a su favor.
Jurisdicción y Derecho Internacional Pertinente
El reclamo principal de Sudáfrica ante la CIJ es que las operaciones de Israel en Gaza violan varios artículos de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (‘Convención sobre Genocidio’ o ‘Convención’). En particular, la demanda cita lo siguiente:
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La falta de prevencion de genocidio en violación del artículo I;
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Cometer genocidio en violación del artículo III (a);
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Conspirar para cometer genocidio en violación del artículo III (b);
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Incitación directa y pública a cometer genocidio en violación del artículo III (c);
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Intentar cometer genocidio en violación del artículo III (d);
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Complicidad en genocidio en violación del artículo III (e);
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Fallar en castigar el genocidio, la conspiración para cometer genocidio, la incitación directa y pública al genocidio, la tentativa de genocidio y la complicidad en genocidio, en violación de los artículos I, III, IV y VI;
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Fallar en promulgar la legislación necesaria para dar efecto a las disposiciones de la Convención sobre Genocidio y establecer penas efectivas para las personas culpables de genocidio, conspiración para cometer genocidio, incitación al genocidio, intento de genocidio y complicidad en genocidio, en violación del artículo V; y
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Fallar al permitir y/o impedir directa o indirectamente la investigación por parte de organismos internacionales competentes o misiones de investigación de actos genocidas cometidos contra Palestinos en Gaza, incluidos aquellos Palestinos removidos por agentes o fuerzas del Estado Israelí a Israel, como obligación necesaria y corolaria de conformidad con a los artículos I, III, IV, V y VI. [2]
Dado que ambos países son signatarios de la Convención de Ginebra, Sudáfrica está en su derecho de presentar denuncias de violaciones de sus artículos ante los órganos legales internacionales pertinentes. En este caso ha optado por hacerlo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas. En resumen, la CIJ tiene la tarea de resolver disputas legales entre estados y dar opiniones consultivas sobre cuestiones legales que le remita la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU u otras agencias y órganos especializados de la ONU. En ocasiones como ésta, también puede hacerse cargo de casos presentados directamente por un Estado contra otro, siempre que ambas partes sean miembros de la ONU. Sudáfrica sostiene que la CIJ tiene jurisdicciónsobre este caso sobre la base del artículo 36, párrafo 1, del Estatuto de la Corte y el artículo IX de la Convención sobre Genocidio. El artículo IX de la Convención sobre Genocidio establece:
“Las controversias entre las Partes contratantes, relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente Convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las Partes en la controversia.” [3]
Cabe señalar que las decisiones del Tribunal son vinculantes para las partes involucradas, pero no pueden ser ejecutadas directamente por éste. No obstante, los fallos pueden llevarse al consejo de seguridad de la ONU en un intento por implementarlos. Independientemente de la aplicabilidad de sus decisiones, la CIJ es ampliamente reconocida como una institución importante. Sus sentencias tienen peso debido tanto a su existencia como foro venerado para la solución pacífica de disputas internacionales como a su condición de símbolo de justicia en el orden global actual.
El Argumento de Sudáfrica
Los juristas detrás de la demanda comienzan la parte sustantiva del caso con un resumen de los hechos. En primer lugar, proporcionan el contexto detrás del conflicto, rastreando ampliamente la larga historia de ocupación que el pueblo Palestino ha sufrido a manos de las autoridades Israelíes. A partir de décadas de investigaciones, informes, declaraciones y resoluciones oficiales de la ONU, resaltan las terribles condiciones en las que han vivido generaciones de Palestinos: obligados a abandonar sus hogares a medida que las fuerzas Israelíes se apoderaban cada vez más de su territorio, prohibidos de acceder a los mismos derechos a la educación, al trabajo y atención médica que la población Judía, y víctimas de un sistema de discriminación legalmente consagrado que los relega a una ciudadanía de segunda clase. En esencia, Sudáfrica sostiene que se trata de un sistema de apartheid ('apartamiento, separación'). Los abogados sudafricanos también documentan las miles de víctimas que los civiles Palestinos –especialmente mujeres y niños– han sufrido a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel mucho antes de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023.
Una vez establecido este contexto, la demanda centra su atención en las condiciones que se han desarrollado desde el 7 de octubre de 2023. Sudáfrica es clara al condenar inequívocamente los ataques de Hamas ese día, especificando que cualquier violencia de este tipo dirigida contra civiles es inaceptable, tanto en términos de el asesinato de más de 1.200 Israelíes y la captura de otros 240 como rehenes. Su principal argumento es que la respuesta militar Israelí que siguió fue desproporcionada en escala y ha atacado indiscriminada e injustamente a civiles Palestinos. La aniquilación no sólo de más de 22.000 vidas, sino también de la forma misma de ser de los Palestinos para las generaciones venideras, es el crimen que, según Sudáfrica, equivale a genocidio.
Para que la campaña militar en curso en Gaza sea reconocida como genocida, el caso Sudafricano pretende establecer que se llevó a cabo de tal manera que provocó la destrucción total del pueblo Palestino. Con ese fin, se presentan ocho condiciones que apuntan a la conclusión de un genocidio: 1) la matanza de Palestinos en Gaza en grandes cantidades; 2) la imposición de graves daños fisicos y mentales a los Palestinos en Gaza, incluidos los niños; 3) expulsiones de hogares y desplazamientos masivos, junto con la destrucción a gran escala de viviendas y zonas residenciales; 4) privación de acceso a alimentos y agua adecuados; 5) privación de acceso a atención médica adecuada; 6) privación de acceso a vivienda, ropa, higiene y saneamiento adecuados; 7) la destrucción de la vida del pueblo Palestino en Gaza; e 8) imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos de Palestinos. [4]
Para fundamentar estas afirmaciones se proporciona amplia evidencia, basada principalmente en informes especiales de la ONU e investigaciones sobre el conflicto, junto con declaraciones de importantes ONG internacionales presentes en Gaza. La demanda aborda con gran detalle la destrucción de miles de familias palestinas y sus hogares, así como de instituciones clave para el funcionamiento de la vida palestina. Entre otros, se incluyen escuelas, hospitales, instalaciones médicas, sitios culturales y religiosos y diversos órganos de gobierno. La demanda también pone un énfasis significativo en el daño causado a miles de niños palestinos, cuyas vidas han sido acabadas o completamente desarraigadas a manos de las fuerzas israelíes. Según el Director Ejecutivo del Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia (UNICEF), Gaza es “el lugar más peligroso del mundo para ser niño”.[5] Dada la magnitud de la matanza, cualquier intento de reconstruir el tejido de la vida civil en la región llevará generaciones, una tarea que lamentablemente quedará en manos de los niños palestinos que ahora están marcados, mental y físicamente, por este conflicto.
Un elemento central del argumento presentado es que las acciones de las fuerzas militares Israelíes constituyen un castigo colectivo contra el pueblo Palestino. Sudáfrica cita que la gran mayoría de las víctimas que han ocurrido no son militantes de Hamas, sino abrumadoramente civiles Palestinos. La demanda identifica que, en un informe de una misión de investigación realizada en Gaza en 2009, funcionarios de la ONU determinaron que las acciones del ejército Israelí en ese momento no distinguieron repetidamente entre combatientes y civiles, lo cual está prohibido por el derecho internacional humanitario. [6] Sudáfrica sostiene que lo que está ocurriendo hoy es un caso aún más atroz de esta violación.
De hecho, los juristas Sudafricanos afirman que las recientes declaraciones de altos políticos y líderes militares Israelíes indican una intención punitiva clara y demostrable hacia el pueblo Palestino en su conjunto. Tomemos, por ejemplo, la siguiente declaración del presidente Israelí Isaac Herzog en relación con los Palestinos en Gaza, de los cuales más de un millón son niños:
“Es toda la nación entera la responsable. No es cierta esa retórica acerca de que los civiles no son conscientes [y] no están involucrados. Es absolutamente falso… y lucharemos hasta romperles la columna vertebral.” [7]
En otra declaración alarmante, el Ministro de Defensa Israelí, Yoav Gallant, anunció que Israel “impondría un asedio completo a Gaza. Sin electricidad, sin comida, sin agua, sin combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”. Continuó afirmando que Israel había “eliminado todas las restricciones” a sus fuerzas y que “Gaza no volverá a ser lo que era antes”. Lo eliminaremos todo. Si no es necesario un día, será necesaria una semana. Nos llevará semanas o incluso meses, pero llegaremos a todos los lugares”. [8].
Tomando todos estos elementos en conjunto – el número de victimas mortales, la escala de la destrucción y la aparente intención genocida de los altos funcionarios de su gobierno – Sudáfrica sostiene que Israel ha satisfacido las condiciones necesarias para que la CIJ llegue a la conclusión de que es culpable de cometer genocidio en Gaza. En los próximos días, el tribunal superior de la ONU evaluará cuidadosamente estas afirmaciones, así como la defensa legal de Israel contra ellas.
El Alivio Buscado
Al concluir su demanda, Sudáfrica solicita que la CIJ falle y declare que el Estado de Israel ha violado y continúa violando sus obligaciones bajo la Convención de Ginebra. En su petición de medidas provisionales urgentes, busca que la Corte llame a Israel a cesar inmediatamente su ataque militar en Gaza en la medida en que contribuye al genocidio del pueblo Palestino. Sudáfrica también solicita que la CIJ exija Israel asegure las “garantías de no repetir las violaciones de la Convención sobre el Genocidio, en particular las obligaciones previstas en los artículos I, III (a), III (b), III (c), III (d), III (e), IV, V y VI”. [9]
Qué Esperar de las Próximas Etapas
Sudáfrica e Israel defenderán sus casos en La Haya los días 11 y 12 de enero de 2024. La CIJ suele tardar entre una y dos semanas en emitir una decisión sobre medidas de emergencia como ésta, aunque no está claro cuánto tiempo durará este caso en particular en ser juzgado. Si bien cualquier fallo que emita no puede ser ejecutado en última instancia, un veredicto contra Israel sería un avance significativo en esta situación, infligiendo un daño sustancial a la reputación del país y posiblemente provocando una reevaluación de su enfoque militar en respuesta a la condena internacional generalizada. El personal de GICJ estará presente en La Haya para las audiencias e informará sobre los avances importantes relacionados con el caso a medida que se produzcan.
El Centro Internacional de Justicia de Ginebra (GICJ) ha documentado minuciosamente durante años el sufrimiento del pueblo Palestino a manos de la potencia ocupante que es Israel, y ha señalado repetidamente las violaciones de derechos humanos en la región a la atención de los órganos de derechos humanos de la ONU, en en particular el Consejo de Derechos Humanos. GICJ apoya el uso de órganos internacionales de justicia como la CIJ para buscar el fin de la impunidad de los perpetradores de crímenes internacionales. Continúa destacando la importancia de aplicar esos mecanismos de reparación para reconocer las dificultades que enfrenta el pueblo Palestino en su búsqueda de que se reconozca su difícil situación. GICJ denuncia actos cometidos contra civiles en Gaza y urge a la comunidad global a explorar más soluciones legales y diplomáticas al conflicto.
