Por Sasha Granelli / GICJ

Traducido por Isabel García Aguilar / GICJ

Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, las mujeres y niñas han visto cómo sus derechos y libertades se han reducido drásticamente. Estas violaciones llegaron a un punto de no retorno el 20 de diciembre de 2022.

El ministro talibán de Enseñanza Superior envió una carta a todas las universidades en la que se tomaba la decisión de vetar el acceso a las mujeres acceder a la educación superior de manera indefinida, lo que refuerza la exclusión de las mujeres y niñas de la sociedad afgana, que ya había comenzado con la prohibición del acceso de las niñas a la educación secundaria.

Asimismo, algunas mujeres que ocupaban un puesto de trabajo en el gobierno han sido expulsadas de este o están recibiendo un salario reducido para quedarse en sus hogares. Debido a la presión que viven actualmente las mujeres, muchas periodistas han dejado sus trabajos o han abandonado el país, se han cerrado muchos medios de comunicación y se han encarcelado a periodistas.

De manera parecida, muchas organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales han tenido que suspender sus programas en Afganistán porque el ministro afgano de Economía ordenó que todas las ONG dejasen de trabajar con mujeres a riesgo de ver suspendidas sus licencias para operar.

El ministro afirmó haber tomado dicha decisión tras haber recibido quejas de que las mujeres que estaban trabajando allí no llevaban puesto hiyab (en Afganistán, las mujeres deben llevar cubierto la cara y todo el cuerpo).

Ya que la participación de las mujeres es fundamental, será muy difícil que muchas ONG continúen proporcionando ayuda humanitaria independiente y equitativa si las autoridades no anulan esta decisión; lo que podría tener un efecto devastador en una economía afgana ya debilitada. Según la ONU, más de la mitad de los 38 millones de personas que viven en el país necesitan ayuda humanitaria durante el invierno.

A pesar de su prometida flexibilidad, los talibanes siguen multiplicando las medidas liberticidas, especialmente aquellas contra las mujeres, quienes han sido excluidas de la vida pública, la educación secundaria y, ahora, las universidades. Estas acciones separan todavía más al país de la comunidad internacional, que continúa condenando estas terribles violaciones.

Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena este retroceso de los derechos de las mujeres y niñas. Pedimos a la comunidad internacional que reaccione a dichas violaciones y las condene con vehemencia. La comunidad internacional debe tomar medidas efectivas para presionar a la autoridad de facto para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y conceder a mujeres y hombres el mismo acceso a sus derechos de manera justa e igualitaria.

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