Por Juanita Beltrán / GICJ

Traducido por Isabel García Aguilar / GICJ

“Necesitamos asegurarnos de que la búsqueda y el salvamento esten permitidos, necesitamos asegurarnos de que el derecho a buscar asilo existe” (Seán Binder, buceador de rescate y voluntario con formación en salvamento marítimo).

En Grecia, 24 trabajadores humanitarios y voluntarios que se dedicaban a rescatar migrantes de la isla de Lesbos fueron investigados y encausados por presunta trata de personas, blanqueo de dinero y fraude. Espionaje, acceso ilegal a las comunicaciones estatales, contrabando y cooperación para la realización de actividades delictivas son otros de los cargos a los que se enfrentaba el grupo de rescate.

Emergency Response Centre International (ERCI), una ONG dedicada a la búsqueda y salvamento en Lesbos, estuvo ayudando en esta ciudad durante el momento álgido de la crisis de refugiados entre 2016 y 2018, cuando numerosos solicitantes de asilo llegaban cada día a las orillas de Lesbos. El grupo de voluntarios (17 extranjeros y siete griegos) afiliados con ERCI se enfrentaban a una pena de ocho años de prisión.

Elizabeth  Throssell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación sobre dicho juicio antes de su resolución el 13 de enero de 2023. Throssell declaró que este tipo de juicios criminalizan el trabajo de salvar vidas y establecen un peligroso precedente contra el trabajo de los defensores de derechos humanos y las organizaciones humanitarias en Grecia y otros países de la Unión Europea.

Uno de los trabajadores humanitarios condenados es Sarah Mardini, refugiada, nadadora y hermana de una de las integrantes del equipo de natación de refugiados en los Juegos Olímpicos de 2016 y 2021. Tanto Sarah Mardini como Sean Binder, buceador y también condenado, pasaron tres meses en la cárcel de Lesbos por delitos en los que se incluían espionaje, uso ilegal de frecuencias de radio y fraude. Todavía se les está juzgando por otros cargos, entre los que se incluyen ciertos delitos graves y tráfico de personas.

Sin embargo, se han admitido en el juicio las objeciones de los abogados de la defensa en las que se argumentaban que había fallos en el proceso, como el hecho de que los escritos de acusación no se hubiesen traducido para los encausados extranjeros y que los cargos por espionaje fuesen poco concretos (1). Por lo tanto, el caso se ha archivado.

Este proceso es un claro ejemplo de cómo la búsqueda y salvamento de migrantes puede poner en riesgo las vidas de multitud de migrantes que también están buscando un futuro mejor. Con la criminalización del trabajo de los rescatistas, los estados pretenden ilegitimar los derechos humanos, sobre todo, los de los migrantes y refugiados de todo el mundo. El número de salvadores que temen continuar con su trabajo debido a los cargos contra el grupo de voluntarios no para de aumentar.

Los estados deberían trabajar mano a mano con los defensores de los derechos humanos y los salvadores para poder superar la crisis de migrantes y refugiados.

Geneva International Centre for Justice (GICJ) acoge la decisión de archivar el caso tomada por el tribunal griego. Aunque solo sea un pequeño paso, es un avance en favor de la justicia para todos los migrantes y refugiados. Sin embargo, condena las violaciones de los derechos humanos contra el derecho a buscar asilo y, de manera general, contra los derechos de los migrantes. Insta a los estados a que conciencien y desmonten los prejuicios contra los migrantes y sus contribuciones en la sociedad. Además, urge a Grecia que pare de oponerse a las personas que luchan por los derechos humanos y que son solidarias con los migrantes. Recomienda asimismo ofrecer trabajos que sean legales y seguros a los rescatadores de migrantes.

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