Revisando el estatus del genocidio ruaingás: Evolución en la Corte Internacional de Justicia entre Gambia y Myanmar

Introducción

Han pasado cinco arduos años desde la embestida de Myanmar contra los ruaingás. El ejército de Myanmar ha ejecutado ataques planificados que han dado lugar a la matanza generalizada y selectiva de civiles ruaingás. El problema ruaingás tiene una larga y complicada historia que se ha visto agravada por factores como el número de personas implicadas, la frecuencia de los últimos acontecimientos, la gravedad de las violaciones humanitarias, la presencia de Estados vecinos en lucha y la reticencia del gobierno de Myanmar a ofrecer reparación. Estas luchas se remontan a 1948, cuando el país se independizó de los británicos. Se produjeron violentos conflictos étnicos entre el gobierno de Myanmar y los ruaingás. En 1982, el gobierno promulgó la Ley de Ciudadanía (Ley de Ciudadanía de Myanmar), que no reconoce a los ruaingás como ciudadanos, por lo que no gozan de la protección de las leyes contra la discriminación. Desde entonces, las tensiones y atrocidades se han intensificado en el país. En la década de 1990, más de 300.000 ruaingás llegaron a Bangladesh. En 2012 y 2015, los continuos conflictos violentos en el estado de Rakhine provocaron el desplazamiento de más ruaingás. En octubre de 2016, tras un ataque contra agentes de la policía fronteriza de Myanmar, los militares iniciaron una represión contra los ruaingás, considerándolos responsables de la insurrección. Como consecuencia, unos 87.000 ruaingás buscaron refugio en Bangladesh. La operación militar más reciente comenzó a altas horas de la noche del 24 de agosto de 2017, después de que militantes ruaingás armados asaltaran los puestos de control militares en Rakhine. Según los informes, los militares atacaron con violencia sexual sistemática, saqueando, quemando y destruyendo comunidades enteras [1]. En respuesta a este genocidio y limpieza étnica, aproximadamente 700.000 ruaingás han huido del estado de Rakhine al país vecino de Bangladesh en busca de protección [2].

En febrero de 2021, el general Min Aung Hiang, comandante de la junta militar de Myanmar, dio un golpe de Estado en el que detuvo a destacados miembros del gobierno elegido democráticamente, incluida la líder de facto Aung San Suu Kyi, y obligó a exiliarse a miembros del partido político gobernante, la Liga Nacional para la Democracia. Tras el golpe, se produjeron varias protestas y movimientos de resistencia, sobre todo en la capital, Naypyidaw, que desembocaron en un estado de excepción de un año de duración. Ocasionando una "insurgencia persistente" en el país [3]. La dictadura militar ha empleado la tortura, el encarcelamiento ilegal y la intimidación. Mientras los disparos, las explosiones y las sirenas se han convertido en la alarma que despierta a los habitantes de Myanmar, la impunidad se ha convertido en la norma [4]. La mayoría de los manifestantes han sido jóvenes que han utilizado la tecnología para organizar huelgas y protestas a pesar del limitado acceso a Internet. Además, el golpe de Estado ha aumentado el nivel de vida, y muchos individuos

El 22 de julio de 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el más alto tribunal de las Naciones Unidas (ONU), rechazó las objeciones preliminares de Myanmar al caso de genocidio contra las minorías ruaingás, predominantemente musulmanas, en el estado de Rakhine [6]. El fallo allana el camino para que la demanda de Gambia contra Myanmar prosiga ante la CIJ por los crímenes de genocidio cometidos contra los ruaingás [7]. En un resultado nada sorprendente de quince votos contra uno, los jueces del máximo tribunal de la ONU determinaron que tenía jurisdicción, según lo dispuesto en la Convención sobre el Genocidio, para examinar el proceso iniciado por Gambia en 2019 contra Myanmar.

Teniendo esto en cuenta, este artículo considerará brevemente y explorará aspectos del caso con un enfoque significativo en los desarrollos y fallos en la CIJ, las supuestas quejas contra Myanmar, las objeciones preliminares y las medidas provisionales. Además, explicará el principio de "erga omnes" según el derecho internacional y las conclusiones relativas al caso.

Repaso de la cronología

El caso de Gambia contra Myanmar comenzó el 11 de noviembre de 2019 [8]. En él, Gambia (“La República de Gambia”) inició un procedimiento judicial contra Myanmar ("República Unión de Myanmar") por el supuesto incumplimiento por parte de este último país de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (en adelante se refiere a "la Convención “) [9].

Estos procedimientos siguen a una serie de atrocidades insondables en las que la nación sudoriental de Myanmar fue condenada mundialmente por limpieza étnica y genocidio contra el grupo minoritario ruaingás en el estado. Los ruaingás son una minoría étnica musulmana que reside principalmente en Myanmar, antes conocida como Birmania [10]. Son originarios de la costa suroccidental de Myanmar, en el estado de Rakhine, y coexisten con los budistas. Sin embargo, esta cohabitación ha estado a menudo plagada de tensiones étnicas [11]. Esto ha provocado la persecución de los ruaingás, una tendencia recurrente con graves víctimas. El detonante que precipitó la salida significativa de los ruaingás de Myanmar a Bangladesh se produjo en 2017 en las a menudo denominadas "operaciones de limpieza". El conflicto se ve amplificado por las dificultades económicas, la desigualdad social y las barreras lingüísticas. El gobierno de Myanmar se ha negado reiteradamente a conceder la ciudadanía a los ruaingás a pesar de la importante presencia de comunidades ruaingás en el país desde hace años, un país budista predominantemente nacionalista. Desde la década de 1970, un gran número de ruaingás se ha desplazado por la región. Se calcula que 1,3 millones de ruaingás residían en el país antes de la crisis de 2017 [12]. Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre los ruaingás, actualmente hay más de 943.000 refugiados ruaingás en Bangladesh, siendo los campos de refugiados de Kutupalong y Nayapara, en la región bangladesí de Cox's Bazar, los más densamente poblados [13].

En la 51ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada del 12 de septiembre al 7 de octubre de 2022, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas Andrews, presentó una actualización oral en la sesión del 21 de septiembre de 2022. El Relator Especial señaló que "las condiciones sobre el terreno han ido de mal en peor hasta llegar a ser horribles". En particular, el Relator Especial se centró en las violaciones de los derechos de los niños, la existencia de minas terrestres y el aumento de la crisis alimentaria. El Relator Especial pide a la comunidad internacional que "reevalúe la forma en que no está reaccionando". Asimismo, el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar (MII) presentó un resumen de su 4º informe anual A/HRC/51/4 el 22 de septiembre de 2022, de acuerdo con su mandato, y se centra en las acciones llevadas a cabo por el mecanismo entre el 16 de junio de 2021 y el 30 de junio de 2022 [14]. La IIM posee una autoridad total que sigue de forma similar la misión cesada de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar (IIFFMM), encargada anteriormente de recopilar pruebas y hechos de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en el país. El cuarto informe anual destaca las pruebas suficientes recopiladas hasta la fecha que detallan los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil desde la toma del poder por los militares en febrero de 2021. Incluye pruebas de posibles crímenes internacionales graves en nuevas regiones de Chin, Kayin y Kayah, además de las principales ciudades, que se siguen intensificando en el territorio. Además, el informe mantiene una vigilancia vigilante de los acontecimientos y situaciones en el estado de Rakhine contra los ruaingás. El informe incluye denuncias de una mayor limitación de la libertad de circulación de los ruaingás, así como un considerable impacto de las hostilidades y tensiones durante el último año.

El caso entre Gambia contra Myanmar supone la presentación ante la CIJ de una demanda de un Estado no perjudicado contra el Estado responsable por incumplimiento de la Convención sobre el Genocidio. El precursor de esta demanda comenzó en mayo de 2019 durante una conferencia de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) que incluyó debates sobre los ruaingás [15]. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la OCI aprobó por unanimidad una resolución para remitir la protección jurídica de los ruaingás a la CIJ. Gambia accedió rápidamente a iniciar el proceso con la ayuda de las organizaciones de los 57 Estados miembros [16]. La organización reafirmó su apoyo al comité ministerial ad hoc sobre violaciones de los derechos humanos de los ruaingás en Myanmar mediante la utilización de todos los mecanismos jurídicos internacionales para llevar ante la justicia a los perpetradores contra los ruaingás. Además, exigió que las personas y comunidades afectadas tuvieran acceso abierto y sin restricciones a la ayuda humanitaria [17]. Mediante una solicitud presentada en el registro de la CIJ, Gambia alega en su demanda que el Gobierno de Myanmar "adoptó, aceptó y sancionó actos violentos contra el pueblo ruaingás ". Gambia alega que varios de estos hechos están directamente relacionados con Myanmar y, como tales, constituyen una clara violación de la Convención sobre el Genocidio [18]. En la solicitud se hace referencia al artículo 41 del estatuto de la CIJ y a los artículos 73, 74 y 75 del Reglamento de la Corte en apoyo de una petición de declaración de medidas provisionales. Gambia afirma en su solicitud que Myanmar sigue cometiendo "actos genocidas" contra el pueblo ruaingás. Además, los ruaingás que se encuentran actualmente en Myanmar están en peligro inminente de ser sometidos a genocidio, y que se requiere una acción inmediata para minimizar el riesgo de daño irreparable persistente a los derechos y protecciones otorgados por la Convención sobre el Genocidio [19].

Medidas provisionales

Las medidas provisionales se utilizan cuando un Estado reconoce o sospecha que existe un "incumplimiento legal en curso" que causará mayores sufrimientos, daños y pérdidas a la situación, mientras el tribunal evalúa las cuestiones subyacentes. A raíz de esto, según el artículo 41 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Gambia presentó una petición ante la CIJ [20]. En este caso, a Gambia le preocupaba que la comunidad ruaingás sufriera daños o sufrimientos adicionales e instó al tribunal a que permitiera la adopción de las respectivas medidas provisionales, entre las que se incluían:

"Exigir a Myanmar que ejerza control sobre cualquier actor no estatal, exigir a Myanmar que ponga fin inmediatamente a todos los actos que pudieran interpretarse como violaciones de la Convención sobre el Genocidio; exigir a Myanmar que preserve las pruebas y prohibirle explícitamente que destruya las que pudieran estar relacionadas con actos genocidas; ordenar tanto a Gambia como a Myanmar que no hagan nada que pueda agravar o ampliar aún más la disputa existente" [21].

Ante esto, la Corte Internacional de Justicia impuso medidas provisionales el 23 de enero de 2020, exigiendo al gobierno de Myanmar que detuviera cualquier acción genocida contra los ruaingás, que garantizara que el ejército y otros servicios de seguridad no cometieron actos genocidas y que tomara medidas para proteger las pruebas pertinentes [22] . El tribunal ordenó a Myanmar que informara en un plazo de 4 meses y, después, cada 6 meses, sobre su aplicación y cumplimiento de las medidas provisionales. Es importante señalar que las medidas provisionales dictadas por el tribunal internacional de justicia son jurídicamente vinculantes para las partes en litigio. Sin embargo, los procesos del caso se han topado con problemas contemporáneos, entre los que destacan la pandemia sanitaria mundial COVID-19 y el infame golpe militar del 1 de febrero de 2021. Los militares de Myanmar se hicieron ilegalmente con el control de la región en un golpe inconstitucional y violento. Varios manifestantes fueron asesinados, la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint fueron encarcelados junto con varios políticos. El golpe reavivó las disputas internas en el país y otras complejidades para la participación de Myanmar en los procedimientos de la CIJ. Para Tun Khin, director de la Organización Birmana Ruaingás en el Reino Unido, la presentación de objeciones por parte de Myanmar es sólo una estratagema para paralizar el proceso mientras la persecución de los ruaingás continúa sin cesar. A pesar de una decisión judicial anterior en la que se instaba a Myanmar a hacer todo lo posible para proteger a los Ruaingás del genocidio, la demanda, que durará años, lo que se desarrolla se ha descrito como "leyes y políticas destinadas a hacer la vida desagradable y expulsar a los Ruaingás de Myanmar forman parte del genocidio y persisten" [23]. En respuesta a estos acontecimientos, el tribunal determinó el 26 de mayo de 2021 acceder a la solicitud de Gambia y ampliar los plazos para presentar el Memorial del 23 de julio de 2020 a octubre de 2020 y el Contramemorial de enero de 2021 al 23 de julio de 2021 [24].

Evaluar la obligación "erga omnes parte" y el "locus Standi”

Por lo que respecta a las obligaciones "erga omnes partes", se trata de las obligaciones que tienen todos los Estados parte de un tratado multilateral. Se centra en los intereses colectivos de los Estados parte. En Derecho internacional, cuando se viola una obligación erga omnes, se ven afectados los intereses jurídicos de todos los Estados parte, independientemente de que hayan sufrido o no un perjuicio directo. En consecuencia, cada estado puede iniciar acciones legales contra el estado que contraviene o incumple la obligación. La Convención exige a los Estados que cumplan las obligaciones que prohíben y tipifican como delito el genocidio en sus territorios.

Gambia argumentó que ser signatario de la Convención sobre el Genocidio, cuyas responsabilidades son "erga omnes partes", es una prueba válida de legitimación sin necesidad de demostrar un interés tremendo. El artículo VIII establece que:

"Cualquiera de las partes contratantes podrá pedir a los órganos competentes de las Naciones Unidas que adopten, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que consideren apropiadas para prevenir y reprimir los actos de Genocidio" [25].

También se puede encontrar un mayor desarrollo en la Ley de Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos de 2001, ya que fomenta el mantenimiento de la obligación erga omnes [26]. El artículo 40 establece que "el presente capítulo se aplica a la responsabilidad internacional que resulta de la violación grave por un Estado de una obligación que emana de una norma imperativa de derecho internacional general. Una violación de tal obligación es grave si implica un incumplimiento grave o sistemático de la obligación por parte del Estado responsable" y el artículo 41: "Los Estados cooperarán para poner fin por medios lícitos a toda violación grave en el sentido del artículo 40" [27]. Para presentar una demanda contra un Estado por incumplimiento de un deber erga omnes parte, los tribunales no sólo deben tener jurisdicción para conocer del caso, sino también cumplir todas las demás condiciones de admisión, nacionalidad de las demandas y agotamiento de los recursos internos, entre otros factores [28].

Sin embargo, una cuestión diferente se refería al locus standi de Gambia, o legitimidad para iniciar acciones ante el tribunal. Myanmar alegó que Gambia carecía de legitimación para presentar una demanda contra el país, principalmente porque no se había visto directamente perjudicada por las supuestas violaciones. Como signatario de la Convención sobre el Genocidio, Myanmar reconoció el interés de Gambia en que el país se adhiriera a los términos de la Convención. Aun así, Myanmar insistió en que sólo un Estado directamente perjudicado por el incumplimiento de Myanmar puede iniciar un procedimiento judicial [29]. Además, Myanmar había alegado que la CIJ carecía de jurisdicción para conocer del caso basándose en la admisibilidad. Sin embargo, la CIJ discrepó de esta disposición y sostuvo que:

"Cualquier Estado parte en la Convención sobre el Genocidio, y no sólo un Estado específicamente afectado, puede invocar la responsabilidad de otro Estado parte para determinar el supuesto incumplimiento de su obligación erga omnes partes, y para poner fin a ese incumplimiento de su obligación erga omnes partes, y para poner fin a ese incumplimiento... Gambia tiene legitimación prima facie para presentar la controversia con Myanmar sobre la base de presuntas violaciones de las obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio" [30].

Además, en la orden publicada el 22 de julio de 2022, el presidente del tribunal, el juez Joan E. Donoghue, señaló que en la sentencia que el Tribunal "se declaró competente, sobre la base del artículo IX de la Convención sobre el Genocidio, para conocer de la Solicitud presentada por Gambia el 11 de noviembre de 2019 y que dicha Solicitud era admisible"[31]. La fecha para que Myanmar presente su contramemoria está fijada para el 24 de abril de 2023.

Posición de CIGJ

Geneva International Centre for Justice reitera firmemente la difícil situación de las minorías ruaingás de Myanmar. Exigimos justicia y rendición de cuentas por la persecución injusta contra los ruaingás de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Valoramos y apoyamos el papel de Gambia en el inicio de procedimientos judiciales contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia. Instamos a la comunidad internacional a que ayude y apoye a los ruaingás cumpliendo sus obligaciones internacionales.

#Myanmar_Genocide, #The_Gambia_v.Myanmar, #Corte_Internacional_de_Justicia, #GICJ, #Geneva_International_Centre_for_Justice, #CIJ, #Rohingya, #Refugees, #Justicia, #Rendición_de_Cuentas.

Referencias:

[1] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/un-expert-calls-action-against-myanmar-military-anniversary-atrocities

[2] Ibid

[3] https://apnews.com/article/myanmar-no-peace-one-year-after-military-coup-1db3ac0e7b051098cd3268b8d16dcac4

[4] https://www.channelnewsasia.com/asia/myanmar-military-coup-feb-1-2021-one-year-2470541

[5] Ibid

[6] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220722-JUD-01-00-EN.pdf

[7] Ibid

[8] Application Instituting Proceedings and Request for Provisional Measures, filed by The Gambia on 11 November 2019, 2019 General List No. 179, the International Court of Justice, [referred to as ‘The Gambia v Myanmar’, 2019]

[9] Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (adopted 9 December 1948, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (adopted 9 December 1948, entered into force 12 January 1951), 78 UNTS 277 (referred to as ‘the Genocide Convention’)

[10] https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisisexplained/#:~:text=The%20Rohingya%20have%20suffered%20decades,to%20seek%20refuge%20in%20Bangladesh

[11] https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar

[12] The Countries With The Highest Population Of Rohingya People - WorldAtlas

[13] https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html

[14] https://undocs.org/A/HRC/51/4

[15] https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=4496&refID=1251

[16] Ibid

[17] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20191210-ORA-01-00-BI.pdf

[18] Ibid

[19] Statute of the Court | International Court of Justice (icj-cij.org)

[20] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-SUM-01-00-EN.pdf

[21] Ibid