49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
28 de febrero - 1 de abril de 2022
ÍTEM 3 - Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible: medio ambiente no tóxico
10 de marzo de 2022
Por Payton Focht / GICJ
Traducido por Natalia Venegas / GICJ
Resumen ejecutivo
En la 23ª reunión, de la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos (CDH), celebrada los días 10 y 11 de marzo, el Sr. David R. Boyd, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, hizo una presentación sobre el informe al CDH. El Relator Especial destacó la creciente preocupación por la contaminación y las sustancias tóxicas, las cuales han provocado un número cada vez mayor de muertes prematuras. Subrayó que la mayor parte de la carga recae sobre personas y comunidades que ya se enfrentan a la pobreza, la discriminación sistmática y la marginación. El Sr. Boyd señaló la injusticia medioambiental a la que se enfrentan estas personas, así como el hecho de que las comunidades empobrecidas se ven más afectadas por dicha desigualdad.
Además, la eficacia de los tratados y obligaciones actuales en este ámbito se ve minimizada por las lagunas en los términos del acuerdo, ya que ninguno de ellos hace referencia a los derechos humanos o a las obligaciones en materia de derechos humanos, a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos adoptó el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (Resolución 48/13) el 8 de octubre de 2021. Se trata de un problema importante, ya que las consideraciones de derechos humanos deberían estar en la vanguardia de la toma de decisiones en materia de medio ambiente. Además, cada vez es más difícil para las personas, especialmente las que pertenecen a grupos marginados, acceder a la información medioambiental, a la justicia o a recursos efectivos. El Relator Especial habló del uso de "Zonas de Sacrificio" o áreas en las que, por lo general, las comunidades marginadas están expuestas a niveles extremos de polución y contaminación tóxica. Estas zonas de sacrificio se utilizan a escala mundial y constituyen una importante violación de los derechos humanos.
Aunque los Estados han compartido buenas prácticas en este ámbito, muchos de los enfoques actuales no consiguen abordar adecuadamente los persistentes daños medioambientales. El resultado es una negación sistemática de los derechos humanos. Los Estados deben perseguir enérgicamente los objetivos de contaminación cero y la eliminación de sustancias tóxicas, así como las Zonas de Sacrificio, para garantizar el goce, la plena realización y el disfrute de los derechos humanos. Un enfoque basado en los derechos humanos, por muy costoso que sea, podría salvar millones de vidas, lo que, según el Relator Especial, vale la pena. Este último informó al Consejo sobre su reciente investigación en San Vicente y las Granadinas. El Sr. Boyd reveló que, debido a la situación geográfica de la región, San Vicente y las Granadinas están en primera línea de la crisis climática y su futuro está en manos del mundo.
El Relator Especial señaló que la comunidad internacional y el CDH deben establecer diálogos eficaces para educar a los países en cuestiones relacionadas con la crisis climática. Además, el Sr. Boyd declaró que está creando un manual para los Estados y las empresas en el que se ofrecen sugerencias para combatir estos problemas medioambientales, haciendo hincapié en las zonas de sacrificio y la contaminación. Las delegaciones agradecieron al Relator Especial su trabajo en el informe y su informe sobre San Vicente y las Granadinas. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) destacaron que la magnitud de las violaciones de los derechos humanos provocadas por la crisis climática reiterada en las declaraciones orales del Relator Especial, los Estados y las ONG. Señalaron que es necesaria una visión más coherente y un énfasis especial en la erradicación de las zonas de sacrificio.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) reconoce el grave impacto que el medio ambiente impone a las poblaciones y comunidades vulnerables. Hace tiempo que sostenemos que existe una conexión entre el medio ambiente y los derechos humanos. Ahora, más que nunca, los Estados tienen la obligación de garantizar que su población esté a salvo de la contaminación y las toxinas. La comunidad internacional debe tomar medidas drásticas para revertir o remediar los daños ambientales que han creado en sus países. La juventud del mundo depende de que los Estados den un paso adelante y tomen todas las medidas disponibles para revertir los impactos ambientales.
Antecedentes
El 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 48/13, en la que se reconocía, a nivel mundial, el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. En ese momento, el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible fue reconocido por más del 80% de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Se espera que esta resolución cree un reconocimiento universal en las constituciones, la legislación y los tratados regionales de derechos humanos, así como una forma de ayudar a acelerar la acción para abordar y mejorar la crisis climática. Según David R. Boyd, la resolución 48/13 se utilizará como catalizador de acciones para limpiar la calidad del aire, lo que mejorará la vida de miles de millones de personas. La Resolución 48/13 se creó originalmente en respuesta a la subida del nivel del mar, la erosión costera, el aumento de la intensidad de las mareas de tempestad y las implicaciones para los derechos humanos que conllevan estos cambios medioambientales. Los impactos del cambio climático afectan a personas de todos los países y estatus socioeconómicos, sin embargo, hay una tendencia recurrente que implica que las personas de menor nivel socioeconómico soportan la carga de esta crisis. El informe aborda el derecho a un entorno no tóxico en el que las personas puedan vivir, trabajar, estudiar y jugar con seguridad. Además, examina los elementos del derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, incluyendo aire limpio, un clima seguro, ecosistemas saludables y biodiversidad, agua segura y suficiente y alimentos saludables y sostenibles. El informe se creó bajo la premisa de las cuestiones de derechos humanos en torno a la gestión y eliminación de sustancias y residuos peligrosos.
El Informe
El 8 de octubre de 2021, el CDH adoptó el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (resolución 48/13). En el informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible para el CDH. En el 3er punto del orden del día, se examinaron las repercusiones en materia de derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos. También, identificó un medio ambiente no tóxico como uno de los elementos sustantivos del derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.
El mundo está plagado de injusticias medioambientales, incluidas las "zonas de sacrificio" en las que las comunidades (normalmente vulnerables) están expuestas a niveles extremos de polución y contaminación tóxica. La contaminación y las sustancias tóxicas causan al menos 9 millones de muertes prematuras, las cuales aumentan cada año. La contaminación atmosférica es el mayor contribuyente ambiental de las muertes prematuras, causando unos 7 millones anuales. Los países de ingresos bajos y medios son los destinatarios de casi el 92% de las muertes relacionadas con la contaminación. Más de 750.000 trabajadores mueren anualmente debido a la exposición a sustancias tóxicas en el trabajo, como las partículas, el amianto, el arsénico y los gases de escape de los motores diesel.
El informe reveló que cada año se liberan millones de toneladas de sustancias tóxicas en el aire, el agua y el suelo. La producción de sustancias químicas se ha duplicado entre el año 2000 y el 2017, y se espera que aumente a pesar del empeoramiento de la crisis climática mundial. El aumento de la producción de sustancias químicas procede principalmente de países no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los accidentes químicos pueden tener un impacto catastrófico en la salud, los derechos humanos y el medio ambiente. La exposición a sustancias tóxicas aumenta los riesgos de muerte prematura, intoxicación aguda, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, enfermedades respiratorias, efectos adversos en los sistemas inmunológico, endocrino y reproductivo, defectos de nacimiento e impactos negativos de por vida en el desarrollo neurológico.
Muchos países tienen leyes y políticas para proteger la salud humana y medioambiental de las sustancias tóxicas, pero se centran en la reducción, no en la eliminación. Debido a esto, hay muchas lagunas en la legislación y muchas instituciones que se crean para llevar a cabo tareas relacionadas con la aplicación de dicha legislación, a menudo carecen de la experiencia y los recursos para llevar a cabo sus funciones de manera eficaz. Se ha avanzado en algunos ámbitos, pero no se ha conseguido proteger a todos los seres humanos y ecosistemas de los efectos adversos de las sustancias químicas. Actualmente, 24 Estados no están en vías de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible mencionados y los costes asociados a la contaminación y a los productos químicos tóxicos cuestan billones de dólares al año.
Los Estados deben establecer programas de vigilancia, evaluar las principales fuentes de exposición y proporcionar al público información precisa y accesible sobre los riesgos para la salud; garantizar una participación pública significativa, informada y equitativa en la toma de decisiones y utilizar las mejores pruebas científicas disponibles para elaborar leyes, reglamentos, normas y políticas. Los Estados también deben permitir el acceso asequible y oportuno a la justicia y a los recursos efectivos para todos; evaluar los posibles impactos ambientales, sociales, sanitarios, culturales y de derechos humanos de todos los planes, políticas, proyectos y propuestas que previsiblemente puedan dar lugar a la exposición a la contaminación o a las sustancias tóxicas e integrar la igualdad de género en todos los planes y acciones y capacitar a las mujeres para que desempeñen funciones de liderazgo a todos los niveles. También, debe haber protección para los defensores de los derechos humanos medioambientales, protección para los defensores contra la intimidación. Además de la criminalización y la violencia, investigaciones, procesamientos de los autores de estos delitos, los cuales deben rendir cuentas para abordar las causas fundamentales del conflicto socioambiental. Por otra parte, los Estados no deben causar contaminación o exposición a sustancias tóxicas que violen el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; proteger este derecho para que no sea violado por terceros, en particular las empresas; y adoptar acciones positivas para cumplir con este derecho.
Una zona de sacrificio es un lugar en el que los derechos humanos de los residentes se resienten por vivir en focos de contaminación y en áreas muy contaminadas. Las personas que habitan las zonas de sacrificio son explotadas, traumatizadas y estigmatizadas, y dichas zonas son a menudo el subproducto de empresas y gobiernos que perjudican los intereses de las generaciones presentes y futuras. Los Estados no deben permitir la creación de zonas de sacrificio. En su lugar, los Estados deben esforzarse por conseguir una contaminación y unos residuos nulos; eliminar la producción, el uso y la liberación de sustancias tóxicas y prevenir la exposición mediante la regulación de las industrias, las emisiones, los productos químicos y la gestión de los residuos, y promover la innovación y la aceleración de sustitutos seguros. Los Estados deben adoptar normas de base científica para la contaminación y los residuos de sustancias tóxicas, basadas en las orientaciones internacionales de organizaciones como la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el PNUMA. Las empresas, también, deben actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente y respetar los derechos humanos en todos los aspectos de sus operaciones. Hay innumerables ejemplos de empresas que violan el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible al generar contaminación o provocar la exposición a sustancias tóxicas. Todos los seres humanos están expuestos a la contaminación y a las sustancias químicas tóxicas; sin embargo, la carga recae de forma desproporcionada en los individuos, grupos y comunidades que soportan la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica. Los Estados deben prestar especial atención a otros grupos vulnerables o marginados cuyos derechos se ven amenazados por la contaminación generalizada, la contaminación tóxica y las zonas de sacrificio, como las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las minorías, los refugiados, los migrantes, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas que viven en conflictos armados prolongados y las personas que viven en la pobreza. La no discriminación requiere que los Estados dejen de exacerbar las zonas ambientalmente peligrosas y comiencen a mejorar activamente las situaciones de injusticia ambiental existentes, con especial urgencia en las zonas de sacrificio. Se trata de un problema mundial de derechos humanos y los Estados deben actuar ya.
Diálogo interactivo sobre el informe de la Representante Especial
David Boyd, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, comenzó su discurso de apertura hablando de la emocionante noticia de la adopción por parte del CDH de la resolución 48/13, que reconoce, a nivel mundial, el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. El Sr. Boyd declaró que esperaba que esto fuera un catalizador para una nueva y mejorada legislación, tratados, y que mejorará las acciones tomadas por los estados para combatir el cambio climático. Habló del aumento de los niveles de sustancias químicas y tóxicas en el aire, el suelo y el agua, y de la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir este problema. Señaló que, a medida que aumente la exposición, la salud general de la población empeorará y las violaciones de los derechos humanos se multiplicarán si no se toman medidas. La eficacia actual de los tratados y obligaciones vigentes se ve minimizada por las lagunas de los artículos, ya que ninguno de ellos menciona los derechos humanos. El Sr. Boyd destacó que todas las personas están expuestas a la contaminación y a las toxinas, pero la carga recae desproporcionadamente en individuos y comunidades que ya se enfrentan a la pobreza, la discriminación sistémica y la marginación. La injusticia medioambiental se produce cuando las comunidades empobrecidas, al verse más afectadas, tienen menos posibilidades de acceder a la información medioambiental, de participar en la toma de decisiones sobre el medio ambiente o de acceder a la justicia o a remedios efectivos.
Durante el diálogo interactivo se hizo hincapié en el tema de las zonas de sacrificio, en las que los residentes sufren las consecuencias y las violaciones de los derechos humanos por vivir en focos de contaminación y zonas muy contaminadas. Son inhabitables y suelen estar situadas cerca de comunidades empobrecidas y marginadas.
El Sr. Boyd examinó en su declaración el derecho a la salud, la vida, el agua, la alimentación, la vivienda, los derechos culturales, los derechos del niño y los derechos de los pueblos indígenas. Subrayó que el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio debería cambiar nuestro enfoque de los derechos humanos y la legislación relacionada con el clima. Hizo énfasis en que, en la actualidad, lograr un medio ambiente no tóxico es una obligación de derechos humanos, no una opción. Hay que adoptar un enfoque basado en los derechos a la hora de redactar leyes y tratados que incluyan a las personas más afectadas por la crisis climática. Boyd afirmó que los esfuerzos actuales son muy insuficientes y que, cuando se producen violaciones, los Estados deben imponer sanciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
El Relator Especial destacó que, a pesar de la perspectiva cínica que puede haber generado el informe, los gobiernos están utilizando y aplicando prácticas positivas, lo cual es alentador. Sin embargo, muchos de los enfoques actuales están fallando, ya que el resultado es una negación sistemática de los derechos humanos. Afirmó que los Estados deben centrarse en educar a la población sobre la crisis climática y los Estados deben perseguir enérgicamente políticas de contaminación cero y la eliminación de sustancias tóxicas y zonas de sacrificio.
Además, el Sr. Boyd dilucidó que cree que todo lo que hacemos puede ser reutilizado, reciclado o convertido en abono. En este sentido, es necesario un nuevo tratado mundial sobre los plásticos, ya que causan enormes problemas a los derechos humanos y deben hacerse reciclables y sin toxinas para combatir las violaciones de los derechos humanos que provocan. Además, subrayó la necesidad de una rápida eliminación de los combustibles fósiles. Para ayudar a los Estados en estas arduas tareas, el Sr. Boyd y sus colegas están preparando un manual para que los Estados aborden estas cuestiones. Reconoció el trabajo del CDH para reconocer la ausencia de desconexión entre los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, destacó que es necesario educar a los colegas y a los miembros de la comunidad internacional y, para lograrlo, el Consejo de Derechos Humanos debería organizar diálogos educativos que proporcionen más información sobre cómo abordar estas cuestiones. La prioridad deberían ser las zonas más contaminadas de cada país y los Estados deberían dar prioridad a la limpieza y eliminación de tóxicos o contaminantes para garantizar que las personas que viven en estas zonas no sufran más.
El delegado de San Vicente y las Granadinas dio las gracias al Relator Especial y a su equipo por el informe. El país todavía se está recuperando de la erupción del volcán en 2021 y está tomando medidas para hacer frente al impacto ambiental que tuvo la erupción. El delegado reveló que los derechos medioambientales son una de las principales prioridades del gobierno, que ya ha aprobado varias leyes medioambientales para combatir la crisis climática. El delegado aceptó todas las recomendaciones del tercer ciclo del EPU. Además, declaró que el gobierno ya ha tomado medidas para abordar las cuestiones presentadas por el Relator Especial y acoge sus recomendaciones.
La representante de Costa Rica y Paraguay elogió el trabajo del Relator Especial. Destacó cómo las personas vulnerables soportan la carga de la crisis climática que debe ser abordada. También, señaló que la pandemia de la Covid-19 obligó a los países a considerar la importancia de la salud como un derecho humano. La representante subrayó que el Consejo de Derechos Humanos tiene el deber de educar a las personas y, posteriormente, pidió a todos los Estados que apliquen una legislación respetuosa con el medio ambiente que corrija los efectos del cambio climático.
El representante de Mónaco elogió al Relator Especial por el informe y destacó la importancia del agua potable y el saneamiento para todas las personas. También, señaló que los costes asociados a la mala gestión de las toxinas son enormes y preguntó al Relator Especial si había acciones específicas que los Estados pudieran tomar para mitigar la crisis climática.
La delegación de Francia destacó que este problema afecta a todas las personas, pero que afecta en mayor medida a las personas vulnerables. También, habló de su iniciativa en la cumbre One Ocean para proteger de forma más ambiciosa los océanos del mundo. La delegación preguntó al Relator Especial: ¿En qué medida contribuye el reconocimiento político a la preservación del medio ambiente?
A continuación, la delegación china subrayó los esfuerzos de China por mejorar el medio ambiente. La delegación denunció a Estados Unidos y a Canadá por su racismo medioambiental y afirmó que deberían corregir estas prácticas. Además, pidió que se investigue a Estados Unidos y Canadá para que rindan cuentas de sus violaciones.
En su declaración, la delegación rusa argumentó que no existe una norma única para el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y que no hay enfoques uniformes para tratar los derechos humanos y el medio ambiente. Rusia pidió al Relator Especial que no publique documentos específicos que sean legalmente vinculantes y que impongan obligaciones a los Estados en materia de medio ambiente. También, señaló que el nuevo derecho humano no había sido acordado por los Estados y que sólo se basaba en lo que decían los expertos y los científicos; en cambio, los Estados deberían ser los actores principales.
La delegación del Reino Unido expresó su satisfacción por acoger la COP26, y compartió su propósito de trabajar a nivel internacional para alcanzar los objetivos, centrándose en tres aspectos principales: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La delegación señaló que las directrices establecidas por el Relator Especial son importantes para los Estados y las empresas. Antes de dar la palabra a la siguiente delegación, el grupo preguntó al Relator Especial: ¿Cuáles son las prácticas más eficaces que pueden adoptar los Estados para la eliminación de residuos peligrosos?
El delegado de los Estados Unidos de América dio las gracias al Relator Especial y reconoció la conexión entre el medio ambiente y el disfrute de los derechos humanos. El representante destacó que a EE.UU. le preocupa especialmente la contaminación por plásticos, ya que afecta a los hábitats medioambientales y a la salud humana, especialmente en las comunidades vulnerables. Instó a las naciones a tomar medidas inmediatas y concretas a nivel nacional para proteger el medio ambiente y preguntó al Relator Especial qué medidas podrían tomar los países para hacer frente a la contaminación por plásticos, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales.
El representante de América Latina habló de la importancia de la eliminación de los residuos plásticos y de cómo éstos perjudican la salud pública. Además, destacó la importancia de concienciar y generar soluciones que incluyan a la comunidad. El representante concluyó su intervención afirmando que se deben diseñar más estrategias para combatir los futuros desastres ambientales que puedan surgir.
Los representantes de las ONGs y de la sociedad civil expresaron que el alcance de las violaciones de los derechos humanos en el mundo se demuestra a través de los ejemplos y las quejas que aportan el Relator Especial, los Estados y las ONG. Subrayaron la necesidad de una visión más coherente en todo el mundo para combatir estos problemas globales. Los representantes señalaron que los Estados deben vigilar de cerca todas las zonas de sacrificio sobre las que hay que informar continuamente. Por último, debatieron sobre los problemas de la contaminación minera, afirmando que los problemas no sólo surgen cuando se producen las catástrofes, sino que se ven en el impacto medioambiental durante años.
En su discurso de clausura, el Sr. Boyd señaló que todos los Estados tienen algún tipo de legislación sobre el impacto medioambiental, pero un paso adicional fácil sería añadirle un enfoque de derechos humanos. Destacó la importancia de la cooperación internacional. Además, el mundo necesita un nuevo enfoque de los productos químicos. En la actualidad, los productos químicos se regulan individualmente, en lugar de ello, deberíamos regular familias de productos químicos. Los Estados también deben ser más conscientes de las importaciones y exportaciones que utilizan productos químicos que son ilegales en el país de acogida o en el de destino. Por último, los Estados se comprometieron anteriormente a no dejar a nadie atrás en materia de derechos humanos. Sin embargo, nadie en la tierra está más atrasado que los que están en zonas de sacrificio. Los Estados deben comprometerse a no dejar a nadie atrás.
Posición de Geneva International Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice (GICJ) reconoce el grave impacto que los daños medioambientales imponen a las poblaciones y comunidades vulnerables. GICJ subraya que los Estados deben adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para hacer frente al cambio climático. Además de las Zonas de Sacrificio, muchos países están explotando y dañando desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables. Por ello, GICJ se solidariza con las víctimas del racismo medioambiental y con quienes se ven más perjudicados por el cambio climático, la contaminación y las toxinas.
Sabemos que existe una conexión entre el medio ambiente y los derechos humanos. Ahora, más que nunca, los Estados tienen la obligación de garantizar que su población esté a salvo de la contaminación y las toxinas. Las zonas de sacrificio son una clara y evidente violación de los derechos humanos que afecta a personas de todo el mundo. La comunidad internacional debe tomar medidas drásticas para revertir o remediar el daño ambiental que han creado en sus países. La juventud del mundo depende de que los Estados den un paso adelante y reviertan el efecto del cambio climático y sus efectos negativos sobre la población. El cambio climático y el medio ambiente es un problema que afecta a todo el mundo y los hogares y comunidades de menores ingresos se ven afectados de forma desproporcionada. El cambio climático es un catalizador de la sequía que afecta a los agricultores y a la agricultura, aumentando el precio de los alimentos al ser más escasos. El aumento del coste de los alimentos perjudica a las familias y personas con menos ingresos, ya que no pueden permitirse el aumento del precio de los productos básicos. Este es sólo uno de los muchos ejemplos de la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos. El medio ambiente y los derechos humanos están vinculados de numerosas maneras, hasta el punto de que un enfoque del medio ambiente basado en los derechos humanos es imperativo e inevitable si los Estados quieren salvaguardar los derechos humanos de sus ciudadanos.
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