El 49° Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos,
28 febrero – 1 abril 2022
Item 2 - Actualización oral de Alta Comisionada, seguida de una presentación de informes sobre las actividades de la OACDH en Colombia
8 de marzo
Por Natalia Venegas / GICJ
Resumen ejecutivo
El 8 de marzo de 2022, durante la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada, Sra. Michelle Bachelet, presentó una amplia actualización oral sobre la situación actual de los derechos humanos en Colombia, Guatemala y Honduras, junto con Chipre y Eritrea. La Alta Comisionada hizo un llamado a las autoridades colombianas para que implementen plenamente el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC EP. También hizo hincapié en la protección de los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, los cuales han sido asesinados, especialmente en las zonas rurales. También, alentó la reforma policial para permitir a los colombianos ejercer su derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión. La Sra. Bachelet también instó al gobierno a garantizar la seguridad del pueblo colombiano.
La declaración de la delegación colombiana se centró en el compromiso del gobierno de proteger los derechos humanos a través de instituciones sólidas y en las medidas que se están tomando para proteger a los líderes sociales y desmantelar los grupos armados ilegales.
Antecedentes
El 26 de diciembre de 2019 se publicó el Informe del Relator Especial, Michel Forst, sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. El informe señaló la voluntad política del gobierno de crear un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, concluía que la gran mayoría de los defensores de los derechos humanos corren peligro, especialmente los que promueven la aplicación del Acuerdo de Paz y los derechos territoriales y medioambientales de las comunidades frente a los intereses de los grupos armados y los agentes estatales y no estatales. Colombia sigue siendo el país con el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina.
Posteriormente, el 8 de mayo de 2020, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ofreció una actualización sobre Colombia, centrándose en la situación de los Derechos Humanos en 2019. En la actualización, destacó la situación de los defensores de derechos humanos, el uso de las fuerzas militares en situaciones de seguridad pública, la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. También, evaluó la implementación de los aspectos de derechos humanos del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Por último, el 15 de diciembre de 2021, Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos durante el paro nacional en Colombia. Según el informe, hay muchas evidencias sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, como la privación arbitraria de la vida y las violaciones a la integridad y seguridad personal. Esto se deriva del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. La oficina también identificó una serie de situaciones, acciones y omisiones de agentes del Estado, particularmente de miembros de las fuerzas de seguridad durante la protesta, incompatibles con el derecho de reunión pacífica y otros derechos humanos. También se documentaron graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. La principal recomendación que se hizo fue la de aplicar efectivamente las normas internacionales relacionadas con el derecho de reunión pacífica.
Actualización oral de la Alta Comisionada
La Alta Comisionada comenzó señalando que en 2021 se cumplía el quinto aniversario del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARC EP), el mayor grupo guerrillero del país. Desde la firma del acuerdo se han dado pasos importantes para consolidar la paz, la democracia y la participación política. En particular, la desmovilización de las FARC EP y su constitución como nuevo partido político. Así como, la creación de las 16 curules de paz en el Congreso para las víctimas del conflicto armado. La Comisionada hizo un llamado al gobierno para que genere un ambiente libre de amenazas y violencia en las próximas elecciones. También, celebró los avances en materia de justicia transicional logrados por la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sus contribuciones han sido esenciales para los derechos de las víctimas: verdad, justicia y reparación.
La Comisionada instó a las autoridades a apoyar este trabajo independiente y a proteger a las víctimas y testigos que participan en el proceso de justicia transicional, así como las personas que forman parte de estas instituciones. A pesar de los avances, aún quedan muchos desafíos. En el 2021, la Oficina de la Alta Comisionada observó un aumento de la violencia contra las comunidades rurales y los líderes sociales en el contexto de la continua expansión territorial de los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales, y se concluyó que los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido particularmente impactados. A su vez, en el 2021, la Oficina de la Alta Comisionada documentó 78 masacres y 100 asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos. El Comisionado pidió al gobierno que junto con la sociedad civil, adopte una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales, y que fortalezcan la implementación de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Además, la Comisión de Verificación de la ONU en Colombia informó de 54 asesinatos de ex combatientes de las FARC EP en el año 2021. En el mismo año, la Oficina también documentó 54 casos de privaciones arbitrarias de la vida por parte de la fuerza pública, incluyendo 28 casos ocurridos por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas del paro nacional.
La Alta Comisionada alentó al gobierno a aplicar las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de diciembre de 2021, incluidas las reformas policiales necesarias, para garantizar el derecho de reunión pacífica, respetando estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza. También, invitó al gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho a la tierra de las víctimas del conflicto armado a través de la implementación de la reforma rural integral, tal como está previsto en el acuerdo de paz. La Oficina de la Alta Comisionada afirmó que agradece la continua cooperación con las autoridades colombianas y la sociedad civil y que seguirá estando disponible para apoyar la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe.
Diálogo interactivo
Declaración de la delegación colombiana
La delegada de Colombia, María Carmelina Londoño, agradeció a la Alta Comisionada por señalar que las robustas instituciones colombianas son las que garantizan los derechos humanos en el país. Según su declaración, el informe identificó retos críticos como la seguridad y la lucha contra los grupos criminales, así como la garantía de los derechos de las comunidades agrícolas e indígenas. También, destacó que el informe reconoce los avances de Colombia en la protección de los migrantes venezolanos, la participación política de las víctimas del conflicto armado a través de las 16 circunscripciones de paz y la fortaleza de los mecanismos de justicia transicional. Además, destacó los avances de la justicia ordinaria en el avance de las violaciones de los derechos humanos, así como el trabajo conjunto de la oficina de la Alta Comisionada y el Ministerio de Defensa, para prevenir dichas violaciones.
La Viceministra dijo que Colombia es consciente de que una de sus principales amenazas es la presencia de grupos armados que luchan por el control de las economías ilícitas. Estos fenómenos son el motor de las organizaciones criminales que forman parte de las redes transnacionales de narcotráfico, laa cuales son fuente de financiación del terrorismo y catalizadores de la violencia y una amenaza para los derechos humanos de la población colombiana. Subrayó que el Consejo también debe tener en cuenta que los esfuerzos realizados por estas instituciones han generado diferentes logros en beneficio directo de las comunidades más afectadas por los grupos criminales. Gracias a la implementación de la política de defensa y seguridad, se han debilitado estructuras criminales como el "Clan del Golfo", responsables de cientos de crímenes contra la población civil.
Por otro lado, indicó que Colombia entiende que la protección de los líderes sociales es primordial y que aquellos que se dedican a la defensa de los derechos humanos deben ser protegidos a toda costa. El gobierno colombiano también reconoció la especial protección de las comunidades afro e indígenas, sus especiales vulnerabilidades y las dificultades que enfrentan, por lo que las políticas y acciones implementadas por el Estado están alineadas con las políticas y normas internacionales en la materia. Así, en materia de consulta previa, la OIT ha reconocido notables avances relacionados con la protección y la cultura de las comunidades en el marco del cumplimiento del Convenio 169. Entre las medidas adoptadas se encuentran la garantía de acceso a la tierra mediante la construcción, adecuación y saneamiento de resguardos indígenas y la titulación colectiva de territorios para comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras.
Londoño concluyó su intervención señalando que Colombia está comprometida, pero entender las causas de la violencia contra algunos sectores de la población es tarea de la comunidad internacional. Mientras continúen las redes de narcotráfico, la seguridad de la población estará en juego.
Los delegados de Suiza, Alemania, Noruega y Suecia pidieron al gobierno colombiano reforzar la protección de los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos. También, pidieron que el gobierno rinda cuentas por las violaciones de los derechos humanos durante el paro nacional.
La Defensoría del Pueblo de Colombia habló sobre la importancia y la prioridad de los gobiernos en el tema de la migración. El año pasado llegaron al país 100.000 migrantes procedentes de Venezuela, el Caribe y África. A raíz de esto, el defensor del pueblo y su oficina han impulsado acuerdos con instituciones de derechos humanos como FIO, RINCHA y GANDHI para movilizar a los diferentes niveles de gobierno y proteger a los migrantes que están en tránsito. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo es testigo de los esfuerzos institucionales para implementar los Acuerdos de Paz. La violencia generada por los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico ha provocado el desplazamiento masivo de casi 70.000 personas. La oficina detectó que durante el año 2021 se registraron 779 atentados contra población vulnerable, especialmente líderes sociales y defensores de derechos humanos. De ellos, 145 fueron homicidios y 31 atentados contra su vida. Por ello, el Estado colombiano ha implementado una política pública de protección a los defensores de derechos humanos.
Tras la lista de oradores, se abrió el turno de palabra a las ONG. Una ONG, en particular, reveló que en junio del año pasado, más de 300 ONG solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado la elaboración de un informe durante las protestas entre abril y mayo de 2021. El representante afirmó que agradecen la respuesta activa y pidió la criminalización y el enjuiciamiento de quienes estaban en la llamada primera línea de las protestas. El representante también destacó la falta de avances en las investigaciones contra los agentes de policía presuntamente implicados en violaciones de los derechos humanos durante las protestas. En un contexto en el que la ley de seguridad nacional recientemente aprobada podría dar lugar a más restricciones del derecho a la protesta y a más abusos policiales, las protestas estaban relacionadas con controles estructurales, que siguen sin abordarse, además de las agresiones y asesinatos de personas en las protestas.
Se afirmó que había niveles crecientes de violencia por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía en varias regiones de Colombia, afectando a los defensores y a las comunidades campesinas y líderes comunitarios de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Continúan los altos niveles de estigmatización y violencia contra los Defensores de los derechos humanos y los funcionarios han tenido dificultades para identificar a los perpetradores, incluidos los grupos armados, incluso los abogados. Al parecer, el gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para desmantelar las organizaciones paramilitares y criminales responsables de la violencia.
El delegado colombiano presente en Ginebra, respondió a las preocupaciones planteadas durante el diálogo interactivo y reiteró su apoyo al trabajo de los defensores de los derechos humanos. El delegado afirmó que no se puede cuestionar el compromiso de Colombia con la implementación del acuerdo de paz, la lucha contra la impunidad y el respeto por la independencia, esto se evidencia por medio del trabajo de la JEP. Afirmó que la investigación preliminar a Colombia por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) constituye un reconocimiento al compromiso del gobierno colombiano con la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la impunidad. El representante afirmó que existe una política de tolerancia cero frente a las violaciones de los derechos humanos que involucran a los miembros de la seguridad en relación con los líderes sociales en el proceso electoral y las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales. El representante concluyó su declaración afirmando que lamentaba que la intervención de Suecia y Noruega en el asunto no estuviera a la altura de la apertura del escrutinio internacional de Colombia en materia de derechos humanos.
Posición de Geneva International Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice (GICJ) acoge con satisfacción la actualización oral de la Alta Comisionada, pero lamenta la falta de atención a la situación en Colombia, por parte del Consejo de Derechos Humanos. El GICJ anima al gobierno colombiano a adoptar todas las medidas necesarias para proporcionar seguridad y justicia a los defensores de los derechos humanos y a los líderes sociales. En ese sentido, el gobierno debe implementar políticas para desmantelar los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Se debe dar prioridad a los líderes rurales que históricamente han sido desatendidos por el Estado y que, de hecho, corren un gran peligro.
Además, GICJ pide al gobierno colombiano que impulse una reforma policial que modifique la estructura de la policía y su funcionamiento. Estas acciones garantizarán que el pueblo colombiano pueda disfrutar de sus derechos humanos fundamentales a la libertad de reunión y a la libertad de expresión.
Por último, GICJ también hace un llamado al gobierno colombiano para que ponga en marcha los cinco puntos del acuerdo de paz, entre los que se encuentran la Reforma Rural integral, la participación política: apertura democrática para construir la paz, el Fin del Conflicto, la solución al Problema de las Drogas Ilícitas, el acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto y, por último, la implementación, verificación y refrendación del acuerdo. Es fundamental que el gobierno colombiano lo implemente plenamente y tenga la disposición de defender el acuerdo para que las víctimas de la guerra tengan derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
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