Por Aimara Pujadas / GICJ
Cada año, el 1 de marzo se conmemora el ''Día de la Cero Discriminación'', para reivindicar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad y sin discriminación. Se celebró por primera vez el 1 de marzo de 2014, y fue lanzado por el Director Ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en Beijing, después de que la organización lanzara su campaña ''Cero Discriminación'' en el Día Mundial del SIDA en diciembre de 2013.
"Eliminar las leyes que dañan, crear leyes que empoderan", ha sido un lema de ONUSIDA para destacar el imperativo de actuar contra las leyes discriminatorias. En muchos países, esas leyes propician que las personas sean tratadas de forma diferente, excluidas de los servicios esenciales o restringidas injustamente en la forma en que pueden llevar sus vidas solo por lo que son, lo que hacen o a quién aman.
El símbolo del Día de la Cero Discriminación es una mariposa, la cual muestra que la discriminación, basada en la orientación sexual, los ingresos, el género, el color, la religión, el estado de salud, el sexo, la edad y muchos otros factores, existe en todo el mundo y es un problema al que toda sociedad tiene que hacer frente.
El objetivo principal de la celebración es promover e impulsar políticas inclusivas tanto en el ámbito político como en el económico y social, permitiendo así que las personas vivan con dignidad humana, tal y como se estipula en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU.
Para este año 2022, el tema es "Cero discriminación contra las mujeres y las niñas". Se centra en el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como en la concientización para actuar y promover la igualdad entre los sexos y todos los géneros. Se llama la atención sobre el empeoramiento de la desigualdad y la injusticia que existen actualmente en todo el mundo, y se llama a la acción para que se tomen medidas urgentes, con la finalidad de acabar con la discriminación de género.
Hoy en día, se calcula que el 60% de las personas que padecen hambre crónica son mujeres y niñas; menos del 20% de los propietarios de tierras del mundo son mujeres; las mujeres representan más de dos tercios de los 796 millones de analfabetos del mundo; sólo el 39% de las niñas de las zonas rurales asisten a la escuela secundaria; los hijos de madres sin educación tienen 3,1 veces más probabilidades de morir que los de madres con educación secundaria o terciaria; el salario medio de los hombres es superior al de las mujeres tanto en las zonas rurales como en las urbanas; y, por último, sigue existiendo una gran brecha de género en el acceso de las mujeres a la toma de decisiones y al liderazgo.
Estas cifras no son sólo estadísticas: demuestran el innegable vínculo entre la desigualdad de género y la pobreza y el hambre, el impacto de los contextos urbanos y rurales, la relevancia de la educación y la participación y, lo que es más importante, la urgencia de tomar nuevas medidas en todo el mundo.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) recuerda que la discriminación contra las mujeres y las niñas constituye una ofensa a la dignidad humana. Los Estados tienen la obligación moral y jurídica de eliminar las leyes discriminatorias y promulgar legislaciones que las protejan de la discriminación y el trato desigual.
En última instancia, la desigualdad de género afecta a la sociedad en su conjunto, y en particular al bienestar de los niños. En muchos países siguen en vigor leyes que discriminan a las mujeres y a las niñas, mientras que las leyes que defienden los derechos básicos de las mujeres y las protegen contra el daño y el trato desigual están lejos de ser la norma. Esta tendencia debe ser abordada y erradicada, GICJ subraya que el llamado a la acción es una obligación moral de la comunidad internacional.
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