Por Yasmine Darwish / GICJ
Traducido por Jennifer Tapia Boada
El domingo 6 de febrero de 2022, el presidente de Túnez, Kais Saied, anunció la disolución del Consejo Superior de la Magistratura. Según informes, los edificios y oficinas del Consejo Superior de la Magistratura han sido “acordonados por las Fuerzas de Seguridad Interna, y se ha impedido que los miembros y el personal ingresen a las instalaciones” [1].
La tarea principal del Consejo es garantizar la independencia del sistema judicial y designar la mayoría de los cargos judiciales del país. Antes de la conocida Primavera Árabe, la cual representó una serie de protestas, levantamientos y rebeliones armadas antigubernamentales que se extendieron por gran parte del mundo árabe a principios de la década de 2010, el poder judicial en Túnez dependía del poder ejecutivo. En este contexto, los opositores al presidente fueron a menudo víctimas de juicios injustos, pues el entonces presidente de la República, Zine El Abidine Ben Ali, dirigía el antiguo órgano judicial y el ministro de Justicia era el vicepresidente.
Después de la revolución de 2011, el proceso de transición en Túnez terminó con una nueva redacción de la Constitución. La nueva Constitución, aprobada el 27 de enero de 2014, permitió elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. El 15 de mayo de 2015, el Parlamento electo aprobó la creación del Consejo Superior de la Magistratura tal como está previsto en la nueva Constitución. Su establecimiento protege a los jueces de la influencia del gobierno y ha permitido un avance significativo en “la consolidación del estado de derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia en Túnez” [2].
Aunque el presidente Saied aseguró que no tenía intención de interferir en el funcionamiento de la justicia, muchas ONG tunecinas y activistas de derechos humanos expresaron su preocupación por la reciente decisión del presidente. Algunos críticos describen la decisión como una acción autoritaria y temen por un retroceso en el régimen autoritario del país, similar al que se desató a principios de la década de 2010 al derrocar la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali en 2011.
Aunque el derecho internacional no proporciona un modelo único para garantizar la independencia del poder judicial, alienta a los países a crear una autoridad para supervisar el poder judicial que no esté dominada por el ejecutivo o el legislativo [3].
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado que la disolución del Consejo Superior de la Magistratura viola el derecho a ser juzgado por un “tribunal independiente e imparcial”, garantizado por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Túnez ha ratificado [4].
Geneva International Centre for Justice (GICJ) está profundamente preocupada por la decisión del presidente, la cual pretende interferir con el funcionamiento del sistema judicial y el respeto de su independencia. Instamos al presidente de Túnez a cesar todas las conductas que puedan socavar la independencia judicial y violar el derecho de las personas a un juicio justo.
Justice, Human Rights, Geneva, geneva4justice, GICJ, Geneva International Centre For Justice
[1] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28092&LangID=E
[2] https://news.un.org/en/story/2022/02/1111502
[3] https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e339?prd=MPECCOL
[4] UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
