Por Aimara Pujadas / GICJ
El pasado lunes 10 de enero de 2022, coincidiendo con el 20º aniversario de la apertura del centro de detención de la bahía de Guantánamo, en Cuba, un grupo de expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, condenó la continuidad del funcionamiento de la prisión, e instó a Estados Unidos a cerrar el lugar y devolver a los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros.
Desde el 11 de enero de 2002, el campo de detención de la Bahía de Guantánamo se ha utilizado para albergar a militantes musulmanes y presuntos terroristas capturados por las fuerzas estadounidenses en Afganistán, Irak y otros lugares tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El centro se convirtió en una fuente de controversia y de protestas internacionales cuando cientos de prisioneros de varios países (780 en su momento más álgido) fueron retenidos en el campo sin cargos y sin medios legales para impugnar sus detenciones. El ex presidente estadounidense, George W. Bush, declaró durante su mandato que Estados Unidos no estaba obligado a conceder la protección constitucional básica a los prisioneros, ya que la base estaba localizada fuera del territorio estadounidense. Además, el argumento utilizado para justificar el trato recibido por los prisioneros fue que Estados Unidos no estaba obligado a cumplir los Convenios de Ginebra relativos al trato de los prisioneros de guerra y los civiles en tiempo de guerra, ya que los convenios no se aplicaban a los "combatientes enemigos ilegales".
En 2006, el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que el sistema de comisiones militares que se iba a utilizar para juzgar a determinados presos recluidos en Guantánamo violaba las Convenciones de Ginebra y el Código Uniforme de Justicia Militar.
Sin embargo, sólo nueve de los 39 detenidos que aún permanecen en Guantánamo han sido acusados o condenados por delitos. Entre 2002 y 2021, nueve detenidos murieron bajo custodia, dos supuestamente por causas naturales y siete, según los informes, se suicidaron. Numerosas organizaciones, gobiernos y particulares han alzado la voz sobre las acusaciones relativas al uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los cientos de hombres llevados al lugar y privados de sus derechos más fundamentales.
El grupo de derechos humanos independientes que recientemente ha ofrecido declaraciones al respecto afirmó que el centro de detención era un lugar de "notoriedad sin parangón" y "una mancha en el compromiso del gobierno estadounidense con el Estado de derecho". Además, describieron el campo estadounidense como un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas por la tortura y los malos tratos patrocinados por el Estado y la impunidad concedida a los responsables.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) exige el cierre del centro de detención de la Bahía de Guantánamo, ya que no sólo es incompatible con las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional, sino también con los derechos humanos universales. GICJ condena los arbitrarios y brutales actos de violencia, tortura y trato cruel cometido contra los prisioneros y reivindica el derecho de estas personas a recibir una audiencia justa y pública por parte de un tribunal civil competente, independiente e imparcial, previamente establecido por la ley. Las Comisiones Militares creadas por el Gobierno de Estados Unidos violan los requisitos de imparcialidad, independencia y no discriminación y nunca deberían haberse utilizado de la manera en que se han desplegado en Guantánamo durante los últimos 20 años.
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