Por Natalia Venegas Arango / GICJ
El 2 de enero, grupos guerrilleros que se disputan el control de las economías ilegales locales se enfrentaron entre sí. Los enfrentamientos tuvieron lugar cerca de la frontera con Venezuela, en las localidades de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita. El encuentro se produjo entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El ELN es el grupo armado más grande de Colombia y las disidencias de las FARC pasaron a serlo tras rechazar el acuerdo de paz en 2016. Este acuerdo de paz desmovilizó a las FARC y puso fin a 50 años de conflicto armado en el país.
Hasta ahora, ha sido difícil determinar cuántas personas han sido asesinadas. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, ha habido 16 víctimas. [1] Sin embargo, Juan Carlos Villate, responsable de los temas de Derechos Humanos en Arauca, informó que había 24 muertes confirmadas, y que el número de muertos podría aumentar a 50. Arauca ha sido un departamento históricamente afectado por el conflicto armado en Colombia. Este hecho ha despertado la desesperanza entre sus habitantes.
Según el gobierno colombiano, proporcionar seguridad a la gente en la frontera es muy difícil y actualmente se están estudiando nuevos mecanismos para poder hacerlo. Además, el gobierno colombiano ha declarado que ambos grupos armados han sido muy difíciles de eliminar porque han recibido el apoyo del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según el gobierno colombiano, estos grupos operan en Colombia y se esconden en Venezuela. Esta acusación ha sido negada en varias ocasiones por el gobierno venezolano. [2]
Para las guerrillas en Colombia, la principal fuente de ingresos proviene de actividades ilícitas. Su mayor fuente de riqueza es el narcotráfico, pero también roban ganado y secuestran a personas que circulan por la zona. Es más, cobran impuestos sobre los productos, incluidos los alimentos y las bebidas. Además, en la región de Arauca hay grandes reservas de petróleo, lo que permite a los grupos rebeldes la posibilidad de extorsionar a los petroleros. En este orden de ideas, se cree que los enfrentamientos son impulsados por la codicia. Sin embargo, algunos estudiosos están preocupados por la falta de información brindada sobre los ataques. Por ejemplo, se desconocen los frentes guerrilleros que participaron y la verdadera causa que desencadenó la violencia. Por esto, la mayor preocupación en este momento es si este suceso marcará el inicio de una nueva era de guerra. En cualquier caso, por el número de muertes y casos de desplazamiento, los hechos pueden considerarse como una de las crisis humanitarias más graves que ha vivido Colombia en los últimos tiempos.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena las violaciones de derechos humanos cometidas en Arauca e invita a todas las partes del conflicto a respetar los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Hacemos un llamamiento al gobierno colombiano para que proporcione seguridad a la población de Arauca, considerando que, si se quiere asegurar la seguridad de la población, debe existir una implementación del tratado de paz a nivel local. GICJ considera que, para detener la violencia en la zona, el gobierno colombiano y el venezolano deben cooperar para proteger a las personas que viven en la frontera entre ambos países.
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