Por Amie F. Sillito / GICJ
Traducido por Natalia Venegas Arango / GICJ
El proyecto de ley sobre Nacionalidad y Fronteras se encuentra actualmente bajo el estudio de la Cámara de los Lores. Este proyecto comprende una legislación que restringe la nacionalidad, el asilo y la inmigración, además, de crear un sistema de dos niveles, el cual se utilizará en el futuro para los refugiados y solicitantes de asilo en función de su método de llegada al Reino Unido.
Siobhán Mullally, la relatora especial de las Naciones Unidas para la trata de personas, expresó su grave preocupación por el nuevo proyecto de ley. En una declaración realizada el 14 de enero del 2022, la Sra. Mullally estableció que el proyecto infringe el derecho internacional, y de ser adoptado, debilitará la protección de los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas y aumentará el riesgo de explotación de los migrantes y solicitantes de asilo. La relatora especial señaló que el proyecto de ley podría dar lugar a graves violaciones de derechos humanos y que falla en reconocer la obligación del gobierno británico de garantizar la protección de los niños migrantes y solicitantes de asilo. Subrayó además, que el proyecto de ley aumentaría el riesgo de apatridia, lo que supone una violación directa del derecho internacional.
La relatora especial continuó afirmando que el proyecto no respeta las obligaciones adicionales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados, y se corre el riesgo de que se aprovechen de los grupos vulnerables. La Sra. Mullally subrayó que el derecho a buscar y disfrutar de asilo es un derecho humano fundamental y que si la ley llegase a pasar , podría penalizar a los solicitantes de asilo o a los refugiados, violando así, el principio de no castigo de derecho internacional. Por otra parte, a las migrantes y refugiadas que han sido víctimas de violencia basada en género, también se les podría negar la entrada al Reino Unido. Asímismo, aumentaría la probabilidad de privación arbitraria de la ciudadanía, la cual tiene una historia enraizada en el racismo y la discriminación, aumentando, además, el riesgo de apatridia. El proyecto de ley instrumentaliza las preocupaciones de seguridad nacional, aumentando los riesgos de discriminación y de graves violaciones de derechos humanos. Contraviniendo directamente las numerosas declaraciones públicas del gobierno británico sobre la lucha contra el tráfico de personas y la esclavitud moderna.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) le pide a la Cámara de los Comunes que rechace el proyecto de ley, al ser una violación directa al derecho intrenacional de los derechos humanos. Este proyecto tendría efectos devastadores para los más vulnerables de la sociedad, incluidos los grupos minoritarios, las mujeres y los niños. Las consecuencias negativas de esta legislación superan los beneficios, incrementando la oportunidad para las organizaciones de trata de personas de explotar a los refugiados y migrantes que buscan refugio en el Reino Unido.
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