De: Marc Gancedo/GICJ
En la frontera polaca, se está produciendo el último episodio de la “crisis migratoria” Europea. Los flujos migratorios alcanzaron su cúlmen tras la llegada de los solicitantes de asilo provenientes de la guerra en Siria y los conflictos en Afganistán e Iraq y, desde entonces, han sembrado una gran división en la toma de decisiones europea.
Los últimos acontecimientos en la frontera polaca han demostrado ser especialmente complejos al ser fruto de una crisis diplomática entre Polonia y Bielorrusia. La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos impusieron sanciones sobre Bielorrusia a razón de la violaciones de derechos humanos y los ataques a la democracia y las normas internacionales. Consecuentemente, Bielorrusia empezó a empujar a la población migrante hacia la frontera polaca. El hecho de que esta crisis en particular viene como una manifestación de represalia procedente de Bielorrusia tras las sanciones impuestas por la UE no excusa la falta de compromiso y unidad que Europa ha mostrado a la hora de resolver la desastrosa situación humanitaria. Muchas personas han perdido sus vidas en la frontera, donde entre 2000 y 3500 continúan desamparadas en tiendas de campaña en medio de un enfrentamiento en el que nadie asume responsabilidades. Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos declaró: “Es una situación terrible, estamos viendo a gente en circunstancias terribles, en frío extremo, incluso hay informes de que ha habido muertos”[1]. También se estima que al menos el 50% de la gente desamparada en la frontera son mujeres y niños.
Las actitudes hostiles y las políticas adoptadas por los estados miembros de la UE son intolerables y se encuentran en contradicción directa a los valores de derechos humanos de la Unión Europea. No se puede permitir que el gobierno polaco y los demás países europeos fronterizos sigan construyendo cercas y alambres de espino que pongan en peligro la integridad de los migrantes y refugiados. Esto resulta especialmente preocupante puesto que las regiones colindantes han sido cerradas a periodistas y ONGs que no tienen acceso alguno al terreno y que no pueden llevar a cabo sus tareas de reportaje y monitoreo. Tras el estado de emergencia iniciado en septiembre, Polonia niega el acceso a la zona de emergencia que es la frontera polaca con Bielorrusia. Este tipo de censura no tiene cabida en la Unión Europea y el periodismo no debería ser restringido de ninguna manera puesto que la transparencia es fundamental para la rendición de cuentas.
Los países fronterizos de la UE han sido abandonados por la Unión Europea que continúa sin adoptar una política fronteriza cohesionada que sea respetuosa de las necesidades humanitarias y los estándares de derechos humanos y asegure una distribución equilibrada de la migración. La falta de consenso en la Unión Europea ha llevado a que algunos estados miembros tomen cartas en el asunto por su cuenta y apliquen políticas de fronteras tremendamente duras. Polonia es uno de esos estados en los que el aumento de la migración ha despertado un sentido de alarma que junto a ideas extremistas ha desembocado en una política migratoria brutal. Hace tan solo un mes, el Parlamento polaco legisló para permitir las devoluciones en caliente, que constituyen una infracción del derecho europeo e internacional [2].
Geneva International Centre for Justice hace un llamamiento para que la Unión Europea investigue estos sucesos y asegure que Polonia asuma responsabilidades por la violaciones del derecho de asilo europeo y las obligaciones internacionales. Polonia debe actuar en virtud a la Convención Europea de Derechos Humanos [3]. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado estacionadas en la frontera deben respetar el derecho internacional y actuar bajo el principio consuetudinario de proporcionalidad. Así mismo, las muertes documentadas deben ser investigadas. Además, recordamos que el principio de no devolución está inscrito en el derecho internacional de tratados desde la Convención del Refugiado de 1951 que protege a los refugiados en la frontera polaca de ser devueltos a Bielorussia sin una evaluación previa.
GICJ expresa su preocupación sobre el hecho que la narrativa en torno a la situación se haya centrado exclusivamente en la crisis diplomática entre la UE y Bielorrusia, desatendiendo de este modo la crisis humanitaria. Se debe dar prioridad al bienestar de los migrantes y refugiados que se enfrentan a condiciones climatológicas extremas y a posibles violaciones de derechos humanos de los cuerpos de seguridad locales. La Unión Europea debe tomar medidas contra Bielorrusia por hacer de la migración un arma y poner a los migrantes y refugiados en peligro para avanzar sus intereses políticos. Además, la Unión Europea debe llamar a todos los estados miembros a alinear sus políticas con los valores europeos de derechos humanos.
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