El 48º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
(13 de septiembre – 8 de octubre)
Tema 3 - Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo
Panel de Discusión sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en el Contexto de las Manifestaciones Pacíficas
29 de septiembre
Por: Payton Focht/GICJ
Traducción por: Marc Gancedo
Resumen ejecutivo:
Los manifestantes pacíficos son esenciales para la democracia y un aspecto crucial para los derechos humanos. Desafortunadamente, ha habido un aumento en las amenazas contra manifestantes, poniendo en peligro el derecho fundamental de reunión pacífica.
La pandemia de Covid-19 ha permitido a los gobiernos restringir el derecho de reunión hasta un grado inaceptable, dejando a las personas sin poder disfrutar de la libertad de expresión. Adicionalmente, en todo el mundo ha aumentado el problema de la brutalidad policial contra manifestantes pacíficos. Estos incidentes son abusos de los derechos humanos y deben ser abordados.
La discusión del panel sobre la promoción y la protección de derechos humanos en el contexto de protestas pacíficas en la 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos contaba con la participación de los siguientes panelistas: Clément Nyaletsossi Voule- Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación pacífica, Yuval Shany- Decano en Derecho Internacional Público en la Hebrew University de Jerusalén y antiguo miembro del Comité de Derechos Humanos, Lysa John- Secretaria General de CIVICUS, y el Comisario Luís Carrilho – Asesor para ONU Policía. El principal tema de debate fue la reunión en un mundo tecnológico y de Covid-19.
El derecho de reunión es un derecho humano fundamental que no debería limitarse en la medida en que lo han hecho muchos países. La gente tiene derecho a ser escuchada y cualquier Estado que intente limitar ese derecho debe rendir cuentas en la mayor medida posible.
Discusión de Panel
Declaraciones Iniciales
La Discusión de Panel sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas tuvo lugar en la vigesimosexta reunión de la 48ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, el 29 de septiembre de 2021.
Los derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación están siendo atacados por gobiernos opresivos. En los últimos años se ha producido un marcado aumento de la represión pública mediante la brutalidad policial y restricciones innecesarias al amparo de la covid-19. El estado de los derechos de los manifestantes se ha vuelto crítico en todo el mundo.
En su resolución 44/20, el Consejo reconoció la importancia de los derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación. El Consejo ha expresado su preocupación por el uso indebido de la tecnología por parte del Gobierno, la brutalidad policial, las restricciones sanitarias y el creciente número de manifestantes castigados.
A través de la resolución 44/20, el Consejo reconoció la importancia de los derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación. El Consejo expresó su preocupación por el uso indebido de la tecnología por parte del Gobierno, la brutalidad policial, las restricciones sanitarias y el creciente número de manifestantes castigados.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas, inauguró el panel con un recordatorio de que el derecho de reunión es un derecho global y universal que se encuentra en el corazón de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Declaró que uno de los aspectos cruciales de la reunión es el feedback que proporciona a los Estados, al ser una ventana para conocer las necesidades de la gente. Abordó la necesidad de adoptar rápidamente políticas eficaces y de prevenir el mal uso de la tecnología para restringir los derechos de los manifestantes. Culminó su intervención recordando al Consejo la necesidad de proteger a los manifestantes pacíficos.
El Segundo orador fue Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y asociación. Mencionó que el Artículo 12 protege tanto las protestas en línea como las reuniones presenciales. Esta es una preocupación creciente, ya que la población ha desarrollado una mayor dependencia de la presencia en línea.
Destacó que la creciente tendencia al uso de la fuerza y la idea de que las manifestaciones presentan un riesgo a la seguridad son preocupantes puesto que no es así como los Estados deben observar el derecho de reunión pacífica. También añadió que ha habido un preocupante aumento del uso indebido de la tecnología por parte de los Estados para intentar silenciar a los manifestantes. Mencionó que los Estados utilizan la vigilancia masiva, crean odio, difunden información falsa, silencian a los manifestantes y los acosan, y crean apagones de Internet para impedir las protestas. El acceso a la justicia es esencial para garantizar la responsabilidad. Recordó que los Estados no pueden utilizar la pandemia para recurrir a la fuerza y no permitir el desarrollo de manifestaciones puesto que esto es un derecho intrínseco del pueblo. A la luz de esto, la interpretación de lo que es motivo para restringir las protestas ha aumentado drásticamente y debería limitarse una vez más. Afirmó que los Estados son un régimen autoritario si restringen las protestas más allá de lo razonable.
Yuval Shany es Decano en Derecho Internacional Público y antiguo miembro del Comité de Derechos Humanos y fue el tercer ponente. Cubrió el alcance del derecho de reunión aclarando que éste no cubre la reunión violenta ni incluye los incidentes aislados. Los Estados deben facilitar un entorno propicio para las protestas pacíficas; deben proteger a los manifestantes; permitir la reunión espontánea; y garantizar que los organizadores de las protestas sólo sean responsables de sus acciones, no de las acciones de otros. Las restricciones no pueden utilizarse para sofocar el derecho, sino que deben ser equilibradas, y es imperativo capacitar a los oficiales sobre cómo manejar a los manifestantes. Con respecto a la tecnología, la reunión en línea, las comunicaciones, etc. necesitan ser protegidos y las interferencias son ilegales a menos que estén justificadas.
Lysa John, es la Secretaria General de CIVICUS. Enfatizó que los derechos de las personas estaban siendo arrebatados con restricciones arbitrarias y actuaciones policiales violentas. Señaló que había pruebas de un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en al menos 79 países y que más de 100 Estados habían detenido a manifestantes bajo restricciones asociadas a la Covid-19. Señaló que los Estados tienen responsabilidades activas e inactivas que deben cumplir. La secretaria hizo mención de 4 desafíos claves. El primero es la falta de cláusulas de caducidad en las leyes de emergencia utilizadas para reprimir las protestas. En segundo lugar, el uso de cierres selectivos de Internet impuestos a manifestantes y grupos minoritarios. En tercer lugar, la inteligencia artificial es utilizada para identificar y acosar a los manifestantes a través del reconocimiento facial. Por último, se utilizan restricciones financieras contra los líderes de los movimientos. Deben tomarse medidas para asegurar que todas las regulaciones estatales para limitar el derecho de reunión son razonables. De no ser así, los cargos deben ser retirados, los prisioneros liberados y las penas individualmente revisadas. La comunidad internacional debe mantener reglas consistentes cuando se trata de los derechos de los manifestantes. Todos debemos ser más responsables.
El último panelista fue el Comisario Luís Carrilho, Asesor Policial para las Naciones Unidas. Declaró que el objetivo de la policía de la ONU era servir y proteger a la población. Acentúo la importancia de adoptar un enfoque consistente a la hora de tomar medidas policiales en las manifestaciones al ser la seguridad ciudadana la prioridad principal. La policía y el ejército deberían ser dotados de herramientas para crear un diálogo que se preste a la mediación y a estrategias de desescalada proactiva. La formación del personal policial es una de las principales prioridades de la protección de los derechos de los manifestantes.
Todos los panelistas coincidieron en que las principales amenazas al derecho de reunión en el mundo actual son las nuevas tecnologías, la falta de capacitación, Covid-19 y la falta de responsabilidad. Las tecnologías implican que los gobiernos sofocan la planificación de asambleas y protestas en línea con apagones.
Asimismo, hay pruebas de que los gobiernos usan la tecnología para hacer seguimiento y acosar manifestantes, activistas y periodistas. La segunda cuestión sobre la cual los panelistas estuvieron de acuerdo fue la necesidad de fortalecer la capacitación para revertir la tendencia de la violencia estatal dirigida contra los manifestantes. Sobre esta cuestión, Clément Nyaletsossi Voule acentuó la importancia del intercambio de experiencias y la necesidad de que la comunidad internacional se una para compartir lo que funciona y lo que no a la hora de combatir este problema.
La pandemia de Covid-19 ha concedido erróneamente a los gobiernos una excusa para limitar las protestas pacíficas en nombre de la salud pública. Aunque la limitación se consideró aceptable, la falta de cláusulas de caducidad se ha convertido en un problema. Yuval Shany se hizo eco de que la reunión es esencial, no un lujo, y que es imperativo que los gobiernos la vean como tal.
La falta de rendición de cuentas es un problema en muchos países del mundo y el creciente recurso a la fuerza por los gobiernos resulta extremadamente preocupante. Para abordar y corregir este problema, deben asumirse responsabilidades a nivel nacional e internacional.
El Comisario Luís Carrilho se refirió al objetivo de la Policía de las Naciones Unidas, el cual es servir y proteger con enfoques consistentes y armonizados a través del mundo. Abordó la importancia de contar con agentes de policía debidamente formados que puedan, en caso necesario, entablar un diálogo, ofrecer mediación o llevar a cabo estrategias proactivas de desescalada si fuera necesario durante una protesta.
Declaración de las delegaciones participantes
Estados Unidos de América señaló el creciente número de casos de represiones gubernamentales en torno a reuniones pacíficas e instó a todos los gobiernos a respetar este derecho humano. La delegación mencionó las manifestaciones en Cuba que transcurrieron el 11 de julio en la que los manifestantes fueron contrarrestados con violencia y represión. Hubo manifestantes detenidos y muchos se enfrentan a procesos no judiciales.
En Nicaragua, según Estados Unidos, resulta alarmante la represión gubernamental contra la oposición política, especialmente de cara a las elecciones de noviembre. Por último, la delegación mencionó a Afganistán y la negación de las protestas por parte de los talibanes, los EE.UU. reiteran que cualquier gobierno en Afganistán debe proteger este derecho de reunión.
La delegación de Iraq quiso reiterar su respeto por el compromiso de proteger la reunión pacífica. Los poderes de su gobierno harán cumplir el derecho de todos a la reunión pacífica. Las redes sociales pueden también ser una forma en la que la gente expresa información engañosa que hace peligrar la paz y causa caos. Iraq preguntó al panel cómo dar respuesta a las llamadas “fake news”.
La delegación colombiana declaró que el bloqueo al derecho a la sanidad, la comida y la vida no son aceptables bajo ninguna manifestación. La delegación preguntó cómo se podía prevenir la utilización de las redes sociales como una herramienta para fomentar el odio, la violencia y el vandalismo.
UNESCO centró su mirada en el periodismo y cómo aquellos que desempeñan el oficio han sido oprimidos y negados de este derecho durante años. Han sido atacados, arrestados, intimidados, puestos bajo vigilancia y testigos de cómo el gobierno dañaba su equipamiento. En los últimos 5 años especialmente, ha habido informes de mujeres periodistas siendo objeto de ataques y, en muchos casos, con total impunidad y sin justicia al respecto. La delegación acentuó la necesidad de que los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados sean formados respecto a distintas cuestiones relativas a las manifestaciones pacíficas.
En el debate siguiente, las organizaciones de la sociedad civil prestaron atención a cuestiones importantes concernientes a los niños y el derecho a la manifestación. Enfatizaron el hecho de que los niños y niñas tienen derecho a ejercer el derecho de reunión y que los gobiernos deben crear las condiciones y el entorno propicio para que esto sea posible. Se hizo mención de que en ocasiones los niños y niñas son objetivo de los gobiernos durante las manifestaciones. Esta cuestión debe llegar a oídos de la comunidad internacional, así como de los gobiernos del mundo para asegurar que los niños y niñas puedan tomar parte en el disfrute de este derecho.
Conclusiones Finales
El panel fue concluido con las observaciones finales de los ponentes. Clément Nyaletsossi Voule declaró que las acciones de los Estados deben estar de acorde con lo que se dice y deben tener un compromiso con la tecnología. También subrayó la importancia de compartir experiencias para invertir la tendencia de la brutalidad policial, y que es imprescindible la rendición de cuentas con procesos judiciales a nivel nacional e internacional. Yuval Shany señaló que hay algunas buenas prácticas que todavía permiten la reunión, como las máscaras y el distanciamiento. La reunión es esencial, no un lujo, y los Estados deben considerarla como tal.
Posición de Geneva International Centre for Justice
A GICJ le gustaría reiterar que las manifestaciones pacíficas son uno de los pilares de la democracia y que el derecho de reunión debería ser protegido. Los límites impuestos en el derecho de reunión a razón del Covid-19 han ido demasiado lejos en todo el mundo. GICJ considera que lo que está ocurriendo es un grave abuso de poder y de la tecnología por los gobiernos, y que la comunidad internacional debe tomar pasos para asegurar que este patrón no continúe empeorando.
En Irak específicamente, es bien sabido que el gobierno iraquí ha estado atacando a los manifestantes que se oponen a ellos políticamente, los individuos están siendo secuestrados y detenidos sin el debido proceso. El pueblo iraquí lleva protestando y pidiendo el fin de la impunidad desde 2019. La comunidad internacional debe hacer todo lo que esté en sus manos para que las personas que cometan graves violaciones de derechos humanos en Irak rindan cuentas. La ONU debe hacer que las autoridades iraquíes rindan cuentas por los crímenes cometidos contra los manifestantes y debe poner fin a la violencia y a los trastornos que están causando.
Los Estados del mundo que han desatendido su deber para con su pueblo y han impuesto restricciones innecesarias sobre los manifestantes o han recurrido a la fuerza contra estos, deben rendir cuentas. Debe haber investigaciones independientes sobre los casos de brutalidad, el uso indebido de las restricciones sanitarias y el uso indebido de la tecnología. Toda persona en cualquier país merece que este derecho democrático básico sea protegido, no se debe permitir que los Estados que no respetan este derecho humano continúen con este maltrato.
