Publicación original por: Nora Futtner

Traducción al español por: Laura Calderón Pachón

El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el Día Mundial de la Justicia Social se celebrará anualmente el 20 de febrero. Este año, de acuerdo con los desafíos actuales creados y expuestos por la pandemia en curso, del COVID-19, el llamado es al cumplimiento de la justicia social en la economía digital.

En marzo del año pasado, los peligros para la salud de la interacción cara a cara obligaron a muchas empresas y negocios de todo el mundo a digitalizar su trabajo. A medida que la pandemia continúa, y ahora entra en su segundo año, los entornos de trabajo digitales se han transformado de ser una solución temporal a una realidad permanente. Se han aprendido muchas lecciones durante este proceso, incluyendo los pros y los contras de este nuevo método de trabajo.

Un impacto positivo del “teletrabajo” ha sido la oportunidad que tienen las personas sin disponibilidad de trabajar una jornada completa en una oficina como: las madres, las personas con discapacidad, los jóvenes, los migrantes y los refugiados para incursionarse en la vida laboral. Esto ha permitido que las personas tengan la oportunidad de trabajar cuando puedan e incluso fuera de la jornada laboral establecida. Los confinamientos y cuarentenas durante el COVID-19 fueron especialmente críticos para las familias con niños pequeños porque requerían de la disponibilidad para cuidar a sus hijos mientras estaban en escuela virtual. Trabajar desde casa también se ha relacionado con un aumento de la productividad, incluso entre los "trabajadores del conocimiento" cuyos resultados son más subjetivos y, por lo tanto, más difíciles de seguir.  De esta manera, la transición a una economía digital podría ser una herramienta para reducir la desigualdad y ampliar la fuerza laboral, aumentando efectivamente la justicia social.

Sin embargo, la realidad del trabajo desde casa no ha alcanzado su potencial. En primer lugar, ha exacerbado las desigualdades de género ya existentes. Las mujeres, que a menudo llevan la carga del cuidado de los niños en las familias, han reportado tener dificultades para mantener un equilibrio sano entre el trabajo y la vida mientras trabajan desde casa. El cuidado de los niños, las tareas domésticas, junto con el estrés de tener que cumplir con un horario habitual de trabajo; han obligado a muchas mujeres alrededor del mundo a dejar sus trabajos. Es clave abordar esta realidad que ha venido de la mano con la afluencia del trabajo en línea.

La economía digital se basa en una conexión rápida y eficiente entre las personas y las empresas. Aquellos que carecen de recursos financieros y la capacidad operativa para mantenerse al día con la tecnología, son dejados afuera y a menudo no pueden competir en el mercado. Cuando los negocios iniciaron a ponerse en línea, alrededor del mes de marzo del año pasado, las personas acostumbradas a la tecnología se apresuraron a comprar computadoras portátiles con mejores cámaras para sus reuniones de Zoom y mejoraron sus redes de WIFI para sus oficinas en casa. Las empresas más grandes, muchas de las cuales ya se inclinaban por el trabajo en línea incluso antes de la pandemia, ya tenían el presupuesto y la competencia institucional para comprar la tecnología necesaria para hacer la transición al trabajo en línea. Contrariamente, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas sin ingresos disponibles han tenido más dificultades logísticas a la hora de trabajar en línea.

También es importante reconocer que muchas comunidades de todo el mundo carecen de acceso a infraestructura digital confiable, especialmente en el sur global. En 2018, el 80% de los europeos disponían de Internet fiable en comparación al acceso inferior del 25% de las personas en el África subsahariana. Así las cosas, Europa es la región que cuenta con mayor acceso a Internet mientras que África es la más baja. Se estima que el 47% de la población mundial no usa Internet, principalmente debido a la falta de disponibilidad de una red móvil o a una disponibilidad inadecuada.

Además, resulta más costoso el servicio de internet en lugares cuya disponibilidad tecnológica es limitada. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, "en 19 de los países menos desarrollados, el precio de 5 GB de banda ancha fija es superior al 20 %  del ingreso nacional bruto mensual per cápita". Las empresas que intentan prosperar en un entorno de este tipo con poca o ninguna infraestructura digital, deben superar desafíos inhumanos para acceder a la economía digital. Durante las continuas restricciones de la pandemia COVID-19, la exclusión del trabajo y los mercados digitales podría augurar el fin de muchos de los negocios.

Si bien es probable que la pandemia de coronavirus retroceda en 2021, el trabajo digital probablemente llegó para quedarse. Empresas como Twitter y Facebook han anunciado que la mayoría de sus trabajadores podrán trabajar desde casa de manera indefinida. Resulta crucial abordar las desigualdades dentro de la economía digital; ayudar al trabajo digital y a las empresas para que alcancen su potencial como creador de oportunidades.

Hoja de ruta del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cooperación Digital

- Aquí podrá conocer el documento oficial de la ONU: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F74%2F821&Language=S&DeviceType=Desktop

En junio del 2020, pocos meses después de que los primeros cierres del coronavirus aumentaran el número de las plataformas digitales, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dio a conocer la "Hoja de ruta para la cooperación digital". Este documento se basa en las recomendaciones del Panel de Alto Nivel para la Cooperación Digital del Secretario General que tuvo lugar entre el 2018 y 2019 y se basó en las discusiones con las partes interesadas del gobierno, las instituciones académicas y la sociedad civil. El informe describió un conjunto de ocho acciones que pueden adoptar las partes interesadas para orientar su política y, en última instancia, aumentar la justicia social en la economía digital.

Las acciones son:

El fondo de la Justicia Social

La 'Justicia Social' es una teoría política y filosófica que busca promover la igualdad de acceso a la riqueza y las oportunidades para todos los individuos de una sociedad. El concepto de justicia social se utilizó por primera vez en relación con las diferencias de clase observadas en la Europa del siglo XIX. En ese momento, debido a la explotación laboral y la desigualdad de clases que se presentaba en la mayoría de las sociedades europeas, los defensores de la justicia social estaban preocupados por los asuntos económicos. Con el paso del tiempo, el concepto de justicia social ha cambiado, de enfocarse en las divisiones de clases se pasó a un énfasis en las divisiones de clases y hacia otras causas de desigualdad en la sociedad, como la raza, el sexo, el género, la etnia o la religión. Las acciones dirigidas al aumento de la justicia social pueden y deben perseguirse a nivel local, nacional, internacional, y en los sectores privados, públicos y civiles.

A nivel internacional, la justicia social es un pilar fundamental para el cumplimiento de los principios de las Naciones Unidas, especialmente en materia de derechos humanos. Cuando defendemos estos principios, luchamos por la promoción de una sociedad pacífica y próspera con desarrollo sostenible, con respeto al medio ambiente, a los derechos de los hombres y de las mujeres, de los niños, los migrantes, los refugiados y a la lucha para eliminar cualquier tipo de discriminación por cuestiones de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la importancia fundamental de la justicia social y su interconexión con la paz, la seguridad, los derechos humanos y las libertades fundamentales. La justicia social hoy en día es una brújula encaminada a la promoción y protección de la paz, la seguridad y los derechos humanos en todas las naciones y regiones del mundo.

Varios Estados se han comprometido a promover la justicia social a nivel internacional, y entre el 6 y el 12 de marzo de 1995 se adoptó la "Declaración sobre el Desarrollo Social y el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social" también conocida como la Declaración de Copenhague. Esta declaración reconoció que el problema social de la desigualdad existe en todos los países y que crea obstáculos para lograr el desarrollo sostenible. En referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, los Estados Partes de la Declaración de Copenhague reconocieron que:

“(...) la convicción de que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para lograr el mantenimiento de la paz y la seguridad en nuestras naciones y entre ellas. Entonces, el desarrollo social y la justicia social no pueden lograrse si no hay paz y seguridad o si los derechos humanos y las libertades fundamentales no son respetados.”

En el 24º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio y julio del 2000 llamada "Cumbre Mundial para el Desarrollo Social y más allá: lograr el desarrollo social para todos en un mundo globalizado", las naciones reafirmaron sus obligaciones internacionales; la Declaración de Copenhague de 1995 y los principios de las Naciones Unidas, así como la necesidad de que los Estados redoblen sus  esfuerzos a fin de garantizar un desarrollo adecuado a la justicia social.

El 10 de junio de 2008, la Organización Internacional del Trabajo adoptó la "Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa", basada en los principios y políticas anteriores de la OIT que fueron articuladas en la Declaración de Filadelfia de 1944 y en la Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1988. La declaración promueve el logro de cuatro objetivos: empleo, protección social, diálogo social y principios y derechos fundamentales en el trabajo. Con la adopción de este texto, 187 Estados miembros reafirmaron su compromiso para lograr el progreso y la justicia social en el contexto de la globalización.

Cabe señalar que estos documentos fueron redactados mucho antes de que iniciara la  revolución tecnológica mundial y la dependencia de la economía digital que ha generado el COVID-19. La prevalencia de la tecnología requiere entonces nuevos acuerdos internacionales que se enfoquen en cómo abordar la justicia social en estos ámbitos.

Posición del GICJ

El Geneva International Centre for Justice (GICJ) considera que es menester reconocer la importancia de la justicia social para lograr el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos y que además, resulta esencial para garantizar sociedades justas e igualitarias. El objetivo del Día Internacional de la Justicia Social es crear conciencia para que las personas y los gobiernos luchen juntos para lograr una vida con igualdad, justicia y dignidad para todos. El tema de este año tiene como objetivo fomentar el diálogo con las partes interesadas, incluidos los Estados miembros y las instituciones de las Naciones Unidas para que juntos, puedan superar la brecha digital y puedan abordar las desigualdades dentro de la economía digital que fueron enaltecidas por la pandemia COVID-19. A pesar de las dificultades actuales, el GICJ cree que existe un gran potencial para que la economía digital avance en la justicia social y ha proporcionado algunas recomendaciones para la promoción de dicho objetivo.

Recomendaciones del GICJ

• Todos los Estados deberían adoptar medidas para aplicar las ocho esferas de acción articuladas en la "Hoja de ruta para la cooperación digital" del Secretario General.
  • GICJ desea destacar específicamente la importancia de lograr la conectividad universal para garantizar que todos tengan acceso a la economía digital.
• GICJ recomienda a todas las partes interesadas en seguir dialogando entorno a los esfuerzos, el seguimiento y la regulación del trabajo en línea, de modo que se cumplan con los diferentes estándares internacionales del trabajo. Esto se aplica especialmente a las jornadas laborales de tiempo parcial, los contratos flexibles y las nuevas plataformas que actualmente no están sujetados a las mismas regulaciones como los negocios tradicionales.
• Garantizar la igualdad, especialmente en términos salariales y oportunidades de promoción entre los que deciden seguir trabajando desde casa y los que regresan a la oficina.

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