HRC57: Por qué la detención arbitraria debería ser una preocupación para todos los Estados
El 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
9 de septiembre - 11 de octubre de 2024
Punto 3: Diálogo interactivo con el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
17 de septiembre de 2024
Por Mildred Asiimwe / GICJ
Traducido por Juanita Beltrán / GICJ
Resumen ejecutivo
El 17 de septiembre de 2024, la 14ª sesión del 57º período regular de sesiones del Consejo de Derechos Humanos examinó el informe del Dr. Matthew Gillett, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
El Dr. Gillett inauguró el diálogo presentando las conclusiones de las visitas a las Bahamas y México. El informe se centró en las medidas positivas adoptadas por los dos países para abordar la detención arbitraria, la información extraída de las entrevistas entre los miembros del Grupo de Trabajo y las personas detenidas, los puntos de preocupación y las recomendaciones a los Gobiernos de México y las Bahamas.
El Dr. Gillett informó que en 2023, el Grupo de Trabajo adoptó 77 opiniones sobre la detención de 173 personas en 39 países, transmitió 71 llamamientos urgentes a 28 gobiernos y otros actores, y 111 cartas de denuncia y otras cartas a 56 gobiernos y otros actores.
Señaló que esas comunicaciones se referían al menos a 354 personas identificadas. El informe destacó que desde 2023 se habían puesto en libertad a 38 personas que habían sido objeto de las opiniones del Grupo de Trabajo, lo que representa un aumento del 65% con respecto a 2022. El Grupo de Trabajo expresó su gratitud a los gobiernos que habían puesto en libertad a detenidos sujetos a sus opiniones. Sin embargo, señaló la preocupación del Grupo por la disminución de las tasas de respuesta de los Estados del 48% en 2022 al 40% en 2023. El Grupo de Trabajo recibió información de seguimiento en aproximadamente el 69% de los casos en los que adoptaron opiniones.
El Dr. Gillet instó a todas las partes a que siguieran proporcionando información completa sobre la aplicación de las opiniones del Grupo de Trabajo, en particular sobre los recursos y las reparaciones adecuados para las víctimas de detención arbitraria. Recordó las resoluciones 12/22 y 24/24 del Consejo de Derechos Humanos, en las que se insta a todos los Estados a prevenir y abstenerse de todas las formas de detención arbitraria y de negación del derecho a la libertad.
Contexto
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue creado por la antigua Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1991/42. Su mandato tiene por objeto garantizar la protección del derecho a la vida y a la integridad física, la intolerancia religiosa y otros derechos.
El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos y celebra tres sesiones al año: una en abril, otra en agosto y otra en noviembre. Los miembros del Grupo de Trabajo eligen cada año su Mesa, que está compuesta por el Presidente-Relator, el Vicepresidente de Comunicaciones y el Vicepresidente de Seguimiento. El Dr. Gillett fue nombrado Presidente-Relator en abril de 2022, mientras que el mandato del Grupo de Trabajo fue prorrogado por la resolución 51/8 del Consejo de Derechos Humanos el 6 de octubre de 2022. El mandato del Grupo de Trabajo ha sido renovado por el Consejo cada tres años desde 2006.
Informe de la visita del Grupo de Trabajo a México
El Dr. Gillett informó que el Grupo de Trabajo visitó México del 18 al 29 de septiembre de 2023, donde visitó cuatro instalaciones federales y 11 estatales y municipales, y entrevistó a 173 personas detenidas.
El Grupo elogió a México por las siguientes medidas positivas adoptadas para abordar la detención arbitraria:
- Desde 2008, se ha producido una transición hacia un modelo de justicia penal adversarial y centrado en los derechos humanos.
- Mejoras en 2016 en virtud de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
- La creación de un registro nacional de arrestos y detenciones.
- Se necesitan modificaciones legislativas para limitar el uso de los tribunales militares y el funcionamiento de las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos.
- Creación de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura.
Sin embargo, el Grupo de Trabajo señaló varias cuestiones preocupantes, entre ellas:
- Uso de la prisión preventiva sin cargos penales.
- Imposición obligatoria de la prisión preventiva.
- Militarización de la seguridad pública.
- Uso excesivo de fuerza durante las detenciones.
- Falta de acceso a representación jurídica calificada, incluidos los casos que involucran a menores.
- Utilización de procedimientos de juicio sumario y presión sobre los acusados para que se declaren culpables.
- Políticas punitivas sobre drogas.
- Ataques a la independencia judicial.
- Falta de atención adecuada a las personas con discapacidad psicosocial que son declaradas exentas de responsabilidad penal.
El Dr. Gillett expresó su agradecimiento al Gobierno de México por su cooperación durante toda la visita y transmitió la voluntad del Grupo de Trabajo de continuar un diálogo constructivo sobre las cuestiones mencionadas anteriormente.
Informe de la visita del Grupo de Trabajo a las Bahamas
El Grupo de Trabajo visitó las Bahamas en noviembre de 2023. Realizó visitas anunciadas y no anunciadas a 10 centros y entrevistó a 134 personas privadas de libertad. El Grupo de Trabajo elogió al Gobierno de las Bahamas por las diversas medidas positivas adoptadas para abordar la detención arbitraria, entre ellas:
- La ratificación de los principales tratados internacionales de derechos humanos y las invitaciones a todos los procedimientos especiales.
- Presentación de un proyecto de ley para introducir la figura del Defensor del Pueblo en 2023.
- La aprobación de la Ley de Salud Mental.
- La creación de una Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos
- El ingreso de personas con necesidad de asistencia vital en instituciones asistenciales del Estado de forma voluntaria.
El Grupo de Trabajo observó con preocupación los siguientes desafíos:
- Continúan las detenciones sin orden judicial.
- Falta de supervisión judicial oportuna de las detenciones y denuncias de violencia contra los detenidos.
- Deficiencias de los sistemas de fianzas.
- El derecho a la asistencia jurídica está limitado por los medios económicos de los acusados.
- Las condiciones de detención no cumplen los estándares internacionales; los detenidos en prisión preventiva a menudo son recluidos junto con personas condenadas.
- Retrasos en los procesos penales.
El Grupo de Trabajo informó sobre preocupaciones específicas respecto de los niños y la justicia juvenil, donde la edad de responsabilidad penal no se ajusta a las normas internacionales, los niños no pueden acceder a la asistencia jurídica del gobierno y los detenidos no pueden acceder a visitas educativas y familiares regulares.
En cuanto a la migración en las Bahamas, el Grupo de Trabajo observó con preocupación las barreras a la interpretación de la representación jurídica, la asistencia consular y el acceso a los procedimientos de asilo, y la falta de servicios comunitarios para personas con discapacidad psicosocial, lo que ha dado lugar a que algunas personas permanezcan institucionalizadas.
El Dr. Gillett acogió con agrado las invitaciones de Australia y la República de Corea para visitar el país en 2025, así como las de varios otros países. Además, mencionó que el Grupo de Trabajo se enfrentaba a problemas de acumulación de trabajo y a los efectos adversos de la crisis financiera de las Naciones Unidas, e instó a los Estados a que siguieran apoyando la labor del Grupo para garantizar que hubiera recursos humanos suficientes que les permitieran ejercer su mandato.
Para concluir, el Dr. Gillett reiteró el llamamiento que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 4 de enero de 2023 para poner fin a las detenciones arbitrarias de una vez por todas. Además, instó a los Estados a remediar sin demora la situación de todas las personas detenidas arbitrariamente, lo que incluye garantizar la liberación y el derecho a una indemnización.
La delegada de Bahamas expresó su gratitud por el informe del Grupo de Trabajo y acogió con satisfacción el informe positivo del grupo sobre las medidas adoptadas por su gobierno para poner fin a las detenciones arbitrarias. Aclaró además que el Gobierno de Bahamas ha aplicado varios mecanismos para abordar las detenciones arbitrarias. El primero es la Ley de Pruebas de Bahamas, que prohíbe la admisión de pruebas obtenidas bajo coacción y que las entrevistas policiales con los sospechosos se graban para garantizar la transparencia. El segundo es garantizar que las condenas en Bahamas se basen en confesiones y en la colaboración, pruebas sólidas y convincentes como las grabaciones de las cámaras de vigilancia de los hogares y las cámaras de vigilancia del Gobierno. Los tribunales no tienen atrasos, resuelven sus calendarios de apelaciones con prontitud y han sido reconocidos por el Consejo Privado.
Siguiendo el asesoramiento del Grupo de Trabajo, el Gobierno de las Bahamas ha introducido las siguientes reformas: el Proyecto de Ley de Asilo, el Proyecto de Ley de Inmigración, el alcance de los delitos por los cuales los magistrados conceden libertad bajo fianza, el establecimiento del comité de implementación para asegurar que las normas de detención cumplan con los estándares internacionales, la introducción de monitores de tobillo para quienes esperan juicio y la finalización de los centros de detención de inmigrantes en 2023.
Para hacer frente a los problemas de salud, el Gobierno de las Bahamas ha establecido nuevos centros de salud en algunos centros de detención y está modernizando las instalaciones del Departamento de Servicios Correccionales para que cumplan las normas internacionales. Se han elaborado planes para la construcción de nuevos juzgados y la remodelación del Departamento de Servicios Correccionales de las Bahamas con el fin de mejorar las condiciones de vida de los reclusos. Se han digitalizado los tribunales y se ha hecho que los procedimientos judiciales sean más accesibles al público, y se ha creado un sistema de solicitud de libertad bajo fianza en línea que agiliza la tramitación de la fianza. Informó a los delegados de que el Gobierno de las Bahamas está trabajando con el ACNUDH para introducir la oficina regional del ACNUDH con el fin de crear capacidad en materia de derechos humanos.
La Delegada mencionó los siguientes desafíos que enfrenta la isla en la implementación de los derechos humanos:
- La ubicación geográfica de las Bahamas las hace susceptibles a cambios climáticos adversos.
- La necesidad de duplicar servicios debido a la composición geográfica de las Bahamas como archipiélago pone a prueba las capacidades humanas y financieras del gobierno en todas las áreas, “incluidos los derechos humanos”.
- Subrayó que el número recurrente de desastres naturales supone una carga adicional para las presiones de gobernanza, incluidos los sistemas de justicia y de derechos humanos, e instó a la comunidad internacional a ayudar a las Bahamas teniendo en cuenta las vulnerabilidades únicas que enfrenta la isla.
Por último, agradeció al Grupo de Trabajo su compromiso y reafirmó el compromiso del país con la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También dijo que el Gobierno esperaba seguir colaborando con el CDHNU en el futuro.
La delegada de México valoró el reconocimiento del Grupo de Trabajo de las medidas positivas adoptadas por México para poner fin a la detención arbitraria y reiteró que México está abierto al diálogo y al escrutinio internacional como un paso para poner fin a la detención arbitraria. Informó que México ha avanzado en materia de derechos humanos con la introducción de varias reformas como la reforma constitucional de 2011, que se centra en los derechos humanos, y la asignación de defensores públicos en aproximadamente el 95% de los casos en que se acusa a personas de delitos graves. Reconoció que México aún enfrenta desafíos, como se menciona en el informe, e informó que el país ha tomado medidas importantes para abordarlos. Discrepó con la observación de que la detención arbitraria es un hecho común en México y mencionó que el sistema de arraigo rara vez se utiliza en el sistema de justicia.
El delegado de Lituania, hablando en nombre de Polonia, Ucrania y Lituania, agradeció al Grupo de Trabajo por su informe. Afirmó que R
La delegada de Australia afirmó que su Gobierno se opone firmemente a las detenciones arbitrarias y le preocupa que algunos países utilicen la detención arbitraria como herramienta diplomática. Señaló que las personas deben tener libertad para vivir, trabajar y viajar sin temor a ser detenidas arbitrariamente. A este respecto, Australia seguirá creando una sólida coalición de Estados para disuadir las detenciones arbitrarias y colaborando con la comunidad internacional para mitigar colectivamente los efectos de la detención arbitraria sobre las personas y sus familias. Preguntó: “¿Qué medidas puede adoptar el Consejo de Derechos Humanos para impulsar esta labor?”
La delegada de Chile agradeció al Grupo de Trabajo su informe. Expresó su preocupación por el hecho de que la mayoría de los casos presentados al Grupo de Trabajo se relacionaban con la detención de opositores políticos, disidentes y personas que ejercían sus derechos civiles y políticos. Señaló a Venezuela e Israel como autores de violaciones de los derechos humanos al imponer detenciones ilegales, infundir miedo entre los ciudadanos y utilizar la ley para restringir indebidamente la libertad de expresión y negar el derecho a un juicio justo. Reiteró los llamamientos de otros delegados en el sentido de que sólo mediante el escrutinio internacional se pueden abordar las detenciones arbitrarias y garantizar los recursos necesarios.
La delegada de Indonesia informó de que su Gobierno estaba profundamente preocupado por el uso persistente de la detención arbitraria por parte de la potencia ocupante en los territorios palestinos ocupados; las detenciones de civiles, menores y trabajadores de la salud sin el debido proceso y los ataques a hospitales son todas violaciones graves del derecho internacional. Para prevenir los abusos de los derechos humanos, incluida la detención arbitraria, el código penal de Indonesia garantiza que no se puede detener a las personas sin motivos legales adecuados, mientras que la ley penitenciaria revisada garantiza la protección de los derechos de los presos, incluido el derecho al debido proceso y a la representación legal. Preguntó: “¿Qué medidas concretas puede recomendar el Grupo de Trabajo para garantizar que la potencia ocupante cumpla las normas internacionales sobre d
La delegada de Sudáfrica informó de que su país es parte en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. La constitución prohíbe las detenciones arbitrarias y reconoce el derecho de las personas a no ser detenidas sin una base legal o un proceso justo. Además, ninguna persona puede ser detenida sin que se le informe de la razón de la detención, y toda persona tiene derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal. Esto protege a las personas de la detención sin una causa justa o un proceso justo, lo que refleja el compromiso de Sudáfrica con los derechos humanos y el estado de derecho. Reiteró el llamamiento del Grupo de Trabajo a todos los Estados para que prevengan y se abstengan de actos de intimidación o represalia contra quienes cooperan o han cooperado con el sistema de las Naciones Unidas y pidió a los Estados que mejoren la cooperación con los mecanismos de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, incluido este Grupo de Trabajo.
La representante de Defensa de los Niños Internacional habló en nombre del grupo de ONG sobre los niños privados de libertad. Agradeció al Grupo de Trabajo por su informe y por centrar su labor en las sentencias obligatorias, y destacó que las consecuencias a largo plazo de las sentencias mínimas son especialmente graves en el caso de los niños. Se hizo eco de que las sentencias automáticas no tienen en cuenta las características únicas de los niños, como la edad, los antecedentes y el potencial de rehabilitación, y en su lugar imponen medidas rígidas y punitivas, y que esas sentencias pueden perturbar la educación del niño y romper los vínculos familiares. Los efectos duraderos suelen incluir la estigmatización, los problemas de salud mental y la reducción de las oportunidades de reintegración positiva en la sociedad.
Instó a los Estados miembros a aplicar programas de desvío accesibles y de alta calidad para evitar que los niños entren en contacto con el sistema de justicia penal y a aplicar las recomendaciones del estudio mundial de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) encomia al Grupo de Trabajo por su informe y exhorta a los gobiernos a que pongan fin a las detenciones arbitrarias de todas las personas. Además, el GICJ insta a los Estados a garantizar procesos judiciales justos y legales sin discriminación.GICJ está particularmente preocupado por los numerosos informes sobre detenciones ilegales y negación de la libertad. Las detenciones ilegales son contrarias a la Declaración Universal de Derechos Humanos, por no mencionar los efectos que tienen sobre las familias de las víctimas de la detención. Por lo tanto, GICJ elogia a los Estados que están tomando medidas para poner fin a las detenciones arbitrarias y llama a otros Estados a seguir su ejemplo.
