En los ocho años transcurridos desde uno de los casos más devastadores y atroces de desapariciones masivas, las familias de los hombres y niños que cayeron víctimas de la milicia iraquí han tenido que lamentar en silencio mientras ven que quienes son responsables de la pérdida de sus seres queridos quedan impunes. A lo largo de este periodo, la comunidad internacional ha demostrado aparentemente una completa falta de cuidado y ha fracasado en tomar cualquier acción significativa contra el gobierno iraquí. Además, debe notarse que el Centro Internacional de Ginebra para la Justicia (GICJ) ha documentado más de dieciséis mil casos de desapariciones forzadas en todo Irak desde 2014 hasta 2017.
Aunque el GICJ ha documentado a más de 1,000 personas que fueron desaparecidas por la fuerza el 5 de junio de 2016, se estima que el número real es mayor. Aunque gran parte de la verdad permanece enterrada, elegimos recordar los eventos inhumanos que ocurrieron en ese día en Fallujah y las ciudades circundantes de Saqlawiyah y al-Azrakiya.
En junio de 2016, las fuerzas militares iraquíes, junto con la coalición armada liderada por Estados Unidos, lucharon contra el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) bajo el pretexto de "liberar" la ciudad de Fallujah. En medio del caos, se produjeron innumerables atrocidades, muchas de las cuales fueron resultados directos de los bombardeos y ataques por parte de las llamadas fuerzas de "liberación". Civiles que intentaban huir de la destrucción causada por los enfrentamientos, fueron sometidos a secuestros, durante los cuales enfrentaron diversas atrocidades y violaciones flagrantes de los derechos humanos. En ese mismo día, durante los combates en Saqlawiyah, una pequeña ciudad a veinte kilómetros al oeste de Fallujah, más de 3,000 civiles huyeron de los combates hacia el puesto militar más cercano, donde fueron acorralados por las milicias al-Hashd al-Shaabi en instalaciones de detención improvisadas. Los detenidos fueron sometidos a condiciones espantosas, hacinados en habitaciones pequeñas y mal ventiladas, y se les negaron necesidades básicas como comida y agua. Las quejas sobre su horrendo trato fueron respondidas con golpizas severas y tiroteos, con testigos que relataron numerosas muertes causadas por asesinatos indiscriminados y otras formas de abuso y tortura.
Según testimonios, los civiles retenidos en cautiverio fueron sacados en fila por hombres armados que llevaban uniformes policiales oficiales, a pesar de pertenecer a la Organización Badr y Katai’b Hezbollah. Una OSC local, que habló con testigos presenciales, estima que alrededor de 300 fueron fusilados en esta procesión. De los aproximadamente 650 que fueron finalmente liberados, muchos mostraban signos de tortura, con un 30% mostrando evidencia corporal como miembros rotos o quemaduras graves. Los 1,000 restantes desaparecieron, y su paradero sigue siendo desconocido.
Durante este período, el GICJ recibió información documentada sobre el secuestro de más de 300 personas del pueblo de al-Azrakiya. Aproximadamente 150 de ellos fueron asesinados inmediatamente, incluida una familia entera de 35 miembros, mientras que el resto fueron desaparecidos por la fuerza.
En el período inmediato posterior, Ján Kubiš, ex Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la Misión de Asistencia de la ONU para Irak, reconoció las desapariciones de más de setecientos hombres y niños iraquíes después de las operaciones militares de Fallujah. Especificó que los perpetradores pertenecían a las Fuerzas de Movilización Popular y las Fuerzas de Seguridad Iraquíes. Estas desapariciones también fueron reconocidas por el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, quien expresó un fuerte apoyo para el establecimiento de un comité investigador y medidas para localizar el paradero de las personas desaparecidas.
A pesar del reconocimiento internacional de estos crímenes, las autoridades iraquíes han fallado en reconocer su responsabilidad y responsabilizar a quienes son responsables de perpetuar estas atrocidades. En los últimos ocho años, las familias de los desaparecidos han sido decepcionadas, las promesas de los gobiernos sucesivos han quedado sin cumplir, y los esfuerzos por descubrir la verdad sobre el destino de los hombres desaparecidos han dado como resultado respuestas definitivas.
La inacción de las autoridades proviene en parte de su complicidad. Uno de los aspectos más perturbadores del episodio de Saqlawiyah fue la aparente colaboración o aquiescencia de las fuerzas armadas regulares iraquíes con la milicia, junto con intentos oficiales de minimizar o negar su nivel de participación.
Mientras que los perpetradores y sus cómplices mantienen el control sobre los poderes económicos y políticos del país, la verdadera justicia transicional o los mecanismos de responsabilidad siguen siendo esquivos. Sin embargo, Irak sigue estando obligado por obligaciones legales claras y concretas a tomar medidas urgentes y necesarias para investigar desapariciones. En su informe reciente (abril de 2023) tras una visita al país de Irak, el Comité de Desapariciones Forzadas (CED) enfatizó la necesidad de que Irak establezca mecanismos para investigar todas las desapariciones, independientemente de cuándo ocurrieron o quién sea el presunto perpetrador. A pesar de esto, las familias de Saqlawiyah continúan esperando siquiera el menor indicio de justicia.
El Centro Internacional de Ginebra para la Justicia (GICJ) recomienda que las Naciones Unidas y sus organismos correspondientes inicien una investigación dirigida a descubrir información sobre el paradero de aquellos que han desaparecido, y que publiquen esta información a todos los Estados. Además, el GICJ llama a:
- Tomar todas las medidas necesarias para establecer mecanismos para combatir las desapariciones forzadas en Irak y hacer responsables a todos los perpetradores.
- Implementar sistemas para investigar incidentes de desapariciones forzadas y localizar a las personas desaparecidas.
- Elogiar al Comité de Desapariciones Forzadas (CED) por su trabajo sobre desapariciones forzadas en Irak e instar al comité a continuar sus esfuerzos para llevar justicia a las víctimas y sus familias.
El GICJ también reconoce a todas las víctimas de desapariciones forzadas y comparte el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos y permanecen sin conocer su paradero. Tales atrocidades a menudo resultan de conflictos armados y la ausencia del estado de derecho, constituyendo graves violaciones de los derechos humanos y las leyes internacionales.
