La Sentencia de la CIJ sobre el caso de Ucrania vs. Rusia: un precedente sobre financiamiento del terrorismo y discriminación racial
Samantha Santillán | GICJ
El 31 de enero de 2024, la Jueza Donoghue de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) deliberó sobre el caso de Ucrania contra Rusia en el Palacio de la Paz en La Haya. Las audiencias se centraron en las posibles vulneraciones a Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (CIRFT) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Ante esto, el tribunal abordará las acusaciones de genocidio bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio el 2 de febrero de 2024.
- Contexto
El 26 de abril de 2016, la Corte Suprema de Crimea etiquetó como "extremista" al congreso representativo de los tártaros (grupo minoritario) del país, ya que se buscaba crear una regulación a este sector poblacional que habita en la península anexada. Es importante recordar que las tensiones tuvieron origen cuando los tártaros rechazaron su anexión ilegal a Rusia en 2014, lo que llevó a que se crearan políticas discriminatorias en contra de ellxs.
En su momento, la Fiscal General Regional, Natalia Poklonskaya, justificó la prohibición de este órgano legislativo de los tártaros, alegando desestabilización, promoción de la agresión y nacionalismo étnico. Esta decisión siguió a acciones como la supresión de una estación de televisión en tártaro y reportes de intimidación policial. El Comisionado del Consejo de Europa, Nils Muiznieks -en ese periodo- instó a reconsiderar estas decisiones, puesto que podrían provocar sesgos y estereotipos en contra de este grupo minoritario. El líder tártaro de Crimea, Refat Chubarov, condenó la decisión, considerándola injustificada y como una estrategia de control.
Sumado a ello, el 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines desapareció sobre la conflictiva Ucrania, en ruta de Ámsterdam a Kuala Lumpur. La investigación de la Junta de Seguridad de los Países Bajos reveló que el avión fue derribado por un misil Buk de fabricación rusa. Este ataque provocó la muerte de 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Si bien, Rusia negó estas alegaciones, las pruebas sugerían que separatistas -respaldados por Rusia- dispararon el misil desde territorio.
Por estos hechos, en 2017, Ucrania presentó un caso alegando violaciones de financiamiento del terrorismo y discriminación racial por parte de Rusia.
La CIJ admitió la jurisdicción del caso con base en los supuestos argumentos respecto de que Rusia no previno el financiamiento del terrorismo y la discriminación contra los tártaros de Crimea y los ucranianos. La Corte concluyó que hay elementos prima facie para iniciar con el estudio de fondo del caso, y ordenó medidas provisionales en el marco del tratado CERD -instruyó a Rusia que se abstuviera de limitar las instituciones tártaras y permitir la enseñanza de la lengua ucraniana en Crimea-. El Juez Cançado Trindade abogó por un enfoque proactivo de los derechos humanos.
- Alegaciones de Financiamiento del Terrorismo y Discriminación
La sentencia abordó las reclamaciones de Ucrania sobre el financiamiento del terrorismo. En el análisis desestimó la mayoría de las reclamaciones, pero reconoció que Rusia ha omitido investigar la denuncia de Kiev contra los representantes de Donetsk y Luhansk.
La Corte concluyó que Rusia vulneró el tratado CERD, entre muchas cosas, enfatizó la disminución de la educación en lengua ucraniana en Crimea. La mayoría de las reclamaciones relacionadas con la discriminación racial contra los tártaros de Crimea y los ucranianos fueron rechazadas debido a pruebas insuficientes. Sin embargo, el tribunal internacional señaló la falta deliberada de Rusia para proteger a los grupos minoritarios en Crimea.
La persecución a los grupos minoritarios de Crimea se consideró política, no étnica. Por ello, la Corte determinó que la prohibición no era una violación de la CERD, y destacó la incapacidad de Ucrania para demostrar violaciones raciales en razón de nacionalidad. Sin embargo, a pesar de los hallazgos, la ICJ rechazó la petición de indemnización para Ucrania por estos hechos de discriminación racial.
En resumen, la acusación de Ucrania fue que Rusia apoyó a grupos armados que buscan pre invadirles. La intención de este caso ante la ICJ era para que se obligara al Estado a garantizar el derecho de los tártaros en Crimea y facilitara la educación en lengua ucraniana.
El Geneva International Center for Justice (GICJ) comparte la decisión de la Corte, pero rechaza la negativa a la indemnización para Ucrania, puesto que este precedente podrá trastocar a los casos futuros que se presenten en el marco del derecho internacional. El GICJ pide una reevaluación exhaustiva de la evidencia presentada e insta a la comunidad internacional vigilar la rendición de cuentas del Estado ruso por sus actuaciones. El GICJ enfatiza la importancia de las instituciones internacionales en torno al financiamiento del terrorismo y discriminación racial, e insta a un compromiso continuo con los principios de derechos humanos en la búsqueda de la justicia.
