23 de enero - 3 de febrero de 2023

Examen de Argentina en el cuarto ciclo

23 de enero de 2023

Por Sasha Granelli / GICJ

Traducido por Isabel García Aguilar / GICJ

El 23 de enero de 2023, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinó por cuarta vez la situación de los derechos humanos en Argentina, que había presentado su informe el 10 de octubre de 2022. A partir de las recomendaciones de los Órganos de Tratado, el Consejo de Derechos Humanos y las ONG presentaron un informe en el que se recogen las cuestiones de derechos humanos a las que Argentina se enfrenta. Durante el diálogo interactivo, las delegaciones participantes no solo felicitaron a Argentina por el gran trabajo que había llevado a cabo durante el Consejo, sino también por los grandes avances que había realizado para garantizar el respeto de los derechos humanos, sobre todo, en lo que concierne a los derechos de la mujer y sostenibilidad. Sin embargo, muchos Estados plantearon ciertas cuestiones en las que Argentina tiene todavía que trabajar, como la necesidad de reducir la brutalidad policial, el acceso a una educación de calidad, la protección de personas vulnerables, la reducción de desigualdades, la lucha contra la violencia de género, la garantía al acceso gratuito a los servicios sanitarios y la implementación de la Convención contra la tortura.

Geneva International Centre for Justice (GICJ) insta a Argentina a garantizar el acceso gratuito a los servicios sanitarios y a una educación sin discriminación. GICJ urge al país a tomar medidas significativas para reducir la pobreza, ya que esta influye negativamente sobre los derechos humanos.

Contexto

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de la ONU establecido en 2006 (Res. 60/251) para evaluar el progreso hecho por los países que han cumplido con las obligaciones establecidas por el Derecho internacional. Se examinan todos los Estados miembros de la ONU durante cada ciclo. Durante enero y febrero de 2023, tuvo lugar el cuarto. La primera revisión de Argentina fue en 2008, seguida de 2012 y noviembre de 2017. 

Argentina presentó su informe para el cuarto ciclo de la EPU en octubre de 2022. Durante el tercer ciclo, recibió 210 recomendaciones y en el último informe, enfatizó que había implementado la mayoría de ellas. Estas recomendaciones están relacionadas con la lucha contra la discriminación y la violencia de género, la garantía al acceso igualitario a la salud y la educación, la lucha contra los delitos de odio, el discurso de odio, la trata de personas, la garantía de los derechos fundamentales de grupos vulnerables, mujeres, niños e indígenas. 

A partir de las recomendaciones de los Órganos de Tratado, el Consejo de Derechos Humanos y las ONG presentaron un informe en el que se recogen las cuestiones de derechos humanos a las que Argentina se enfrenta. Se manifestó la preocupación acerca de la forma en la que el país coopera con los mecanismos de protección de los derechos humanos, el marco nacional sobre los derechos humanos el respeto de principios como la igualdad, la libertad fundamental, la prohibición de la trata de personas, el derecho a la salud, la educación y derechos específicos para las minorías. 

Debate con el representante de Argentina

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de Argentina, representó a su país en la cuarta revisión del Examen Periódico Universal el 23 de enero de 2023. El informe muestra que el nuevo Gobierno nacional se compromete a mejorar la calidad institucional y a asegurar el respeto de los derechos humanos. En este, el Gobierno apunta que se han tomado diferentes medidas para fomentar el desarrollo de los derechos humanos, en concreto, aquellos de los grupos más vulnerables.

En el informe, Argentina reconoce que la pandemia impactó de manera especialmente negativa sobre los derechos humanos e hizo que, a medida que la pobreza crecía, también lo hiciese la talla de las desigualdades, sobre todo, en salud y educación. Sin embargo, aseguró que se habían tomado las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia. Por ejemplo, destacaron el hecho de que su marco legal actual garantiza el acceso universal a una salud pública gratuita e inclusiva sin discriminación.

En lo que se refiere a la educación, Argentina afirmó en el informe que se habían tomado varias medidas para asegurar el acceso igualitario a la educación, como la Ley de Educación Nacional, que asegura el acceso a una educación igualitaria, gratuita y laica. Para mejorar el acceso universal a la educación, se ofrecen becas para fomentar que los estudiantes finalicen el periodo de educación obligatoria. Además, el Gobierno nacional promueve una política de educación inclusiva de las personas con discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema.

En relación con la lucha contra la violencia institucional, Argentina presenta el establecimiento de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, encargada de investigar casos sobre violencia institucional y de enjuiciar a sus autores. Con el objetivo de concienciar sobre este asunto, la Secretaría argentina de Derechos Humanos está llevando a cabo una campaña de apoyo a las víctimas y está entrenando a las fuerzas de seguridad para erradicar las prácticas que violan los derechos humanos. El Gobierno también trabaja para resolver la escasez de espacio en las prisiones y mejorar la calidad de vida de los prisioneros.

Argentina destacó que, tal y como se había presentado en septiembre de 2022, se había lanzado un plan para erradicar la violencia de género, conocido como Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2022-2024). Dentro de este, se han tomado medidas para registrar información sobre feminicidios y violencia contra la mujer y se garantiza el apoyo a la mujer. Además, se estableció el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019. Se han desarrollado políticas para reducir las desigualdades en general y se ha impuesto una capacitación sobre violencia de género para las personas que trabajan en el sector público.

En cuanto al acceso a los derechos sexuales y reproductivos, el Ministerio de Salud trabaja para facilitar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y se han tomado medidas legislativas para asegurar el acceso al aborto legal, como la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Se han llevado a cabo cursillos para dar información a las mujeres embarazadas, para reducir el riesgo del embarazo en la adolescencia y para concienciar sobre las diferentes enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Se han desarrollado varios fondos para que todo el mundo pueda tener acceso a diferentes métodos anticonceptivos.

En el informe, Argentina reconoce que la crisis global ha empeorado la ya precaria crisis económica y social y ha aumentado la pobreza, la indigencia y el nivel de endeudamiento externo. Esta situación de precariedad ha obligado a que el actual Gobierno nacional invierta significativamente en los múltiples programas dedicados a proteger, apoyar y asistir a los diferentes sectores de la sociedad y las familias que se han visto afectados por esta situación.

Acceso igualitario a la salud y educación

Dado que la pandemia de la COVID-19 tuvo un gran impacto en la vida socioeconómica de todo el mundo las desigualdades y la discriminación que ya existían antes se dispersaron más rápido en Argentina. Por este motivo, una gran parte de la población se vio sumergida en la pobreza extrema y sin acceso a la salud o la educación. Asimismo, la discriminación contra los indígenas o las minorías creció debido a la crisis, ya que la mayoría no tenía acceso a los servicios básicos, lo que contradice el respeto y protección de los derechos humanos. Algunos de los Estados miembros participantes, como Qatar, subrayaron la necesidad de asegurar el acceso a la educación de calidad para todos sin discriminación. De igual manera, Portugal instó al Gobierno a garantizar el acceso a la educación obligatoria para los niños. Especialmente durante la pandemia, el número de colegios que tuvieron que cerrar sus puertas fue especialmente elevado, lo que hizo que los niños de un nivel socioeconómico más bajo no puedan acceder a una educación.

En lo que respecta a la salud, Estados miembros, como Arabia Saudí, recomendaron que Argentina continuase con sus esfuerzos por garantizar el acceso gratuito y universal a la salud. Para ello, el país deberá destinar un presupuesto adecuado al ámbito sanitario y deberá garantizar campañas en todo el país para asegurarse de que todos puedan acceder.

Lucha contra la violencia institucional

La violencia institucional es un gran problema en Argentina; y lo fue especialmente durante la pandemia de la COVID-19, cuando las fuerzas de seguridad utilizaron excesivamente la violencia. Durante las protestas sociales, se denunció varias veces el uso de la violencia que la policía hizo contra los indígenas. Como denunció Reino Unido a través del reclamo de la aplicación de un sistema de rendición de cuentas para combatir la violencia institucional, hay que investigar y castigar los casos de violencia institucional para parar la impunidad. Estados Unidos también instó a Argentina a garantizar la investigación de todas las violencias de los derechos humanos que han cometido las fuerzas policiales, e India recomendó que el Estado cumpliese con los Principios de París y designase al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Derechos de la mujer y violencia de género

A pesar de los grandes avances que Argentina ha hecho en el ámbito de los derechos de la mujer y la violencia de género, se deben tomar medidas adicionales, ya que la violencia y la discriminación sigue presente en parte del país. Rumanía recomendó que el país continuase con la implementación del plan nacional para combatir la violencia de género y que implementase políticas que tratasen los diferentes tipos de violencia de género. Ucrania también instó a Argentina a reforzar las políticas que protegen a las mujeres contra la violencia y que garantizan la prevención, reparo y ayuda real a las víctimas. Asimismo, se debería recolectar toda la información que existe sobre este tema para facilitar el trabajo de la policía a través de la implementación de un sistema unificado que registrase la violencia de género, como Bélgica recomendó. También instó a Argentina a garantizar el acceso al aborto en todo el país, especialmente, en zonas marginadas.

Erradicación de la pobreza

Aunque una gran parte de la población ya estaba en una situación precaria antes de esta, la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 ha disminuido la calidad del nivel de vida. el Estado ha intentado desarrollar medidas y políticas que garantizasen una solución a este problema, pero la situación ha empeorado hasta llegar a la extrema pobreza. Debido a la crisis, hay que implementar más medidas, lo que ha impulsado a que múltiples Estados instasen a Argentina a que desarrollase su nivel de vida y lo aplicase a todo, y a que implementase una estrategia de reducción de la pobreza, como propuso Polonia.  Con el objetivo de erradicar la pobreza extrema, Brasil también recomendó que Argentina implementase un programa según los ingresos que sirva para garantizar el acceso a la alimentación y otras necesidades básicas des sectores más vulnerables. Además, Estados miembros, como Chile, pidieron que Argentina adoptase medidas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que viven en extrema pobreza, sobre todo, aquellas que se han visto afectadas por la crisis de la pandemia.

Posición de Geneva International Centre for Justice

Geneva International Centre for Justice (GICJ) está de acuerdo con las recomendaciones hechas por los Estados participantes e insta a Argentina a garantizar el acceso igualitario de toda la población a los servicios básicos y a garantizar el respeto de los derechos humanos para todos sin discriminación. Se urge al país a investigar y castigar todos los actos de violencia policial y de violencia de género.

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