Por Conall Corrigan / GICJ
Traducido por Juanita Beltrán / GICJ
Expertos independientes de la ONU han advertido contra la aplicación de una legislación ante el Parlamento británico que, según afirman, socava la obligación legal del Estado de investigar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante "los disturbios" en Irlanda del Norte. Según dicha legislación, se concederá inmunidad judicial, caso por caso, a quienes cometieron delitos graves durante el conflicto si pueden aportar un testimonio que "sea veraz a su leal saber y entender"[1] Las disposiciones del proyecto de ley, que incluyen el fin de todas las causas penales, civiles e indagatorias relacionadas con los disturbios, han provocado controversia en toda la división política de Irlanda del Norte.
La legislación en sí está relacionada con el conflicto de Irlanda del Norte, de casi tres décadas de duración, en el que las fuerzas nacionalistas y unionistas se enzarzaron en prolongadas hostilidades para lograr sus objetivos. Entre los principales actores del conflicto se encontraban diversos grupos republicanos, cuyo objetivo era lograr un Estado irlandés unido e independiente, que luchaban contra grupos lealistas, así como contra la policía local y las fuerzas armadas británicas, que pretendían mantener el dominio británico sobre Irlanda del Norte. El conflicto tuvo enormes repercusiones, entre ellas más de 3.700 muertos, el desplazamiento interno de unas 7.000 personas y el internamiento de más de 2.000 personas sin juicio previo. El gobierno británico y la asamblea descentralizada norirlandesa se han esforzado por reparar adecuadamente los crímenes históricos contra los derechos humanos desde la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998, que puso fin de forma efectiva a los disturbios.
En 2021, el entonces primer ministro Boris Johnson abogó por la promulgación de legislación que bloqueara futuros procesamientos por delitos relacionados con los disturbios y ofreciera amnistías generales a los autores para "permitir a la provincia de Irlanda del Norte poner fin a los disturbios"[2]. Esta medida fue recibida con condena nacional e internacional, lo que llevó a muchos a acusar al gobierno de eludir su responsabilidad de hacer justicia a las víctimas y sus familias mediante la recuperación de la verdad. El proyecto de ley sobre el legado y la reconciliación de los disturbios de Irlanda del Norte, propuesto por el gobierno en mayo de 2022, suscitó una amplia oposición por parte de los grupos de víctimas de ambos bandos y logró la rara proeza de unir a los cinco principales partidos políticos de Irlanda del Norte en torno a la creencia compartida de que elimina el acceso a la justicia para las víctimas y permite a quienes perpetraron abusos contra los derechos eludir la rendición de cuentas. El proyecto de ley incluye la creación de un nuevo organismo, la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de la Información (ICRIR, por sus siglas en inglés), con entre tres y cinco comisarios encargados de supervisar un esfuerzo de cinco años para reconciliarse con el pasado mediante la revisión de casos individuales. Un comité parlamentario conjunto británico sobre derechos humanos expresó su preocupación por la independencia de la ICRIR respecto al gobierno británico, que podría estar implicado en algunos de los casos investigados [3]. Aunque la propuesta de amnistías generales se eliminó del proyecto de ley, Dunja Mijatović, Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, señaló que el gobierno británico ha establecido un umbral alarmantemente bajo para la inmunidad judicial [4].
El 15 de diciembre de 2022, los expertos independientes de la ONU Sr. Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Sr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, expresaron su oposición al proyecto de ley alegando que niega la verdad y la reparación a las víctimas. Los expertos añadieron que el debate en torno a la legislación se ha centrado predominantemente en el bienestar de los veteranos acusados de perpetrar abusos contra los derechos humanos y no en los intereses de las víctimas y sus familias. Además, los Relatores Especiales advirtieron de que sustituir las investigaciones penales y las acciones civiles por las revisiones realizadas por la ICRIR "obstaculizará sustancialmente el acceso de las víctimas a la reparación ante los tribunales penales y civiles por las graves violaciones de derechos humanos y abusos sufridos"[5]. En línea con esto, ambos expertos destacaron la capacidad de la legislación para frustrar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, lo que sitúa al gobierno británico en violación directa de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Tales acciones, sostienen los expertos, "socavarían significativamente el proceso de paz relacionado con los disturbios y constituirían un ejemplo perjudicial y preocupante para otros países que salen de un conflicto". Los relatores especiales concluyen instando al gobierno británico a que considere la posibilidad de retirar el proyecto de ley y sustituirlo por una versión que se ajuste a las normas internacionales y regionales de derechos humanos y tenga en cuenta las opiniones de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) reitera su condena de los intentos del gobierno británico de socavar los esfuerzos de recuperación de la verdad en Irlanda del Norte. El proyecto de ley sobre los disturbios en Irlanda del Norte (Legado y reconciliación) reducirá sin duda el escrutinio de las acciones de los acusados de delitos relacionados con los disturbios y tendrá un impacto significativo en los esfuerzos por buscar justicia para las familias de las víctimas. El proyecto de ley ignora en gran medida las responsabilidades del Reino Unido en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), incluyendo el artículo 2 (derecho a la vida) y el artículo 3 (prohibición de la tortura y de las penas inhumanas y degradantes), y socava el principio básico del Acuerdo del Viernes Santo (Good Friday Agreement) de garantizar la "plena incorporación a la legislación de Irlanda del Norte del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Debe adoptarse un enfoque global que abarque toda una serie de medidas judiciales y extrajudiciales para garantizar que en Irlanda del Norte puedan llevarse a cabo procesos adecuados de justicia transicional. Como tal, la necesidad de llevar a cabo investigaciones efectivas sobre los crímenes relacionados con los disturbios es tanto un imperativo moral como una obligación legal para el gobierno del Reino Unido.
Establecer un umbral de inmunidad bajo para los autores de abusos contra los derechos y desoír las voces de las víctimas permite presentar a la opinión pública un relato unilateral que apenas tiene en cuenta el impacto que estas acciones han tenido en las comunidades y las personas de toda Irlanda del Norte. Aunque la búsqueda de la verdad y la reconciliación siguen siendo objetivos que merecen la pena, el gobierno británico no ha proporcionado medidas creíbles que permitan alcanzarlos en Irlanda del Norte. Por lo tanto, GICJ cree que el gobierno británico debe revisar su propuesta de legislación consultando suficientemente a los grupos de víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que cumple con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
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[1] https://bills.parliament.uk/publications/47190/documents/2097
[2] https://www.politico.eu/article/uk-seeks-amnesty-to-draw-a-line-under-troubles/
[3] https://committees.parliament.uk/publications/30491/documents/175903/default/
[4] https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-united-kingdom-from-27-june-to-1-july-2022-by-d/1680a952a5
[5] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/uk-flawed-northern-ireland-troubles-bill-flagrantly-contravenes-rights
