La 41ª sesión del Examen Periódico Universal
7 de noviembre - 18 de noviembre de 2022
Examen de Brasil - 4º ciclo
14 de noviembre de 2022
Por Juanita Beltrán Bayona / GICJ
Traducido por Aimara Pujadas Clavel
Resumen ejecutivo
El 14 de noviembre, durante la 41ª sesión y el 4º ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), Brasil presentó los progresos realizados desde su último EPU en 2017. El EPU se basa en el examen de tres informes principales: El informe nacional, el informe de compilación de la ONU y el informe de información de las partes interesadas. Los ciclos primero, segundo y tercero del EPU de Brasil tuvieron lugar en abril de 2008, mayo de 2012 y mayo de 2017.
El examen incluyó un conjunto de temas diferentes de la delegación brasileña, encabezada por Cristiane Rodrigues Britto, la Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil. La delegación destacó el compromiso que tiene Brasil con la comunidad internacional con la entrega del informe de medio término. Esto incluyó no sólo consultas con 25 organismos gubernamentales, sino también con gobiernos e instituciones estatales y municipales. Además, la delegación presentó una serie de iniciativas y medidas legales que garantizarán el disfrute de los derechos humanos del pueblo brasileño.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) elebra los esfuerzos realizados por Brasil en su cuarto examen periódico. Sin embargo, GICJ expresa preocupación por los altos índices de violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos de la policía, los ataques contra los defensores de los derechos humanos, el desmantelamiento de los organismos de derechos humanos y la discriminación racial sistemática. Instamos a Brasil a cumplir plenamente con los derechos humanos en el país de acuerdo con los principios de París.
Antecedentes
Durante cada ciclo de revisión periódica, basado en la resolución 60/251 de 2006, se examina la adhesión de cada Estado miembro de la ONU a sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Durante este proceso de revisión, el país miembro examinado recibe recomendaciones de sus homólogos sobre las cuestiones urgentes a las que se enfrenta el país.
El comité acogió con satisfacción los esfuerzos realizados por Brasil para mitigar los peores impactos de la pandemia de COVID-19, incluida la creación de un programa de transferencia de emergencia en 6 días que posteriormente ayudó a más de 70 millones de brasileños. Además, el Banco Mundial registró que entre 2019 y 2020, 7,23 millones de personas que viven en la pobreza superaron la línea de pobreza. Desde su último ciclo, Brasil reconoció una serie de recomendaciones, en las que el país acordó implementar mecanismos nacionales y subnacionales de prevención contra la tortura. El mecanismo nacional de prevención corría el riesgo de ser desmantelado, por mandato del decreto presidencial (Nº 9.831/2019); sin embargo, el Tribunal Supremo Federal de Brasil renunció al decreto. En este ciclo, varias delegaciones recomendaron que Brasil refuerce la independencia de este mecanismo y muchas expresaron su preocupación por el cierre de unidades de la Defensa Pública de la Unión y el desmantelamiento de la Fundación Nacional del Indio.
Además, otras recomendaciones incluyen la adopción de un código de conducta basado en las normas internacionales de derechos humanos para definir las condiciones del uso de la fuerza por parte de la policía. Brasil aún no ha establecido un marco global para la supervisión de la actividad policial, lo que deja margen para que los agentes hagan un uso excesivo de la fuerza, que, según los informes, se dirige a los brasileños afrodescendientes.
Diálogo interactivo
Durante el diálogo interactivo, se dio la palabra a la delegación brasileña, empezando por la Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Cristiane Rodrigues Britto. Ella mencionó el compromiso de Brasil con los Mecanismos de Derechos Humanos. Un ejemplo de ello fueron los talleres para funcionarios públicos en 2020 durante el tercer ciclo del EPU. A continuación, el Representante Permanente de Brasil ante la ONUG, el Embajador da Silva, señaló que en 2022, Brasil ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia para apoyar la lucha contra los patrones de exclusión racial. A continuación, la Secretaria Nacional de Asistencia Social, Sra. Dos Santos, destacó los resultados del programa de transferencias de emergencia en el contexto de la pandemia del COVID-19, así como la disminución de los índices de pobreza extrema, que alcanzan el 1,9% en el país. El Sr. Adi Balbiot, del Ministerio de Educación, se refirió a la financiación de los programas en las zonas rurales, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura, el suministro de agua y el saneamiento en las escuelas. Se refirió al programa Títulos Indígenas Interculturales, que capacita a los educadores para enseñar a las comunidades indígenas en entornos de educación superior. El Sr. Miranda, Secretario Nacional de Protección Global, expuso el pacto nacional de las dependencias federales para combatir la violencia en la población LGBTQI+.
A continuación, el Secretario Nacional de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, Sr. Roberto, mencionó que el gobierno ha implementado cursos de formación para profesores de educación primaria para incorporar cursos de historia y emprendimiento de los afrobrasileños y los indígenas en las escuelas. En cuanto a la grave situación de la policía, la Directora Ejecutiva de la Penitenciaría Nacional, Sra. Luz, mencionó la formación de las fuerzas de seguridad pública, incluyendo el uso diferenciado de la fuerza en línea con las directrices internacionales. El Sr. Medeiros, Secretario de Atención Primaria de la Salud, mencionó el aumento del presupuesto hasta el 80% de cobertura en la atención primaria de la salud para ayudar a comunidades específicas y la política nacional de salud integral de la población negra. La Sra. Muñoz, Secretaria Nacional de Políticas para la Mujer, presentó el programa "Qualifica Mulher", que prevé formar a las mujeres en situación de vulnerabilidad para romper el ciclo de la violencia.
Además, la Sra. Lopes, Presidenta de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), destacó las inspecciones del territorio para garantizar el control de la extracción ilegal de recursos y los esfuerzos realizados para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas. Por último, la Secretaria Nacional de los Derechos del Niño, la Sra. Ramos, expuso los programas de lucha contra la violencia para fomentar una estrategia transnacional de erradicación de la violencia contra los niños y de lucha contra la ciberdelincuencia, la creación del observatorio para promover los derechos de los niños contra los abusos, entre otras medidas.
Defensores de los derechos humanos, comunidades indígenas y clima
Durante el diálogo interactivo, varias delegaciones expresaron su preocupación por el proceso de demarcación en el territorio de los pueblos indígenas. Desde la última revisión, este tema ha suscitado preocupación por el nivel de vida de estas comunidades. La falta de demarcación de las tierras ha provocado un aumento del número de conflictos, invasiones de tierras y ataques a los grupos tradicionales. Los principales grupos afectados son los quilombolas y los yanomami. Además, se han producido altos índices de deforestación, explotación ilegal de recursos y constantes ataques a los pueblos indígenas a causa de los conflictos territoriales. Esto no sólo ha deteriorado los territorios y provocado la contaminación ambiental, sino que también ha reducido la población de la comunidad indígena, perpetuando la discriminación sistémica.
Por otra parte, el informe de la parte interesada señaló que el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Defensores del Medio Ambiente vio una disminución gradual de su presupuesto. Además, denunciaron un aumento de las amenazas y los asesinatos, siendo el segundo mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo entre 2015 y 2019. La Relatora Especial recomendó al gobierno que amplíe la investigación de las amenazas, los ataques y los asesinatos, y que lleve a cabo investigaciones sólidas de los procesamientos de quienes atacan a los defensores de los derechos humanos.
Los delegados de Luxemburgo, Mozambique y Nueva Zelanda, entre otros, recomendaron a Brasil reforzar los mecanismos de protección de las comunidades indígenas, aumentando el presupuesto de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). El delegado de Noruega destacó el rechazo a la tesis de Marco temperas, que pretende legalizar el robo de las tierras por una laguna legal, en la que hay que demostrar que estas comunidades las ocupaban en la época de la constitución brasileña de 1988.
Además, los delegados de Uruguay, Bélgica y Colombia recomendaron ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) para garantizar la democracia ambiental en el país.
Administración de justicia y Estado de derecho
En lo que respecta a las operaciones policiales militarizadas y al Estado de derecho, Brasil ha marcado altos niveles de violencia y muertes, de los cuales, según el informe, el 31,5% de los casos de homicidio fueron resueltos por el poder judicial. El equipo del país observó informes sobre el escaso acceso a la justicia, la falta de rendición de cuentas y un entorno inseguro para los defensores de los derechos humanos. También se informó de que algunos jueces y abogados no ejercen sus poderes de forma independiente, ya que los abogados que defienden a los políticos son a veces intimidados por algunos fiscales.
Durante el diálogo interactivo, los delegados de los Países Bajos, Panamá y Alemania, plantearon su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía con la impunidad asociada. Además, recomendaron que se agiten propuestas legislativas como el proyecto de ley 1595/ 2019, que modifica la Ley Antiterrorista y crea un sistema de acciones antiterroristas. Lamentablemente, esto crearía un nuevo concepto indefinido de terrorismo y permitiría más violaciones a la libertad de expresión y de reunión por parte del Estado.
Ratificaciones de tratados
Brasil ha ratificado 16 de los 18 principales tratados de derechos humanos, a saber: la ratificación en 2017 del Protocolo Facultativo sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones; el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o discapacitadas, de 2018, y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, de 2022.
Aún así, Brasil no es parte de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que se está debatiendo en el Congreso. La firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también fue recomendada por varias delegaciones en este 4º ciclo. Por último, la ratificación del acuerdo de Escazú sería un paso más para la democracia ambiental.
Posición de Geneva International Center for Justice
Geneva International Center for Justice (GICJ) celebra los esfuerzos realizados durante el 4º ciclo del Examen Periódico Universal del país. Pedimos a Brasil que siga tomando las medidas necesarias para mejorar el marco de los derechos humanos dentro de la constitución legal del país. Instamos a Brasil a que reduzca drásticamente los índices excesivamente altos de fuerza policial y de abusos dentro del país contra los defensores de los derechos humanos. Además, recomendamos a Brasil que se oponga a la legislación que amplía la autoridad para utilizar la fuerza ilegal contra los civiles. Además, Brasil debe hacer mayores esfuerzos para reforzar la independencia de los órganos judiciales y garantizar la igualdad de acceso a la justicia. Creemos que la libertad de expresión es de suma importancia. Por lo tanto, pedimos además a Brasil que proteja a la prensa libre, especialmente a los defensores de los derechos humanos pertenecientes a comunidades indígenas que han sido aprehendidos y se ven obligados a abandonar sus tierras debido a los ineficientes procesos de demarcación de tierras ya recomendados durante el tercer ciclo.
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