Por Farah Caïdi / GICJ
Traducido por Jennifer Tapia Boada / GICJ
En el 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos celebrado en octubre del 2022, un grupo de países (incluidos los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Noruega, Canadá, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Australia y Lituania) presentó un proyecto de resolución donde se pedía se celebre un debate en el 52 periodo de sesiones del Consejo, es decir, en marzo de 2023, sobre la “situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR)”. La resolución fue rechazada por 19 votos en contra y 17 votos a favor. Se contabilizaron 11 abstenciones.
Esta resolución fue esperada durante mucho tiempo y fue vista como un siguiente paso tangible en el trabajo de incidencia, después de que la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicara el informe sobre la situación de los derechos humanos en la XUAR, el 30 de Agosto. Numerosos grupos de derechos humanos, incluido GICJ, se pronunciaron en favor de una discusión especial sobre este tema.
Desde 2017, expertos han expresado gran alarma por la violación generalizada de los derechos humanos de las minorías étnicas y religiosas del este de Turkestán por parte del gobierno chino sobre la base de la seguridad nacional y la lucha contra el extremismo. En 2020, 50 relatores especiales y expertos de la ONU emitieron una declaración conjunta que planteaba nuevamente algunas preocupaciones sobre la gravedad de la situación en esta región. También se destacó el maltrato a las minorías en la Región Autónoma del Tíbet, la represión y el uso de la fuerza en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, así como la represión de las personas que se atreven a hablar publicamente sobre cualquier tema del país, como hemos visto recientemente durante el brote del coronavirus. Los expertos reiteraron su gran alarma en junio de 2022, justo antes del 50 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Todas las veces, los expertos sugirieron múltiples acciones con las que el Consejo de Derechos Humanos podría participar en relación a esta situación. Se recomendó entre otras cosas, la organización de una Sesión Especial para discutir y evaluar el alcance de las denuncias contra el Estado. Se propuso el establecimiento de un mecanismo independiente e imparcial de la ONU, ya sea un Relator Especial, un panel de expertos o un Enviado Especial del Secretario General. Estos mandatos tendrían que monitorear e informar anualmente sobre la situación de los derechos humanos en China, especialmente sobre las situaciones urgentes mencionadas anteriormente.
Luego, el 31 de agosto de 2022, un par de minutos antes de que finalizara el mandato de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, La OACNUDH publicó un informe llamado “Evaluación de la OACDH sobre las preocupaciones en materia de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, República Popular China”. El informe establecía claramente, de acuerdo con la información que tenían sobre el periodo 2017-2019 y posteriores, que el “[...] contexto de restricciones y privaciones más generales de los derechos fundamentales disfrutados individual y colectivamente, pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad."
Un par de días después de ese informe, expertos independientes de la ONU reiteraron su llamado al establecimiento de una Sesión Especial sobre derechos humanos en China. Para que una sesión especial sea convocada, se necesita el apoyo de un tercio de los 47 miembros del CDH. Los expertos asimismo renovaron su llamamiento para que se cree un mecanismo independiente de investigación de la ONU.
La votación sobre esta resolución largamente esperada, presentada en el 51 periodo de sesiones, pudo haber inspirado algo de esperanza ya que su objetivo era simple. Para aumentar sus probabilidades de adopción, los Estados Unidos y aliados insistieron en que su propósito principal era que se llevara a cabo una discusión, y nada más que ello. Esto permitiría a China responder a las acusaciones y participar en un diálogo constructivo.
El grupo de países que presentó la resolución estuvo compuesto principalmente por Estados occidentales. Otros Estados dieron su apoyo, como Turquía y Francia. Como era de esperarse, esto ha llevado a China a denunciar la politización de este proyecto de resolución.
El 6 de octubre de 2022, antes de la votación, China recordó que nunca reconoció el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos en Xinjiang. La delegación china reiteró que China considera que el informe es una violación de su soberanía y un "tejido de mentiras", esto a pesar de numerosas evidencias creíbles, testigos y muchas organizaciones denunciantes en todo el mundo.
Con respecto a la votación, se debe arrojar luz especial hacia los países musulmanes que son miembros del Consejo del Derechos Humanos. Solo un país votó a favor de la resolución (Somalia). Por el contrario, Indonesia, Qatar y Pakistán incluso tomaron la palabra para lamentablemente justificar su voto en contra. Indonesia, en particular, declaró extensamente cómo su país estaba a la vanguardia de la defensa de los mejores intereses de sus hermanos y hermanas musulmanes, solo para proceder a votar en contra.
Un punto de consenso es que todos los Estados del Sur coincidieron en denunciar el doble discurso de algunos Estados en el Consejo de Derechos Humanos, y la falta de peso real que este mecanismo tiene frente al doble discurso de naciones poderosas, como ser de EE.UU.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) desea enfatizar una vez más que millones de personas están sufriendo a manos del gobierno de China, y muchas más están amenazadas por la inacción global de los Estados, a pesar de evidencias tangibles que demuestran atrocidades cometidas. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos tienen el mandato de proteger los derechos humanos. Esta era una ocasión para que los países del sur, especialmente los países musulmanes, actuaran como líderes, presentaran una resolución sobre la mesa y construyeran una coalición a su alrededor. GICJ siempre ha condenado la falta de coherencia en las posiciones de EE. UU. y seguirá haciéndolo. Sin embargo, esta vez, EE. UU. tiene el mérito de haber hecho algo por las víctimas uigures, mientras que los países musulmanes se han mantenido en silencio.
