El 22 de junio, la Sesión del Consejo de Derechos Humanos celebró un Diálogo Interactivo con el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. A este respecto, Geneva International Centre for Justice y Association Ma'onah for Human Rights and Immigration quisieran reconocer la gran labor del Relator Especial, sensibilizando sobre los numerosos desafíos a los que se enfrentan los sistemas de investigación médico-legal y los profesionales forenses contemporáneos, que son cruciales para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las muertes potencialmente ilegales.
Sin embargo, lamentamos el silencio al que seguimos asistiendo ante hechos como el ocurrido el 18 de septiembre de 2021, cuando la milicia Houthi de Yemen, apoyada por Irán, ejecutó públicamente a 9 personas: Mohammed Noah, Ibrahim Akil, Ali Al-Quzi, Abdul-Malik Hamid, Moaz Abbas, Muhammad Al-Mashkhari, Muhammad Haig, Muhammad Quzi y Abdulaziz Al-Aswad (un menor de edad), con el pretexto de haber matado al líder Houthi Saleh Al Samad en 2018. Previamente detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas y tratos degradantes, el grupo fue condenado a muerte tras un juicio sin garantías que causó indignación en el país. A día de hoy, apenas se han mencionado estos hechos. A pesar de que el Alto Comisionado emitió un comunicado de prensa calificando esos actos de ejecución extrajudicial y exigiendo una investigación, el informe del Relator Especial no hace referencia a ninguna medida que haya tomado para investigar este crimen, por lo que le pedimos que tome las medidas necesarias al respecto.
Ma'onah y Geneva International Centre for Justice están consternados por las abominables prácticas de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de los Houthi, que no pueden permanecer sin investigación. Las normas y procederes injustos de los juicios, como los que llevaron a las ejecuciones descritas anteriormente en Yemen, deben ser considerados ilegítimos. Por lo tanto, pedimos que se abra una investigación penal para determinar la responsabilidad de quienes incurren en violaciones de derechos humanos en el país, y para hacer justicia a las víctimas y a sus familias.
Esta declaración debíó haber sido pronunciada por la pasante de GICJ Aimara Pujadas durante la reunión, pero no fue emitida debido al tiempo limitado asignado a las organizaciones no gubernamentales.
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