Por Aimara Pujadas Clavel / GICJ
La cancelación de la personalidad jurídica de 454 organizaciones nicaragüenses ha tenido un impacto no sólo en las organizaciones de derechos humanos, sino también en otras organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de la educación y el desarrollo. El 16 de junio de 2022, durante la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó las graves restricciones a las libertades civiles en Nicaragua.
La Nueva Ley General de Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, aprobada el 6 de mayo, genera un ambiente que dificulta el registro de dichas organizaciones. Por el contrario, empodera al gobierno, exigiendo más información sobre los fondos de las organizaciones, las actividades, los beneficiarios, e impone una cuota máxima del 25% de miembros extranjeros en cualquier organización. Por lo tanto, la ley obstruye el derecho de los civiles a la libertad de asociación.
Nicaragua informa de un número récord de nacionales que huyen del país, buscando asilo en Costa Rica o Estados Unidos. Además, continúan las denuncias sobre las deplorables condiciones de los presos detenidos arbitrariamente en el contexto de las elecciones de 2018. Todos, fueron condenados sin juicios justos, con acusaciones no verificadas y privados de las visitas de sus familiares.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) insta al gobierno nicaragüense a respetar la libertad de asociación de los civiles y a abstenerse de obstruir el trabajo de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Celebramos la iniciativa de la Alta Comisionada de llevar a cabo investigaciones independientes sobre los casos de detención arbitraria y las denuncias de condiciones inhumanas en las instalaciones nicaragüenses.
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