Por Anyssa Boyer / GICJ
Traducido por Aimara Pujadas / GICJ
En junio de 1972 se celebró la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Cinco décadas después, la catástrofe climática está en primera línea de los problemas de la sociedad. El experto independiente en derechos de las Naciones Unidas, David Boyd, afirma que debemos "hacer más por el medio ambiente o arriesgarnos a que el planeta se convierta en una 'zona de sacrificio humano' " [1]. Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre los deshechos tóxicos y derechos humanos, explica que la Declaración de Estocolmo de 1972 se basó en los principios fundamentales de los derechos humanos, vinculando tanto el medio ambiente como los derechos humanos [1]. Los problemas medioambientales y el cambio climático tienen efectos devastadores en los ámbitos económico, social, político y cultural [2]. El cambio climático inducido por el hombre afecta a todos los civiles, pero, obstaculiza significativamente los medios de vida de los pueblos indígenas y otros titulares de derechos rurales, que son de larga data y de gran riqueza cultural.
Mientras corremos contra el tiempo para combatir el cambio climático, la degradación del medio ambiente por la actividad antropogénica sigue siendo asombrosamente alta. Las temperaturas están alcanzando nuevos récords cada año, los incendios forestales son cada vez más frecuentes, las sequías abruman a las comunidades, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera están aumentando y la biodiversidad está muriendo. La comunidad internacional debe unirse para abordar las causas profundas del debate sobre el medio ambiente y abandonar el status quo actual [3]. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) reconoce que el actual proyecto Marco es inadecuado para generar un resultado transformador integral que se adhiera a las normas internacionales de derechos humanos. Las voces, perspectivas y contribuciones de los pueblos indígenas y otros titulares de derechos rurales no salen a la luz [3].
Los Pueblos Indígenas tienen un profundo conocimiento de sus tierras y tienen capacidad para proteger y conservar la biodiversidad. Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto de documento Marco desestima a los Pueblos Indígenas y a otros titulares de derechos rurales como principales habitantes de la biodiversidad de la naturaleza. Además, su condición de partes interesadas en la conservación y el medio ambiente, poseedoras de un amplio conocimiento del mismo, es ignorada. Esto debilita nuestra lucha contra la pérdida de biodiversidad. Por último, el Marco carece de una mención suficiente de los derechos humanos y desestima su inclusión en el discurso medioambiental. De este modo, se niega la posibilidad de lograr una forma más completa de sostenibilidad medioambiental [3].
Los expertos afirman que "la conservación basada en los derechos humanos es el camino más eficaz, eficiente y equitativo para salvaguardar el planeta" [3]. El Marco no logrará alcanzar sus próximos objetivos de conservación y medio ambiente si los derechos humanos no se sitúan en primera línea. Como resultado, se incitará a nuevas violaciones de los derechos humanos, las cuales afectarán de forma desigual a los pueblos indígenas y a otros titulares de derechos rurales. Por esto, es necesario abolir las nociones preconcebidas de la división naturaleza-humano consagradas en los cimientos de la sociedad occidental. Los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental están inextricablemente relacionados. Por lo tanto, la crisis del medio ambiente sólo puede abordarse adoptando un enfoque basado en los derechos humanos.
En conmemoración del quincuagésimo año desde la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo celebró la conferencia de este año los días 2 y 3 de junio de 2022. La conferencia +50 de Estocolmo proporcionó un motivo oportuno para reflexionar sobre la situación actual del medio ambiente en nuestro mundo y adoptó un enfoque intergeneracional, multilateral y de múltiples partes interesadas. La conferencia fomentó la participación colectiva promoviendo la sostenibilidad del desarrollo, al tiempo que se consideraron elementos importantes como la relación entre el ser humano y la naturaleza y el uso adecuado de los recursos. También, puso de relieve el nexo entre las diferentes partes interesadas y la aplicación de políticas, así como la necesidad de que la comunidad internacional colabore y logre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [4]. La conferencia facilitó los debates críticos necesarios para la transición hacia prácticas más sostenibles, al tiempo que aumentó la participación de los socios de múltiples partes interesadas, los organismos de la ONU, la comunidad internacional, la sociedad civil y los activistas juveniles. Estocolmo +50 hace honor a la declaración de 1972, pero, reitera la urgencia de la emergencia climática. La reunión multipartidista exigió una rápida movilización, implementación y aplicación de los compromisos del Estado para cumplir con la Década de Acción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 [5].
Geneva International Centre for Justice (GICJ) reconoce las nefastas repercusiones de la crisis medioambiental y la medida en que afecta a las comunidades vulnerables, incluidos los grupos indígenas, sus cosmovisiones y sus derechos sobre la tierra. Acogemos con satisfacción la amplia consideración de David Boyd sobre los derechos humanos al abordar la actual crisis medioambiental y la necesidad de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos. GICJ reconoce la profunda interconexión entre las cuestiones medioambientales y los derechos humanos. Instamos a la OACDH a que refuerce la urgencia de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para proteger y salvaguardar a los seres humanos y sus derechos fundamentales.
Sin embargo, seguimos profundamente preocupados por las víctimas de la violencia medioambiental, especialmente aquellos más afectadas, como es el caso de los pueblos indígenas y los titulares de derechos rurales. GICJ le recuerda a la comunidad internacional su responsabilidad de garantizar que se mitiguen todas las violaciones de los derechos humanos agravadas por la crisis medioambiental. Imploramos a la comunidad internacional a que garantice la adopción de medidas contundentes relacionadas con el clima y los derechos humanos para combatir la emergencia climática. GICJ insta a la participación activa de los organismos multisectoriales que reúnen la defensa de los jóvenes y las organizaciones internacionales para mitigar los impactos ambientales adversos.
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[1]https://news.un.org/en/story/2022/05/1119322
[2]https://hrp.law.harvard.edu/areas-of-focus/human-rights-the-environment/
[4]https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37743/SAP.pdf?sequence=3&isAllowed=y
[5]https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38911/Stockholm50_CN.pdf
