49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
28 de febrero - 1 de abril de 2022
La Alta Comisionada actualiza el Consejo de Derechos Humanos y el informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela
18 de marzo de 2022
Por Natalia Venegas / GIC
Resumen ejecutivo
En la 34ª sesión del 49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrada el 18 de marzo, la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Señaló que, desde su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, algunas iniciativas de reforma habían abierto nuevas oportunidades para la aplicación de recomendaciones críticas en materia de derechos humanos. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada continúa observando desafíos en Venezuela, incluyendo el derecho a la libertad, a un juicio sin demoras injustificadas y al acceso a un abogado de su propia elección. La Sra. Bachelet también hizo hincapié en los casos de detenciones arbitrarias y en las restricciones a la libertad de expresión periodística.
La presidenta de la misión presentó al Consejo el informe de la misión internacional independiente de investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/48/69). En el informe se examinaba una amplia gama de cuestiones, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género. El informe destacaba cuestiones relativas a la independencia judicial o a la falta de ella, y su papel en la perpetuación de la impunidad de quienes cometen abusos contra los derechos humanos.
Antecedentes
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó dos informes públicos en 2017 y otro en 2018. Estos informes se basaron en el mandato de la Alta Comisionada creado por la resolución 48/141 de la Asamblea General. También, se han publicado otros informes en 2019 y 2020, basados en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 39/1 (2018), 42/4 (2019) y 42/25 (2019). Además, la Alta Comisionada ha presentado actualizaciones orales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela al Consejo de Derechos Humanos desde septiembre de 2019, tras las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/45/L.43 (2020) y A/HRC/45/L.55 (2020).
Durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (A/HRC/48/19). La Alta Comisionada se centró en los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales durante la pandemia del COVID-19, que exacerbó los problemas estructurales preexistentes que las medidas unilaterales ya habían agravado. La Sra. Bachelet recomendó a Venezuela que siguiera comprometida con la aplicación efectiva del plan de trabajo conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada y que profundizara en su compromiso con los mecanismos internacionales de derechos humanos. También, alentó a los Estados miembros de las Naciones Unidas a suspender o levantar las medidas coercitivas sectoriales unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela, que impiden los esfuerzos del Gobierno para hacer frente al impacto combinado sobre la población de la actual situación humanitaria y la pandemia del COVID-19.
El informe A/HRC/48/59/Add.2, también, fue presentado al Consejo por la Relatora Especial, la Sra. Alena Dougan, sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela. Durante la reunión se debatieron las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, así como, el bloqueo económico. También, se expresó preocupación por la congelación de activos y las sanciones selectivas impuestas a nacionales y empresas venezolanas y de terceros países. Concluyó que esta medida agravó la crisis económica y social preexistente y ha tenido un efecto devastador en toda la población, especialmente en la que vive en la pobreza. Las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidades o enfermedades crónicas o potencialmente mortales, a su vez, se destacaron como grupos vulnerables. En consecuencia, el informe recomendaba el levantamiento de las sanciones, impuestas principalmente en nombre de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, ya que socavan estos mismos principios, valores y normas.
En enero de 2022, el Consejo de Derechos Humanos celebró el Diálogo Interactivo sobre el Examen Periódico Universal de Venezuela. Durante esta sesión, numerosos países mostraron especial preocupación por la seguridad de la población, la crisis migratoria, la salud, la educación y la igualdad de género. Sin embargo, el tema central fue la independencia judicial y las próximas elecciones. Varios países hicieron hincapié en la necesidad de eliminar las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela por violar los derechos humanos del pueblo venezolano.
Actualización oral de la Alta Comisionada
La Alta Comisionada señaló que, desde su última actualización, algunas reformas llevadas a cabo por Venezuela crearon nuevas oportunidades para aplicar las recomendaciones sobre derechos humanos. Por ejemplo, la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional fueron destacadas como pasos prometedores. La Alta Comisionada subrayó que el gobierno debe implementar las reformas en materia de seguridad y justicia de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se repitan. Señaló que la oficina sigue estando disponible para proporcionar apoyo técnico siguiendo el mandato y las normas internacionales de derechos humanos. Y que, la oficina está dispuesta a apoyar los esfuerzos nacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos después de que el Fiscal General concediera al equipo de la Alta Comisionada acceso a los expedientes relativos a las violaciones de los derechos humanos.
No obstante, la Alta Comisionada afirmó que siguen habiendo problemas relacionados con el debido proceso, incluido el derecho a la libertad y a un juicio sin demora y el acceso a un abogado de su elección. También hubo una gran preocupación en relación con la libertad de prensa. Por ejemplo, desde septiembre de 2021, al menos seis personas permanecen en centros de detención a pesar de las órdenes de liberación, y al menos 22 han solicitado su liberación, argumentando la expiración de los límites legales. Desde septiembre de 2021, se han producido 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluyendo la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas. La oficina del Alto Comisionado, también, documentó el cierre de ocho emisoras y programas de radio en el último año, presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Por último, la Alta Comisionada destacó el aumento de la violencia debido a los actores armados no estatales y a los grupos criminales, especialmente a lo largo de la frontera con Colombia. Los enfrentamientos en el Estado de Apure han provocado el desplazamiento forzado de cientos de venezolanos, muchos de ellos indígenas. Pidió al gobierno que investigara todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas. Al final de la reunión, la Alta Comisionada alentó el levantamiento de las sanciones sectoriales para contribuir a salvaguardar las necesidades de los grupos más vulnerables de la población venezolana.
Declaración de la delegación venezolana
El delegado venezolano, el Sr. Héctor Constant, afirmó que Venezuela no está de acuerdo con la forma en que el Consejo toma sus decisiones, especialmente en circunstancias en las que el Consejo se opone a la soberanía de cada Estado. Afirmó que los países del Norte mantienen el control y la influencia sobre la comunidad internacional, y siempre condenan a los países del Sur por violar los derechos humanos. El Sr. Constant afirmó que el trabajo del Consejo debería estar orientado a garantizar la objetividad y la universalidad de los derechos humanos. Sin embargo, agradeció los comentarios de la Alta Comisionada sobre los progresos realizados y tomó nota de sus preocupaciones. En la última conversación mantenida entre la Alta Comisionada y el Presidente Constitucional Nicolás Maduro, la alta Alta Comisionada afirmó que la transparencia debe ser prioritaria para garantizar el respeto mutuo. Sin embargo, en Venezuela se escucharon acusaciones de supuestas violaciones a la falta del debido proceso y otras líneas de discurso que generan dudas sobre la actuación del Estado. Asimismo, el señor Constant destacó que Venezuela tiene la intención de cooperar con la oficina de la Alta Comisionada bajo los principios de soberanía estatal y no injerencia. Asimismo, Venezuela acogió con satisfacción el llamado de la Alta Comisionada para poner fin a las sanciones impuestas a Venezuela por parte de otros Estados, ya que es imposible hablar de la situación de los derechos humanos en Venezuela sin tener en cuenta este aspecto.
El delegado concluyó su intervención afirmando que Venezuela continúa su camino de fortalecimiento democrático en un contexto en el que los derechos humanos son plenamente respetados por la Constitución y la ley, como se ha visto en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela, que tuvo lugar en enero de 2022. Él Afirmó que Venezuela seguirá comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos y la protección de este Consejo, sus mecanismos y la Oficina de la Alta Comisionada.
La Unión Europea y los Estados Unidos expresaron su profunda preocupación por la impunidad y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, así como, las desapariciones forzadas que se están produciendo en el país. La UE hizo un llamado a las autoridades para que refuercen su cooperación con el ACNUR y declaró que la rendición de cuentas es fundamental para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla, reforzó la importancia del equilibrio de poderes y la necesidad de controles y equilibrios dentro de una democracia. Estados como Cuba, Rusia, China y Nicaragua atribuyeron la situación de los derechos humanos en Venezuela a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el país, y mostraron su profunda preocupación por la violación del derecho a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos del Estado.
La violación sistemática de los derechos humanos ha provocado una crisis masiva de refugiados en el país, dado el contexto económico, social y cultural imperante. Otros países compartieron su profunda preocupación por las irregularidades, como la erosión de las garantías de los derechos humanos, la reducción de la libertad de prensa y el acoso a los opositores políticos. Se insistió en la necesidad de establecer las condiciones adecuadas para garantizar unas elecciones libres, justas e independientes y la libertad de reunión y asociación. Delegaciones como la de Francia, Ecuador y Paraguay afirmaron que Venezuela debería cooperar más con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Colombia afirmó que la violación sistemática de los derechos humanos había provocado una crisis masiva de refugiados en el país, dado el contexto económico, social y cultural imperante. Colombia reveló que está aplicando un nuevo estatuto para proteger a los migrantes venezolanos y que deben establecerse las condiciones adecuadas para garantizar unas elecciones libres, justas e independientes, así como la libertad de reunión y asociación. La mayoría de los países abordaron cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, el apoyo a un entorno de comunicación seguro y el tratamiento de cuestiones estructurales para restaurar la independencia e imparcialidad del poder judicial.
Misión Internacional Independiente de Investigación
Antecedentes
El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (resolución 42/25) por un año para evaluar las violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014. El mandato de la Misión de Investigación fue prorrogado por el Consejo en octubre de 2020 por dos años hasta septiembre de 2022 (resolución 45/20). El 10 de marzo de 2021, durante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación, presentó una actualización oral sobre su trabajo. Afirmó que algunas de las violaciones se habían cometido a gran escala y constituían crímenes de lesa humanidad. Destacó que la Misión de Investigación continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela. A continuación, señaló que el presidente Maduro se dirigió a este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central. Mientras lo hacía, él y su Gobierno seguían tergiversando la gravedad de la situación y negando cualquier acto ilícito.
La segunda actualización se presentó en la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. El informe se centró en el sistema de justicia venezolano. Incluye cuestiones relacionadas con la independencia, su papel en la investigación y el enjuiciamiento de los opositores reales y percibidos del Gobierno y su papel en la perpetuación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos. La Misión sigue al tanto de los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género.
Actualización oral de la Misión de Investigación
Marta Valinas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentó una actualización oral de su trabajo, centrada en la respuesta del sistema de justicia a las violaciones de derechos humanos y los delitos documentados por la Misión. Concluyó que los actores de este sistema jugaron un papel esencial en la represión del Estado contra los opositores reales y percibidos del Gobierno, tanto por acción como por omisión. El Gobierno venezolano había firmado un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la administración efectiva de justicia en el país siguiendo las normas internacionales. Este proceso representaba una oportunidad para que las víctimas obtuvieran justicia. Sin embargo, la falta de datos desglosados y de información crítica sobre los delitos imputados o el rango o nivel de responsabilidad de los autores seguía siendo un obstáculo para evaluar los verdaderos esfuerzos del Estado por investigar y procesar estas violaciones. La Sra. Valinas reiteró la preocupación que suscitan las investigaciones nacionales, que tienen un alcance limitado y se centran en autores de bajo nivel. Afirmó que era necesario realizar esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia. Sin embargo, a partir de agosto de 2021, la Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia.
La Misión consideró que una reforma legal, en sí misma, era insuficiente si no se aplicaba adecuadamente. La Misión observó algunos avances positivos en los casos investigados; sin embargo, todavía había decenas de personas detenidas por más de tres años sin juicio, mucho más allá de los límites impuestos por la anterior ley reformada. Por último, la Sra. Valinas afirmó que el pueblo venezolano ha soportado una década de empeoramiento de la crisis económica, humanitaria y de derechos humanos y ha sido testigo del desmantelamiento de las instituciones del Estado, todo ello agravado, más recientemente, por la COVID-19. La muestra más evidente de ello fueron los más de seis millones de personas que tuvieron que huir del país.
Diálogo interactivo
El delegado de Venezuela abrió el diálogo interactivo acusando al Consejo y a sus informes de estar preparados en laboratorios mediáticos, tratando de justificar lo injustificable. Afirmó, que las conclusiones del informe se alcanzaron para pacificar la agenda de los medios de comunicación internacionales. Indicó que la Misión de Investigación será recordada como un ejemplo exitoso de despilfarro de dinero durante una crisis. Es un órgano hostil creado por el Consejo a través de un número cada vez menor de países que lo apoyan, y Venezuela no lo reconoce. Además, que el informe se elaboró en el marco de un intento de politizar la situación en Venezuela y que la información presentada carecía de todo fundamento.
El delegado venezolano destacó que el informe era una invención, calificándolo de “fake news”. El delegado afirmó que el trabajo se había realizado a distancia, sin presentar hechos legítimos, además de ser selectivo con los hechos que presenta. Afirmó que si la Misión de Investigación quería ayudar a los derechos humanos en Venezuela, debería donar sus fondos al país para que pudiera importar bienes y servicios a los que el país no tiene acceso debido a las medidas económicas coercitivas unilaterales. Indicó que el Consejo debe apoyar la cooperación entre el equipo de la Alta Comisionada y el Gobierno y que las medidas coercitivas universales sólo perjudican a los derechos humanos en Venezuela. Subrayó que la Misión de Investigación estaba tratando de socavar la soberanía y la autodeterminación de los venezolanos. Afirmó a su vez, que los venezolanos gozan de todos los derechos humanos, y de las libertades democráticas que se ejercen a diario en virtud de la Constitución.
Rusia, Chile, Nicaragua y Cuba reconocieron la cooperación de Venezuela con el Consejo. Denunciaron la politización y la doble intención del informe que se derivó de una resolución con motivaciones políticas. Reiteraron su apoyo al Gobierno venezolano y a su esfuerzo por la paz y la seguridad. Además, felicitaron al Gobierno por su protección de los derechos humanos a pesar del impacto negativo de la pandemia del COVID-19 y de las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país. El grupo afirmó que la imposición de mandatos cómplices de la agresión de los países del Sur global fracasaría. Los oradores pidieron además que se respete la soberanía nacional y expresaron su inquebrantable solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Venezuela.
Rechazaron el enfoque de las sanciones económicas, afirmando que se ha demostrado sistemáticamente que no ha mejorado la protección de los derechos humanos. El grupo criticó la metodología de la Misión de Investigación, afirmando que presentaba continuas deficiencias, ya que carecía de pruebas y no supervisaba el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, entre otras cuestiones. Los oradores elogiaron la participación de Venezuela en el Examen Periódico Universal, afirmando que este mecanismo representa el modelo ideal de diálogo objetivo con el país. Los países subrayaron que los derechos humanos tienen que basarse en las necesidades nacionales, y el mecanismo representó el modelo ideal de un diálogo objetivo con el país.
Muchos países, incluidos los miembros de la Unión Europea, Colombia y Ecuador, expresaron su preocupación por las condiciones de los centros de detención y el mal funcionamiento del sistema judicial. También, se expresó preocupación por el Estado de Derecho, ya que las fuerzas de seguridad siguen acosando y atacando a todo aquel que se oponga al gobierno. Un portavoz, en particular, instó a Venezuela a aplicar medidas contra la violencia sexual y de género. El Consejo hizo nuevos llamados para que Venezuela facilite el trabajo de la Misión de Investigación. La Presidenta de la Comisión Interamericana señaló que el informe presentaba las mismas conclusiones que la Comisión. Esto era especialmente cierto en lo que respecta a la tortura de los presos políticos, incluida la oposición del Gobierno, y a la falta de independencia judicial. Otros Estados concluyeron la reunión solicitando a Naciones Unidas la retirada del Gobierno de Maduro del Consejo de Derechos Humanos.
Posición de Geneva International Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice (GICJ) hace un llamado a todos los Estados para que reconsideren las medidas unilaterales impuestas a Venezuela, independientemente de sus opiniones políticas, ya que afectan al pueblo venezolano. GICJ, también, considera que la imparcialidad y la libertad de expresión son vitales para el cumplimiento de los derechos humanos. GICJ anima a la comunidad internacional a ofrecer más protección a los periodistas, a los defensores de los derechos humanos, a los miembros de la oposición política y a quienes denuncian los abusos de los derechos humanos. GICJ también anima al gobierno venezolano a cooperar con las ONGs locales, la Oficina del Alto Comisionado y la Misión de Investigación, para lograr el respeto y la aplicación de los Derechos Humanos en pro del pueblo venezolano.
Human Rights in Venezuela, Report on Venezuela, Fact Finding Mission, Human Rights Violations, Justices impartial, Free Elections, Armed Groups, Police reform, HRC 49th Regular Session, Journalists, Human Rights Defenders, Interactive Dialogue International Human Rights Law, International Humanitarian Law, Geneva International Centre for Justice, GICJ, Geneva4Justice, Justice
