49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
28 de febrero - 1 de abril de 2022
ÍTEM 2 - Diálogo interactivo sobre el informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua
7 de marzo de 2022
Por Aimara Pujadas / GIC
Resumen ejecutivo
La 13ª sesión del 49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrada el 7 de marzo, acogió el Diálogo Interactivo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
En el informe se expusieron las conclusiones relativas a la no implementación de las recomendaciones formuladas al gobierno nicaragüense en los últimos tres años, lo que ha provocado el deterioro de los derechos humanos, la persecución de los opositores políticos y un clima de violencia y falta de rendición de cuentas de los responsables de actos espurios contra defensores de los derechos humanos, periodistas, empresarios, candidatos electorales y presos detenidos sin el debido proceso. El gobierno de Nicaragua evocó la valoración parcial y desigual de la situación actual del país, así como el carácter sesgado de las fuentes utilizadas para el informe. Paralelamente, condenó la manipulación e injerencia externa a la que está sometido el Estado, con el objetivo de deslegitimar y desestabilizar al gobierno, sin reconocer los avances en materia de derechos humanos, tanto sociales, económicos y culturales, como civiles y políticos, a pesar de las sanciones unilaterales y abusivas impuestas al país.
Antecedentes
En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 46/2 "Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua", en la que destacó la importancia de que el Estado adopte medidas para la promoción de la libertad de expresión y la libertad de asociación, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos a la educación, al trabajo y a la salud, el fortalecimiento de la lucha contra la impunidad, la independencia e imparcialidad del sistema de justicia y de la Procuraduría de Derechos Humanos, y la cooperación del Estado con los mecanismos internacionales, entre otros.
De acuerdo con esta resolución, se solicitó a la Alta Comisionada que siguiera de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto del proceso electoral, y que presentara al Consejo de Derechos Humanos, antes de que finalizara el año 2021, una actualización oral provisional con recomendaciones, a la que seguiría un diálogo interactivo.
En cumplimiento de lo anterior, el 7 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, presentó la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Panel de discusión
En el informe, la Alta Comisionada lamentó que no se hayan implementado las recomendaciones hechas al Gobierno de Nicaragua desde 2018. Aunque reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno para alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los de igualdad de género y favorecer el gasto en salud y educación; Bachelet destacó que el cumplimiento de los ODS pasa también por la construcción de sociedades pacíficas, justas, tolerantes, abiertas e inclusivas, que proporcionen un acceso equitativo a la justicia y se basen en el respeto a los derechos humanos.
Según los datos recogidos por la Oficina de la Alta Comisionada, al menos cuarenta y tres personas fueron detenidas en el contexto de las elecciones de 2021, marcadas por las restricciones a los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y emancipación política. Se documentó que otras veinte mujeres y seis hombres fueron víctimas de acoso, y al menos cuatro defensores de los derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente. La Sra. Bachelet hizo un llamamiento al gobierno para que aplique medidas urgentes para su pronta liberación y garantice la integridad física y psicológica de los detenidos, incluyendo la posibilidad de que la Oficina de la Alta Comisionada tenga acceso a los detenidos.
En este sentido, evocó las sanciones, los ataques y el acoso contra activistas políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos. De cara a las próximas elecciones municipales previstas para noviembre de 2022, la Alta Comisionada instó a tomar medidas para restablecer un proceso electoral creíble, justo y transparente, tal y como se recomienda en el informe, y asegurar que todos los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos civiles y políticos de forma libre y plena, independientemente de su afiliación política.
Además, la Alta Comisionada instó al país a derogar las leyes aprobadas en 2018 que restringen indebidamente los derechos cívicos y democráticos, en particular la Ley Especial de delitos cibernéticos, entre otras.
Wendy Carolina Morales, Procuradora General de Nicaragua, en nombre del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, afirmó que las organizaciones y organismos internacionales como el Consejo están evaluando el ejercicio de los derechos humanos entre los países de manera discriminada, siendo permisivos y tolerantes cuando se trata de los actos de barbarie cometidos por las grandes Potencias e irracionales con los países en desarrollo como Nicaragua. La Procuradora General afirmó que esta valoración desigual conduce a la manipulación e instrumentalización de los derechos humanos. También, rebatió las fuentes de información utilizadas en el informe, que a juicio del gobierno, son imparciales pues las voces de algunos sectores con marcados intereses políticos, ideológicos y económicos.
Según Morales, el objetivo del informe era descalificar y denigrar a las autoridades e instituciones nacionales, así como al ordenamiento jurídico del Estado, basándose en información falsa y tendenciosa, con el fin de interferir en sus asuntos, irrespetando su soberanía e independencia. El representante nicaragüense declaró que el país ha sido constantemente sometido a un escrutinio inquisitorial, pero que se mantendrá firme en su labor de defensa de los derechos humanos fundamentales de todos los nicaragüenses. Pidió el fin de todas las sanciones y denunció los planteamientos de aquellos países e instituciones que intentan influir y avasallar a su gobierno.
Diálogo interactivo
En el debate interactivo subsiguiente, la Unión Europea evocó la compleja situación de los derechos humanos en el país, evidenciada por la detención arbitraria de opositores políticos y candidatos electorales, periodistas y defensores de los derechos humanos, así como la anulación, por motivos políticos, del estatuto de personalidad jurídica de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Los miembros de la delegación instaron al gobierno a poner en marcha un diálogo nacional, que debe ser inclusivo desde todos los puntos de vista y garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis política y de derechos humanos que afecta al país.
La solución a esta crisis debe basarse en las normas y los estándares de los derechos humanos, y debe tener lugar un diálogo nacional sincero e inclusivo para hacer frente a la impunidad, restaurar la democracia y defender los derechos humanos. La Unión Europea condenó la represión contra los opositores políticos, los medios de comunicación, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los afrodescendientes, los indígenas y la comunidad LGTBI, e instó a las autoridades a liberar incondicional e inmediatamente a todos los presos políticos y a permitir el regreso seguro de todas las personas en el exilio. El representante también solicitó a la Alta Comisionada que profundizara en las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en relación con los sucesos de abril de 2018, y en las violaciones de los derechos al debido proceso y al juicio justo de las personas detenidas arbitrariamente desde mayo de 2021.
Posteriormente, Suecia, en nombre de los países del norte del Báltico, destacó la importancia de alzar su voz de preocupación por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se producen en Nicaragua y que fueron expuestas por la Sra. Bachelet. El representante sueco se refirió a las elecciones celebradas en noviembre de 2021, que en su opinión se desarrollaron sin respetar los principios democráticos, ya que se privó al pueblo nicaragüense del derecho a elegir libremente a sus representantes y a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes. Posteriormente, interpelaron a la Alta Comisionada sobre las medidas que deberían adoptarse para promover la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y reiteraron el llamamiento a la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluida la OACDH.
Canadá, en nombre del Grupo Principal sobre Nicaragua (Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), expresó su preocupación por el importante deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el pasado mes de marzo e instó a las autoridades a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitrariamente, así como a promulgar todas las reformas necesarias.
Venezuela, Cuba, Siria, Rusia y Eritrea lamentaron que el informe presentado contenga información distorsionada contra Nicaragua, cuyo gobierno ha afirmado su compromiso con los derechos humanos a pesar de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, así como de las incesantes amenazas, la injerencia externa, la retórica agresiva y la desinformación mediática. El representante del Estado condenó la manipulación del discurso de los derechos humanos con fines políticos y la política intervencionista promovida contra la soberanía, la autodeterminación y el orden constitucional de Nicaragua. Rechazaron los ejercicios de motivación política en el seno del Consejo de Derechos Humanos, afirmando que el diálogo constructivo y la cooperación deben guiar el trabajo de los mecanismos y órganos de derechos humanos.
Los representantes de las ONGs enfatizaron la necesidad de respetar el debido proceso y lamentaron la falta de cooperación de Nicaragua con los mecanismos internacionales de derechos humanos y pidieron la reanudación de la cooperación con la OACDH y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Posición de Geneva International Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice (GICJ) agradece la actualización oral proporcionada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Las presuntas violaciones denunciadas exigen una revisión exhaustiva del cumplimiento del derecho de los derechos humanos y de las normas internacionales; por lo tanto, hacemos un llamado al gobierno nicaragüense para que acoja y propicie una mayor cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, a fin de asegurar que se implementen las mejores prácticas.
Asimismo, instamos al gobierno a promulgar reformas electorales significativas, a poner fin inmediatamente a las detenciones arbitrarias, a garantizar las libertades de la sociedad civil y de los opositores políticos, a investigar y perseguir los abusos de derechos en el contexto de las protestas, y a modificar aquellas leyes que restringen gravemente los derechos a la libertad de expresión y de asociación en el país. GICJ exhorta a las autoridades a fomentar un diálogo nacional sincero e inclusivo que conduzca a la reconciliación, salvaguardando la plena participación de representantes de todo el espectro político e ideológico y con un firme compromiso en la labor de garantizar la democracia política económica y social en el país.
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