Por Natalia Venegas / GICJ
El jueves 17 de enero de 2022, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos detuvo a 336 niños, más del doble de la cifra registrada el 30 de diciembre de 2021, cuando se detuvo a 150 menores. De estos niños, casi el 76% de los casos federales son de niños de quince años o más, pero hay casos de bebés y niños pequeños [1]. La ley estadounidense define a los niños no acompañados como "migrantes menores de 18 años sin estatus legal en Estados Unidos y sin un padre o tutor que pueda cuidar de ellos" [2].
Los niños abandonan Centroamérica por su cuenta debido a la pobreza, la violencia y las condiciones climáticas. Actualmente, los provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador representan dos tercios de los niños no acompañados detenidos. El resto llegan de México, donde la guerra contra los cárteles ha provocado mayor inseguridad y homicidios. Otras razones por las que los niños abandonan a sus familias son los abusos domésticos, las bandas criminales y la corrupción local. Además, los padres envían a sus hijos solos al otro lado de la frontera, con el fin de aprovechar la protección de asilo para menores no acompañados.
La situación de la inmigración es uno de los mayores problemas. Los niños no acompañados, por ejemplo, son seleccionados para recibir asilo y tienen derecho a solicitarlo, no importa que solo lleven un año en Estados Unidos. Sin embargo, en 2018 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) concedió solo el 28% de las solicitudes de asilo a niños. En los últimos años, la tasa de denegación de asilo ha disminuido del 72 al 63 por ciento. Pero, el USCIS ofrece otras formas de alivio legal a algunos menores no acompañados, incluidos los visados especiales para los supervivientes de trata de personas y el de violencia intrafamiliar [2].
Hay muchas agencias y burocracia involucradas en el caso de los niños migrantes no acompañados. Por ejemplo, según la Ley de Seguridad Nacional de 2002, tanto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como el de Salud y Servicios Humanos (HHS) tienen que hacerse cargo de los niños no acompañados. En 1997, una demanda contra las autoridades federales de inmigración dio lugar al "Acuerdo Flores". Según el Acuerdo Flores, el gobierno de Estados Unidos debe proporcionar a los menores no acompañados las con las necesidades humanas básicas, como comida y agua, atención médica de urgencia, instalaciones sanitarias y un entorno ventilado con temperatura controlada.
En cuanto al proceso, la primera entidad implicada es el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta entidad es responsable de la aprehensión, el procesamiento y el retorno de los niños a sus países de origen. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) del DHS detiene inicialmente a los niños que cruzan la frontera y son identificados como niños no acompañados. Su situación se determina mediante entrevistas, documentos y pruebas médicas. A continuación, la CBP separa a los menores de los adultos, no en función de criterios generales sino de un enfoque individualizado. Esta separación suele ser fundamental para clasificar a los adultos como no emparentados, peligrosos o perseguibles penalmente. La separación hace que los menores sean clasificados como no acompañados.
Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) es responsable de llevar a los niños no acompañados a un "entorno menos restrictivo" mientras estén bajo custodia federal. El "entorno menos restrictivo" suele significar que el HHS enviará a los niños a hogares de paso, a centros de acogida o a otro tipo de instalaciones destinadas a proporcionar atención infantil a largo plazo. Mientras tanto, hay que tomar una decisión para los niños y puede ocurrir una de estas tres opciones. Primero, el niño pierde su caso y es deportado a su país de origen. Segundo, el niño se convierte en un adulto legal y es liberado o detenido en las instalaciones para adultos a la espera de un proceso judicial. O el niño gana el asilo o la ayuda de inmigración y puede empezar a vivir en Estados Unidos de manera legal.
El gobierno de Biden adoptó un enfoque diferente. Su Departamento de Justicia puso fin formalmente a la política de tolerancia cero. A continuación, creó un grupo de trabajo para reunir a los niños separados con sus padres. Además, algunos funcionarios concedieron un estatus legal temporal a algunos niños procedentes del Triángulo Norte antes de su viaje a la frontera, restableciendo el programa de Menores Centroamericanos (CAM). Sin embargo, el 6 de diciembre de 2021, el gobierno estadounidense reanudó el programa MPP, también conocido como "quedense en México", debido a una orden de la Corte Suprema. Y, según la ley de Estados Unidos, los menores no pueden ser retenidos con sus familias mientras esperan el juicio. Las medidas tomadas por la administración provocaron la separación de más de 4.300 niños de sus familias entre julio de 2017 y junio de 2018, reclasificando a los niños como menores no acompañados. La reanudación del programa complica la situación de los niños que actualmente están separados de sus padres y tiene graves repercusiones en los derechos humanos.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) pide a Estados Unidos que conceda a los niños las oportunidades y necesidades básicas que requieren, respetando la Convención de los Derechos del Niño. GICJ expresa que el programa MPP es una grave violación de los derechos humanos, especialmente de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que comprende el derecho de asilo. GICJ también considera que a los niños se les debe conceder asilo si lo requieren, atendiendo a sus derechos humanos fundamentales.
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[1] https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-01-21/aumentan-cifras-de-ninos-migrantes-que-llegan-solos-a-la-frontera-sur-de-eeuu
[2] https://www.cfr.org/backgrounder/us-detention-child-migrants
Fuente de la imagen: Flickr
