Por Conall Corrigan /GICJ
Traducido por Natalia Venegas /GICJ
El 22 de febrero, las Naciones Unidas publicaron un informe en el que se enumeran los nombres de varios Estados miembros que han participado en el suministro de armas al ejército de Myanmar. Es probable que estas armas se hayan utilizado contra civiles desde el 2018. Además, la ONU ha sugerido que también se utilizaron en el golpe militar de febrero del 2021. El informe, titulado 'Permitiendo atrocidades: Transferencias de armas de los Estados miembros de la ONU a los militares de Myanmar", señala que el ejército de Myanmar ha sido responsable de cometer flagrantes violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Myanmar, incluyendo, desplazamientos forzados, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y la criminalización de la libertad de expresión, reunión y asociación.
Según el autor del informe, Tom Andrews, quien es relator especial de la ONU para la situación de derechos humanos en Myanmar, varios Estados miembros de la ONU han autorizado la transferencia de equipos militares al ejército de Myanmar desde 2018. Entre ellos, se encuentran: India, Pakistán, Bielorrusia y Ucrania. Sin embargo, desde el golpe de Estado, las transferencias de armas llevadas a cabo por Serbia, Rusia y China han sido especialmente atroces, suministrando los tipos de armas que están contribuyendo activamente a la perpetuación de los abusos contra los derechos humanos; incluyendo misiles, helicópteros de combate y vehículos blindados de personal. De acuerdo con la opinión de Andrews’, debido al historial del ejército de Myanmar, el cual ha mostrado que usan armas adquiridas para cometer abusos de derechos humanos, es muy probable que: "ellos supieran, o debieran haber sabido, que sus armas se utilizarían para atacar a los civiles" [1]. Por ello, es posible que estas transferencias de armas se hayan llevado a cabo desafiando el derecho internacional humanitario y el derecho internacional consuetudinario.
Aunque la Asamblea General adoptó la Resolución 75/287 en junio de 2021, la cual "pide a todos los Estados miembros que impidan la entrada de armas a Myanmar" [2], el hecho de que el Consejo de Seguridad no haya conseguido que esta resolución sea vinculante para los Estados miembros, ha provocado la ira y la frustración creciente del pueblo de Myanmar hacia la comunidad internacional, ya que se siguen exportando armas al país desde todo el mundo.
En su informe, el Relator Especial pidió la suspensión inmediata de la venta de armas a la junta militar de Myanmar y ha hecho un llamado al Consejo de Seguridad para que convoque una sesión de emergencia, con el fin de debatir y votar una resolución que prohíba la transferencia de armas a los militares. Este es un esfuerzo por evitar que se produzcan más abusos contra los derechos humanos de los civiles. Además, Andrews pide a la ONU que adopte un enfoque coordinado para atacar las fuentes de ingresos de la junta militar con el fin de limitar su capacidad de importar armas.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) está preocupada por las continuas violaciones de los derechos humanos en Myanmar. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general deben dar prioridad a que desescale la violencia en curso, deteniendo el suministro de armas a los militares, en lugar de contribuir activamente al conflicto, el cual ya ha cobrado miles de vidas de civiles y ha forzado el desplazamiento de más de 800.000 personas. GICJ está convencido de que para conseguirlo, es vital que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emita una resolución vinculante, con el fin de que todos los Estados miembros prohíban la transferencia de equipamiento militar a la junta militar de Myanmar.
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[1] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28142&LangID=E
[2] https://undocs.org/en/A/RES/75/287
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