Por Aimara Pujadas/GICJ
El 4 de septiembre de 2020 el Senado mexicano, por decisión unánime, reconoció la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para examinar denuncias individuales, es un paso importante para incrementar los esfuerzos del Estado en materia de cumplimiento de los derechos humanos. Un año después, el país acoge la visita del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, las conclusiones son alarmantes. El Comité observó que más de 100 desapariciones se produjeron durante el lapso de la visita, aunque solo transcurrieron 9 días entre el 15 y el 26 de noviembre.
A pesar de los avances legislativos e institucionales alcanzados en los últimos años, el fenómeno de las desapariciones sigue siendo generalizado en gran parte del territorio del Estado, un escenario en el que “prevalece la impunidad y la revictimización”;, lo que exige una estrategia estatal integral para abordar sus múltiples causas. En este sentido, se atribuyó especial importancia a la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Víctimas, el Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, se reconoció la relevancia del establecimiento de comisiones de búsqueda a nivel estatal, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidos, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila.
Sin embargo, los esfuerzos de las autoridades mexicanas para localizar rápidamente a los desaparecidos e identificar a los fallecidos, deben incrementarse. Según cifras oficiales, al día de hoy, el Registro Nacional de Desaparecidos y Desaparecidas indica la alarmante cifra de 95121 personas desaparecidas. La actuación rápida debe ser la premisa a la hora de investigar todos los casos para tener una dimensión real del problema de las desapariciones en el país. Después de visitar 13 Estados, mantener 80 reuniones con autoridades y 33 con víctimas y organizaciones de la sociedad civil, el Comité expresó su preocupación ante evidencias de “colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado”;, con algunas desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado. Los testimonios, tanto de las autoridades como de las víctimas, apoyaron estas alegaciones.
El Comité también abordó la vulnerabilidad de los migrantes a las desapariciones. Sometidos a masacres (como las ocurridas en San Fernando, Cadereyta y Camargo), así como a extorsiones violentas y a la privación ilegal de la libertad sin comunicación con el exterior, los migrantes en México se convierten a menudo en personas desaparecidas. Como se ha señalado anteriormente, la impunidad estructural que prevalece en el país, que favorece la reproducción y el ocultamiento de las desapariciones forzadas, resulta preocupante para la comunidad internacional.
La escasa asistencia legal que se brinda a las víctimas para avanzar en sus casos; los obstáculos legales y sociales que enfrentan los grupos minoritarios de la población, como los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes y las personas LGTBI+, a la hora de acceder a los mecanismos de aplicación de la ley, conducen a una sorprendente falta de confianza en el sistema por parte de las víctimas y sus familiares. Este escenario se verá agravado si no se toman más medidas con el fin de aumentar el bajo número de acusaciones presentadas, de órdenes de detención ejecutadas y de sentencias emitidas en casos de desaparición forzada. A través de la fuerza de la ley del Estado y de mecanismos e investigaciones eficientes, se debe disuadir a los perpetradores de actuar. El informe presentado tras la visita, será discutido y adoptado por el pleno del Comité durante su 22ª sesión, que tendrá lugar en Ginebra entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022.
Posición de Geneva International Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice insta a México a adoptar una política nacional de prevención para erradicar las desapariciones, que involucre a todas las autoridades, y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Los hallazgos del Comité respecto a la demora y falta de resultados en las investigaciones; la frecuente omisión de los estándares de debida diligencia aplicables en el contexto de las desapariciones forzadas; así como las alarmantes evidencias de participación o colaboración de agentes del Estado en el crimen organizado, demandan de México y de la comunidad internacional mayores esfuerzos para perseguir a las redes de perpetradores, y llegar al fondo de cada investigación y aplicar mecanismos efectivos de rendición de cuentas para poner fin no sólo a la impunidad, sino a la reproducción de este delito.
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