Traducción por Nicole Gonzalez, GICJ
En el día de Al-Naksa
GICJ expresa nuevamente su condena a la amenaza de anexión por parte Israel
El 5 de junio de 2020 se conmemora el aniversario número 53 de Naksa. Debido a las recientes amenazas de Israel de anexar ilegalmente la Ribera Occidental ocupada, la conmemoración debe traer a la atención de los estados la necesidad de adoptar medidas urgentes para hacer todo lo necesario para impedir la anexión ilegal. Los estados deben hablar con una voz firme y clara al condenar estas deplorables amenazas y prevenir que Israel siga adelante con su anexión ilegal planeada de antemano. Está previsto que la anexión entrara en vigor el mes próximo.
El Centro Internacional de Ginebra para la Justicia (GICJ) suma su voz a la firme condena de las amenazas de Israel y pide a las Naciones Unidas que se aseguren de que la anexión ilegal no se lleve a cabo.
Al final de la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel entregó "Naksa" a la gente palestinia. La palabra árabe "Naksa" significa derrota y provocó el desplazamiento forzado de decenas de miles de palestinos del territorio palestino ocupado (TPO) cuando Israel asumió el control de la Ribera Occidental, la Franja de Gaza, la Península del Sinaí en Egipto y los Altos del Golán de Siria. Antes de esto, cuando se estableció Israel en 1948, se produjo una guerra extremadamente violenta que indujo la limpieza étnica de los palestinos mediante la expulsión sistemática de sus tierras natales.
La anexión ilegal de Israel ha sido objeto de una estrategia sistemática y se ha aplicado gradualmente por decadas, como lo demuestra la prevalencia de los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino ocupado, que ha ido aumentando constantemente a lo largo de los años. Paralelamente, Israel ha denigrado sistemáticamente a la gente palestina en el territorio palestino ocupado. A los palestinos se les niegan los permisos de construcción y se les impide construir escuelas, hospitales y viviendas.
La circulación de los palestinos está regulada y obstaculizada a través de bloqueos de carreteras y puestos de control, que se establecen diariamente. Los estatutos israelíes han hecho casi imposible que los palestinos reciban la necesaria atención médica, lo que ha tenido consecuencias nefastas, especialmente durante la pandemia actual.
Estas políticas israelíes son claramente discriminatorias, ya que sólo se aplican a los palestinos y no a los israelíes o a sus asentamientos. Los colonos pueden beneficiarse de la ayuda del gobierno, incluida la financiación de la vivienda, la educación y la infraestructura. Los colonos se someten al derecho civil israelí mientras que los palestinos son juzgados según el derecho militar israelí. Israel ha puesto en práctica un sistema de apartheid moderno, en flagrante violación del derecho internacional.
Bajo el Cuarto Convenio de Ginebra, se prohíbe el traslado de civiles de la potencia ocupante al territorio ocupado y, sin embargo, en el territorio palestino ocupado, Israel lo hace de manera deliberada y sistemática. Se trata de una violación flagrante del derecho internacional humanitario y continúa a pesar de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas que exigen la retirada de Israel del territorio palestino ocupado.
Israel continúa su ocupación ilegal del territorio palestino y actualmente ocupa el 85% de Palestina, dejando el 15% restante para los palestinos, aunque la mayoría de estas tierras igual están sujetas a alguna forma de control israelí.
El GICJ insta a la comunidad internacional a que adopte medidas inmediatas contra la continua y permanente violación por parte de Israel de los derechos humanos de los palestinos en el territorio palestino ocupado. Los palestinos corren un mayor riesgo debido a las amenazas de anexión ilegal por parte de Israel y necesitan que la comunidad internacional actúe decisivamente y con urgencia. La comunidad internacional debe garantizar los derechos de los palestinos a la libre determinación ya que, a pesar de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas que declaran ese derecho, todavía no se ha hecho realidad.
El GICJ pide a la comunidad internacional que haga a Israel rendir cuentas de sus crímenes de guerra, que han sido numerosos y recurrentes en los TPO durante décadas. La impunidad de la que ha disfrutado Israel es lo que ha llevado a la situación actual, en la que pueden emitir amenazas de anexión ilegal sin temor a las consecuencias. Si queremos llegar a una transición a la justicia, debe ser ahora, ya que la necesidad de justicia para los palestinos a estado pendiente ya muchísimas décadas.
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