Traducido por Jennifer Tapia Boada / GICJ
En la mañana del 23 de enero de 2024, dos prisioneros políticos fueron ahorcados bajo la orden del Tribunal Revolucionario de Irán. Mohammad Ghobadlou, de 23 años, y Farhad Salimi, un prisionero religioso kurdo, fueron ejecutados al amanecer, enfrentando diversas acusaciones, incluyendo "hacer la guerra contra Dios" o Moharebeh, "acciones contra la seguridad nacional", "propaganda contra el régimen" y "corrupción en la tierra".
Mohammad Ghobadlou, inicialmente condenado a muerte en noviembre de 2022, fue ejecutado por su participación en las protestas de Woman Life Freedom y falsamente acusado de conducir hacia una multitud en 2022, lo que resultó en la muerte de un oficial de policía y heridos. La solicitud de elegir su propio abogado fue rechazada dos veces por el tribunal, y se designó un abogado del centro de asesoramiento judicial para su caso, sin acceso a la documentación del caso hasta su primera audiencia judicial. Su abogado, Amir Raisian, fue informado recién a las 5 p. m. del lunes 22 de enero, después del horario de oficina, de su sentencia de muerte programada para el 23 de enero. La madre de Ghobadlou informó que sufría de trastorno bipolar y le negaron la medicación mientras estaba en prisión. Fue trasladado a confinamiento solitario el 9 de enero de 2024, en la prisión de Rajai Shahr, ubicada en las afueras de la ciudad de Karaj, Irán.
Farhad Salimi, un prisionero religioso kurdo, fue ejecutado en la prisión de Ghezel Hesar después de 14 años de prisión, mientras que sus coacusados Davud Abdollahi, Qasim Abeste y Ayoub Karimi también fueron ejecutados en los últimos dos meses. Salimi pasó catorce años en prisión sin el derecho de salir, y a su familia también se le negó una última reunión. Aunque se instruyó a la familia que regresara para una última visita, el 23 de enero (2024) se les informó que su sentencia se había llevado a cabo. Salimi inició una huelga de hambre el sábado 30 de diciembre de 2023, como protesta contra la ejecución de su compañero de prisión, Davud Abdollahi. Al igual que Ghobadlou, Salimi fue condenado a muerte por el juez Abolqasem Salavati, el infame "juez de la pena de muerte" en el Tribunal Revolucionario.
En medio de las recientes ejecuciones del 23 de enero, crecen las preocupaciones entre los iraníes, ya que otro prisionero político, Mehdi Mousavian, arrestado el 31 de diciembre de 2017, enfrenta acusaciones de arrojar una piedra a un policía durante una protesta en Farokhshahr, provincia de Chaharmahal y Bakhtiari, supuestamente dejándolo ciego en el ojo izquierdo. Mousavian negó todos los cargos en su audiencia judicial el 27 de enero de 2019, incluido el qisas (retribución en especie). El policía exigió diya (dinero de sangre) de $270,000, que la familia de Mehdi no puede pagar, por lo que ahora ha solicitado la retribución, y Mehdi está programado para quedarse ciego en el ojo izquierdo en los próximos días.
Según la ley del gobierno iraní, se establece una cantidad indicativa anual para el "dinero de sangre", teniendo en cuenta factores como la inflación. Sin embargo, en casos que caen bajo el qisas, las personas pueden determinar su propia compensación deseada sin un límite superior especificado. Esta situación representa un riesgo significativo para los prisioneros, exponiéndolos a daño o incluso a la muerte, como se ejemplifica en casos recientes como el de Mohammad Ghobadlou. De manera alarmante, varias ONGs locales en Irán han reportado más de 800 ejecuciones, afectando a una amplia gama de personas, incluyendo prisioneros políticos, mujeres y niños. Sorprendentemente, se han registrado 51 ejecuciones solo desde principios de enero de 2024.
Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno iraní utiliza leyes despiadadas de represalia, con veredictos a menudo emitidos en juicios injustos, para reprimir a manifestantes y opositores, muchos enfrentando acusaciones de colaboración con agencias de seguridad ilegales y torturas.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena enérgicamente el uso frecuente de la pena de muerte en Irán contra manifestantes y opositores al gobierno.
