Por Farah Caïdi / GICJ
Traducido por Lian Martínez / GICJ
Así describió Michael Sfard, abogado israelí de derechos humanos y abogado de la organización Al-Haq, la situación actual de los derechos humanos en Palestina.
Al-Haq fue designada organización terrorista en octubre de 2021 por su supuesta afiliación al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), junto con otras 5 organizaciones de derechos humanos. Esta designación fue seguida rápidamente de una orden militar. La orden permitió a los militares ejecutar las medidas relacionadas con la designación, como cierres de oficinas, confiscaciones, detenciones administrativas y demás. Su oficina fue brutalmente clausurada en agosto de 2022. 13 meses después de la designación, Micheal Sfard denunció que no había recibido nada que pudiera responder como abogado a esta organización. Las acusaciones contra la organización siguen sin conocerse. Israel afirma que las acusaciones que tienen forman parte de un expediente secreto que no pueden revelar. Sin embargo, la defensa debe tener algo a lo que responder para defender su inocencia. En esta situación, los abogados no pueden impugnar legalmente la decisión e incluso son amenazados por el Ministerio de Defensa por representar a “organizaciones terroristas”. Uno de los miembros de la Comisión de Investigación sobre los TPO que realizó la entrevista destacó que estas acciones suponen, entre otras cosas, obstrucción a la justicia, lo que constituye una violación del derecho internacional.
Debido a la larga trayectoria de estas organizaciones, además de su presencia a escala internacional y el apoyo que reciben de países donantes, Israel quiso aislarlas. Esto fracasó rápidamente, ya que la mayoría de los países donantes y otras entidades no apoyaron la medida de Israel y reiteraron que no había pruebas que justificaran esta designación terrorista. Sin embargo, Geneva International Centre for Justice (GICJ) se une al llamamiento de estas organizaciones para subrayar que las declaraciones oficiales no bastan ahora. Deben tomarse medidas, ya que el personal de estas organizaciones, su trabajo y toda la sociedad civil se ven claramente amenazados.
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