CDH50: Los derechos de las mujeres y niñas indígenas son derechos humanos
El 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
13 de junio - 8 de julio de 2022
Tema 3 del programa - Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre La violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias
20 de junio de 2022
Por Anyssa Boyer / GICJ
Traducido por Natalia Venegas / GICJ
Resumen Ejecutivo
El 20 de junio, en la 12ª sesión del 50º Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial, Reem Alsalem, presentó su informe al Consejo y, a continuación, mantuvo un diálogo interactivo sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias.
La Sra. Alsalem arrojó luz sobre la arraigada vulnerabilidad de las mujeres y niñas indígenas a formas complejas e interseccionales de violencia que se derivan de las estructuras de poder patriarcal, la discriminación racial y étnica y la situación socioeconómica. Subrayó el miedo de las mujeres indígenas a la estigmatización, las barreras lingüísticas y los riesgos de revictimización. La Relatora Especial expresó su preocupación por las graves barreras que enfrentan las mujeres, en particular la violencia de género, que obstaculizan la realización de su autodeterminación y sus derechos humanos. Ademàs indicó que la pandemia del COVID-19 exacerbó formas preexistentes de desigualdades de género e instó a los Estados a afrontar mejor las crisis venideras, así como la actual crisis medioambiental a la que nos enfrentamos. La Sra. Alsalem subrayó el claro nexo entre la violencia de género y la crisis climática. Explicó que la crisis climática agrava los índices de violencia contra las mujeres indígenas, dificultando su participación activa en las prácticas de conservación del clima. Las mujeres indígenas también carecen de reconocimiento como defensoras de los derechos humanos y son agentes importantes en nuestra lucha contra el cambio climático. La Relatora Especial recordó al Consejo y a los miembros de la comunidad internacional que estas mujeres deben ser reconocidas como agentes resilientes capaces de realizar cambios transformadores.
Antecedentes
En diciembre de 1993, la Asamblea General adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la resolución 48/194, estableciendo el mandato de la Relatora Especial. En marzo de 1994, la Sra. Radhika Coomaraswamy fue nombrada Relatora Especial por la Comisión de Derechos Humanos en la resolución 1994/45. En virtud de su mandato, la Relatora Especial identificó y recopiló información sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias. También se le encargó que utilizara esta información para proponer medidas y mecanismos que abordaran la violencia contra las mujeres a nivel regional, nacional e internacional, trabajando conjuntamente con los mecanismos de derechos humanos para borrar estas violaciones que obstaculizan los derechos fundamentales de las mujeres. En 2003, el mandato se amplió mediante la resolución 2003/45. En 2019, se renovó mediante la resolución 41/17, en la que se pedía acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo del trabajo.
En julio de 2021, la Sra. Alsalem fue nombrada Relatora Especial por el Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, por un periodo de tres años a partir del 1 de agosto de 2021. Durante los primeros cinco meses de su mandato, la Sra. Alsalem comenzó con reuniones introductorias que fomentaron la participación activa entre diferentes órganos de las Naciones Unidas, fondos asociados, organismos de programas y expertos. El 5 de octubre de 2021, la Sra. Alsalem presentó ante la Asamblea General una actualización oral del último informe presentado por la anterior titular del mandato. Tras su presentación, la Sra. Alsalem describió la forma en que veía la evolución de su mandato para los tres años siguientes. Su última declaración fue pronunciada el 14 de marzo de 2022 en la reunión de apertura de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York.
En la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la relatora especial Reem Alsalem presentó su informe sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias. La Sra. Alsalem trabajó para ampliar el trabajo y los logros de los anteriores titulares de mandatos. El mandato representó un pilar esencial en los derechos de la mujer, ya que reconoció que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos de la mujer. Además, el mandato pedía la aplicación de la cuestión en el marco y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
En la presentación, la Sra. Alsalem agradeció al gobierno de Mongolia su excelente cooperación durante su visita y brindó al país interesado la oportunidad de presentar una declaración en respuesta. La delegación de Mongolia expresó su sincero agradecimiento por su estrecha colaboración y su diálogo constructivo con la Relatora Especial y acogió con satisfacción su exhaustivo informe. La representante de Mongolia declaró que las recomendaciones se están revisando y aplicando cuidadosamente. Considera que el país ha hecho progresos considerables, pero aseguró que se seguirá trabajando para garantizar la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas indígenas.
En el debate posterior, las delegaciones de los Estados, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su apoyo y su preocupación por las cuestiones relativas a la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias. La mayoría reconoció las graves barreras interseccionales a las que se enfrentan las mujeres y las niñas indígenas y la necesidad de abordar las causas fundamentales de los ciclos intergeneracionales de violencia. Además, las delegaciones señalaron claramente la existencia de sistemas institucionales deficientes que no proporcionan un acceso adecuado a la justicia y a la reparación a las víctimas de la violencia de género. Las delegaciones de los Estados destacaron la importancia de hacer que los autores rindan cuentas, la importancia de abordar la impunidad actual, y subrayaron además cómo el miedo y el estigma a menudo dan lugar a una importante falta de denuncia de los delitos violentos. A la luz de la crisis medioambiental, las delegaciones reconocieron que los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas están gravemente comprometidos. Los Estados miembros también plantearon la importancia de reconocer las raíces sistémicas de la violencia. Por último, las delegaciones de los Estados y las organizaciones internacionales subrayaron la necesidad de reconocer a las mujeres indígenas como habitantes legítimas de sus territorios. Reiteraron que las mujeres y niñas indígenas tienen derecho a ejercer su derecho a la autodeterminación y deben ser reconocidas como defensoras de los derechos humanos y agentes de cambio.
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias
El lunes 20 de junio, la Relatora Especial presentó su informe en la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. El informe de la Sra. Alsalem se centró en las vulnerabilidades interseccionales a las que se enfrentan las mujeres y las niñas indígenas, derivadas de graves formas de violencia de género y que se remontan a las raíces de la colonización y las estructuras de poder poscoloniales. Entre ellas se encuentran la esterilización forzada, la trata de personas y la violencia sexual, todas ellas derivadas de contextos de desplazamiento o migración, conflictos y prácticas tradicionales perjudiciales. Subraya que estas diversas formas de violencia que sufren las mujeres son infligidas por agentes estatales, actores no estatales, incluidas las fuerzas armadas, la sociedad civil y otros. Sin embargo, la violencia de género es una violación que se denuncia muy poco, lo que significa que los autores suelen gozar de impunidad. Las mujeres y las niñas indígenas se enfrentan a obstáculos a la hora de acceder a la justicia, todo lo cual dificulta gravemente sus derechos fundamentales. Las comunidades y las instituciones estatales albergan un entorno que fomenta el riesgo generalizado de discriminación, los prejuicios, el miedo a la estigmatización, las barreras lingüísticas y los riesgos de revictimización. Las mujeres y las niñas indígenas corren el riesgo de ser marginadas aún más de los sistemas de justicia, no reciben atención por las violaciones sufridas y, como resultado, sufren un trauma intergeneracional mientras la violencia de género sigue persistiendo a través de las generaciones.
La Relatora Especial arroja luz sobre la violencia de género contra las mujeres y niñas indígenas. Más concretamente, pretende llamar la atención sobre la violencia intergeneracional y de larga duración infligida a las mujeres y niñas indígenas. La Sra. Alsalem también desea investigar hasta qué punto la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas se cruza con otras violaciones de los derechos humanos. Por último, se esfuerza por ayudar a los Estados, a los actores no estatales y a otras partes interesadas en los requisitos y las medidas necesarias para prevenir, proteger y detener la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, respetando los principios y las obligaciones fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
La Sra. Alsalem destacó los marcos internacionales y regionales que crean una base para los principios de los derechos de los pueblos indígenas y los titulares de derechos rurales. En primer lugar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, que afirma los derechos básicos y fundamentales de los pueblos indígenas. En esta convención se hizo especial hincapié en los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas. En segundo lugar, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (nº 169) adoptado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo, siendo el tratado internacional más avanzado para el avance de los derechos de los pueblos indígenas. La Relatora Especial también destacó que las mujeres y las niñas indígenas están bajo la protección indirecta de los principales tratados de derechos humanos consagrados en los convenios y mecanismos de las Naciones Unidas. Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer está elaborando recomendaciones para seguir promoviendo los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, teniendo en cuenta los principios fundamentales de protección contra la violencia de género.
La Sra. Alsalem subrayó que las mujeres y las niñas indígenas se ven muy afectadas por la crisis medioambiental, que destruye considerablemente sus medios de vida tradicionales, su identidad cultural y su derecho a la autodeterminación, lo que agrava la exposición existente a la violencia de género. La agricultura industrial y el reciente aumento de las industrias extractivas han interferido gravemente en los medios de vida de los pueblos indígenas, afectando a su bienestar físico y a su seguridad. La Sra. Alsalem subrayó cómo las mujeres y las niñas indígenas no son reconocidas como "guardianas de los valiosos conocimientos tradicionales de sus comunidades" y, en cambio, se las menosprecia y se les priva de una participación política activa. Sus conocimientos de larga data sobre prácticas sostenibles, acción climática y mitigación no se incorporan a las políticas e iniciativas dirigidas por el Estado. Todas las formas de activismo y defensa de las mujeres y niñas indígenas se ven en gran medida socavadas e interrumpidas por la fuerza por las fuerzas gobernantes. La legislación y los marcos nacionales establecidos para proteger a las mujeres no reconocen las vulnerabilidades de las mujeres y las niñas indígenas. Por último, la Relatora Especial arrojó luz sobre la descripción de las mujeres y niñas indígenas como víctimas de la violencia en lugar de actores resilientes y agentes de cambio que han luchado, resistido y abordado continuamente la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
La Relatora Especial hizo un llamado a los Estados para que garanticen la participación de las mujeres indígenas en las consultas y los procedimientos legislativos que son clave para abordar la violencia contra las mujeres. La Sra. Alsalem instó a los Estados a hacer frente a la "impunidad endémica" asociada a los crímenes contra las mujeres, y aseguró que, una vez superada, la violencia contra las mujeres puede y será prevenida. Hizo un llamamiento a los gobiernos, las instituciones financieras, el sector privado y otros agentes no estatales para que asuman la responsabilidad de respetar los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los derechos de las mujeres y las niñas indígenas a sus propias tierras y a la autodeterminación durante los proyectos de desarrollo y extracción de recursos naturales. La Relatora Especial hizo un llamamiento para mejorar el acceso de las mujeres y niñas indígenas a los sistemas de atención sanitaria, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Además, subrayó la importancia de acoger las identidades culturales de las mujeres y niñas indígenas ofreciendo servicios adecuados, y denunció cualquier comportamiento que normalice una mayor marginación. Por último, instó a los Estados a proporcionar a las mujeres y niñas indígenas un acceso igualitario a los sistemas de justicia, condenando cualquier forma de discriminación.
Diálogo interactivo
Orador del país en cuestión
La delegada de Mongolia agradeció el exhaustivo informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias. Acogió con satisfacción las recomendaciones del informe y las examinó detenidamente. La delegada declaró que Mongolia ha aplicado las medidas reflejadas en las recomendaciones y sigue vigilando cuidadosamente los derechos y las libertades de las mujeres en el país. Mongolia declaró la reciente conclusión del 10º informe periódico sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, en el que los expertos del Comité aplaudieron el esfuerzo del país en la promoción de la igualdad de género, la participación de la mujer en la esfera política y el establecimiento de programas para las mujeres rurales. Se han observado logros significativos en el país, pero la delegación subrayó que aún son necesarias más medidas. Terminó reiterando su entusiasmo por los futuros diálogos independientes con los expertos en derechos humanos, en el espíritu de poner fin a todas las formas de discriminación contra la mujer, sus causas y consecuencias.
La delegación de Sudán acogió con satisfacción el informe de la Relatora Especial. El delegado indicó que el país de Sudán ha aplicado desde entonces varias estrategias destinadas a promover el papel activo de la mujer en la sociedad. La formación, el empoderamiento y el establecimiento de planes de acción contra la violencia de género han sido prioridades fundamentales para el gobierno. La delegación de Sudán destacó que la mutilación genital femenina está penalizada desde 2020 y que se han creado campañas de sensibilización contra la violencia doméstica y la violencia de género. Sudán se compromete a cumplir la resolución del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad, consagrada internacionalmente. Sudán está decidido a luchar contra la violencia de género y ha puesto en marcha actividades de taller destinadas a empoderar y proteger a las mujeres en las zonas de retorno voluntario. La delegación de Sudán señaló los retos a los que se enfrentan las mujeres en cuanto a costumbres culturales y prácticas tradicionales.
El jefe de la delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas comenzó agradeciendo a la Relatora Especial su informe. La Unión Europea aseguró que está comprometida con la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, y que en la actualidad esta cuestión es prioritaria. La delegación reconoció que las mujeres y niñas indígenas se enfrentan a formas complejas e interseccionales de violencia y discriminación. Además, hizo hincapié en la necesidad de responsabilizar a los autores de los delitos y en la forma en que éstos repercuten negativamente en el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. La UE hizo hincapié en el elevado riesgo que corren las mujeres de sufrir violencia sexual y de género, que incluye la esterilización forzada, las prácticas tradicionales nocivas y la violencia relacionada con los conflictos. También, subrayaron cómo las mujeres que encarnan el papel de defensoras de los derechos humanos son objeto de diversas formas de violencia y acoso cuando participan en la vida pública y política, en la promoción y en el activismo. La delegada elogió la resistencia de las mujeres y las niñas y su papel activo como agentes de cambio para combatir los ciclos de violencia en curso. Por último, la UE preguntó a la Relatora Especial cómo se puede incluir mejor a las mujeres y las niñas como agentes de impacto en los procesos nacionales e internacionales que trabajan para la eliminación de la violencia.
A continuación, la representante de Lituania, en nombre de Polonia y Ucrania, expresó su preocupación y condenó la brutal agresión militar de Rusia en Ucrania, que ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres y niñas de los países afectados, y pidió la ayuda de la comunidad internacional. La delegada hizo hincapié en el miedo y el estigma que sufren las mujeres, que a menudo hace que no se denuncien los delitos y la violencia sexual y de género. La representante de Lituania subrayó que todas las formas de violencia contra las mujeres se utilizan como "armas de guerra para humillar, intimidar y aterrorizar a toda la población". Subrayó la importancia de responsabilizar a todos los autores y de detener los ciclos de impunidad. La representante preguntó qué medidas pueden aplicarse para proteger mejor a las mujeres y las niñas en el contexto de Ucrania. Por último, preguntó al Relator Especial cómo pueden la comunidad internacional y la sociedad civil garantizar la promoción de la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones y abusos de los derechos humanos.
La delegación de Ecuador, en nombre de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México, entre otros, compartió su gran preocupación por los derechos de las mujeres. Celebraron las buenas prácticas establecidas por los Estados y los actores que promueven acciones de prevención y protección de la violencia contra las mujeres. Pidieron la creación de los mecanismos de defensa y protección necesarios para salvaguardar los derechos de las mujeres y niñas indígenas. La delegación reiteró la importancia de implementar marcos normativos y políticos que salvaguarden la igualdad de género y las necesidades específicas de las mujeres y las niñas. La delegación de Ecuador aseguró su compromiso de luchar por la promoción y el respeto de los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Por último, preguntaron a la Relatora Especial cómo los Estados pueden adoptar formas efectivas para promover la participación activa de las mujeres y niñas indígenas en los sistemas de justicia y reparación.
ONU Mujeres acogió con satisfacción el informe del Relator Especial y reconoció el nivel desproporcionado de violencia de género al que se enfrentan las mujeres y las niñas indígenas, perpetrada por actores estatales y no estatales. ONU Mujeres también hizo hincapié en la intersección de las raíces de la violencia de género con las cuestiones relativas a los conflictos armados, el cambio climático, la agricultura a escala industrial, la degradación del medio ambiente y los legados del colonialismo. La organización recordó a los Estados su obligación de prevenir, investigar y castigar a los autores de la violencia y su responsabilidad de proporcionar a las mujeres y las niñas indígenas más visibilidad y un acceso adecuado a la justicia y a los centros para supervivientes. ONU Mujeres hizo un llamamiento para la aplicación de reformas legales y políticas que apoyen la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas. Dentro de estos marcos, ONU Mujeres pidió la adopción y aplicación de medidas que pongan fin a los estereotipos de género discriminatorios. Además, destacaron la necesidad de recopilar datos desglosados para la creación de políticas y programas basados en pruebas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reiteró la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres indígenas. Sus derechos a la tierra se ven cada vez más despojados a causa del cambio climático, la competencia por los recursos naturales y la degradación del medio ambiente. La FAO subrayó que las comunidades indígenas poseen una gran cantidad de conocimientos que son fundamentales no sólo para su relación con el medio ambiente, sino también para la preservación de sus alimentos y la gestión del territorio. Señalaron que su organización opera junto a tres pilares fundamentales. El primero busca "promover el reconocimiento de sus conocimientos como conocimientos reales"; "promover el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el consentimiento libre, previo e informado para garantizar la inclusión de las mujeres indígenas"; y "promover la participación de las mujeres indígenas en los procesos de elaboración de políticas mediante la puesta en marcha de escuelas de liderazgo para mujeres indígenas". La FAO hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a los miembros de la sociedad civil para que se ocupen colectivamente de la actual discriminación que sufren las mujeres y niñas indígenas. Terminaron haciendo hincapié en que estas personas son agentes de cambio y poseedoras de conocimientos sobre muchas cuestiones relativas a nuestro medio ambiente.
La delegación de Canadá reiteró las formas interseccionales de violencia que sufren continuamente las mujeres y las niñas indígenas y que contribuyen al trauma intergeneracional. Canadá instó a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para abordar y prevenir la violencia de género. Además, destacó la necesidad de promover la participación de las mujeres indígenas en los procesos de toma de decisiones en las esferas políticas y en los sistemas de la ONU. La delegación de Canadá reiteró la importancia de facilitar el acceso de las mujeres y niñas indígenas a la justicia y a los derechos sexuales y reproductivos. Canadá reitera la importancia de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, castigar a los autores y proporcionar la reparación necesaria a las víctimas y supervivientes indígenas. La delegación demostró su apoyo al establecimiento del acceso a datos desglosados que acumularán pruebas sobre los índices desproporcionados de violencia que sufren las mujeres y las niñas indígenas. Por último, la delegación de Canadá mostró su reconocimiento a la representación completa de los pueblos indígenas cuando se discutan asuntos que les afecten y conciernan directamente.
La delegación de la Federación Rusa se opuso directamente al informe del Relator Especial. La Federación Rusa declaró que no entendía la legitimidad de separar a las "mujeres indígenas" y a las "mujeres" en dos categorías distintas. Rusia consideró excesivas las medidas para avanzar en la protección de los pueblos indígenas, incluidos las mujeres y los niños, y sus derechos a la tierra. La delegación consideró que los problemas de las mujeres indígenas no son diferentes de la lucha de las mujeres no indígenas. El país explicó que no está de acuerdo en proporcionar programas y legislación especiales para proteger a las mujeres indígenas contra la violencia, alegando que todas las mujeres merecen el mismo trato. Rusia recordó al Relator Especial que debía mantener la terminología de la ONU y no plantear conceptos controvertidos como la violencia medioambiental, la violencia cultural y la militarización del hábitat y el territorio. Por último, la delegación afirmó con rotundidad que establecer una base igualitaria para los derechos de las mujeres y las niñas es contraproducente, ya que los niños, a diferencia de los adultos, aún no han desarrollado la capacidad de comprender toda su gama de derechos. Por el contrario, siguen estando bajo la tutela de sus padres u otro representante legal hasta que alcanzan la madurez.
ONGs e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
Tras la lista de oradores, se dio la palabra a las ONG e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Éstas acogieron con satisfacción el informe de la Relatora Especial y elogiaron sus esfuerzos. Las ONG e Instituciones de Derechos Humanos destacaron el fuerte vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la situación socioeconómica de las mismas. También recordaron a la comunidad internacional que las normas patriarcales y los efectos duraderos del despojo colonial obstaculizan el derecho de las mujeres indígenas a ejercer la autodeterminación y provocan un aumento de las víctimas de la violencia. Además del inadecuado acceso de las mujeres a la justicia debido al temor a la discriminación y la estigmatización, la COVID-19 y la crisis medioambiental han puesto en entredicho la consecución de los derechos de las mujeres. Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos destacaron la importancia de adoptar medidas efectivas para proteger los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, abordando al mismo tiempo las causas profundas de la violencia. Las ONG arrojaron luz sobre los feminicidios y las agresiones que afectan más a las mujeres vulnerables. Estas violaciones no están tipificadas como delito, los autores permanecen impunes y las mujeres y niñas indígenas no reciben una reparación adecuada. Por último, las ONG y las instituciones nacionales de derechos humanos concluyeron acentuando la necesidad de incluir en el discurso a los miembros que se identifican como LGBTI en Mongolia. Estas personas a menudo son ignoradas por el Estado y, como resultado, no se cumple su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Observaciones finales del Relator Especial
La Relatora Especial tomó la palabra y presentó sus observaciones finales. Dio las gracias a las delegaciones y a las ONG por su buena fe, sus contribuciones y sus esfuerzos para abordar la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias. Dio la bienvenida a todas las delegaciones y organizaciones por el fructífero diálogo mantenido a lo largo de la sesión. La Sra. Alsalem mostró su reconocimiento por el compromiso de las delegaciones y agradeció su afán por la prórroga del mandato. La Relatora Especial declaró que ampliaría el alcance del mandato para incluir a las niñas, ya que entiende que las raíces de la violencia pueden surgir durante los primeros años de desarrollo.
La Sra. Alsalem procedió a responder a las preguntas planteadas durante el Diálogo Interactivo. Al dirigirse a Sudán, la Relatora Especial hizo hincapié en la adopción de las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las mujeres y las niñas indígenas. Destacó la importancia de empoderar a las mujeres y no criminalizarlas por defender sus derechos, territorios y comunidades. La Relatora Especial explicó que es fundamental estudiar los errores del pasado, aceptar las responsabilidades que condujeron a las atrocidades y cambiar los enfoques para evitar la repetición de los errores. Además, afirmó que una buena recopilación de datos sólo es eficaz si incluye a las mujeres indígenas en todas las etapas del proceso de recopilación de datos. También hay que eliminar las barreras que impiden a las mujeres indígenas acceder a los servicios jurídicos. Otro elemento importante es proporcionar información en las lenguas de los pueblos indígenas e incluir servicios de participación sensibles a los niños.
En respuesta a Canadá, la Relatora Especial explicó que hay diferentes partes del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas, y de los derechos de las mujeres y niñas indígenas, que se centran más en las cuestiones de género. La Sra. Alsalem reconoció que éstas podrían integrarse mejor entre sí para promover aún más la visibilidad de género.
Asimismo, en respuesta a la situación en Ucrania presentada por la representante de Lituania, la Sra. Alsalem hizo hincapié en que las violaciones y otras formas de violencia de género están aumentando a un ritmo excesivo. Condenó la violación como herramienta de guerra utilizada como táctica para desestabilizar a las partes enfrentadas. La Relatora Especial apeló a la responsabilidad de la comunidad internacional para garantizar la protección de las personas que huyen de la guerra en Ucrania y elogió a los países vecinos por sus esfuerzos. Destacó los buenos marcos jurídicos existentes para hacer frente a la violencia contra las mujeres, como el Convenio de Estambul, e hizo un llamamiento a los países no pertenecientes al Consejo de Europa para que lo ratifiquen sin demora.
Al dirigirse a Rusia, la Relatora Especial expresó que era consciente de que Rusia aún no había firmado el Convenio de la OIT de 1989 ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que insta a los Estados a dar reconocimiento y protección legal a todas las tierras, territorios y recursos y a garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. Reiteró que los pueblos indígenas, incluidas las mujeres y las niñas, y los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente corren estadísticamente un riesgo mucho mayor de sufrir violencia y otras violaciones de los derechos humanos.
Concluyó agradeciendo las buenas prácticas que ya se han adoptado a nivel regional, nacional e internacional. Existen buenas iniciativas y políticas de las regiones latinoamericanas que constituyen un buen punto de partida. La Relatora Especial afirmó que se congratula de la futura colaboración para garantizar colectivamente que todos los países trabajen de forma proactiva para detener la violencia contra todas las mujeres y niñas de una vez por todas. "La cuestión de la violencia contra las mujeres no es sólo una cuestión de derechos humanos, sino también de desarrollo y prosperidad y, por tanto, lo que necesitamos es un enfoque de toda la sociedad".
Posición de Geneva International Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena enérgicamente toda la violencia contra las mujeres y elogiamos al Consejo por sacar a la luz las voces de las mujeres y niñas indígenas. GICJ insta a los gobiernos estatales a proteger a las víctimas de la violencia de género. Extendemos plenamente nuestro apoyo en la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres y pedimos a los representantes estatales que protejan y defiendan los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. La impunidad de los crímenes contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada y GICJ implora a los gobiernos estatales que responsabilicen a los autores de sus actos. Reconocemos las normas patriarcales y los legados del colonialismo que obstaculizan los derechos de las mujeres y las niñas indígenas a la autodeterminación y las exponen aún más a diferentes formas de violencia. GICJ hace un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil para que proporcionen a las mujeres y niñas indígenas un mejor acceso a los sistemas de justicia y a los programas de reparación. Además, reconocemos a las mujeres y niñas indígenas que abogan por sus derechos como defensoras de los derechos humanos e instamos a la comunidad internacional a promover y proteger a las mujeres y niñas que participan activamente en la vida pública y política, así como en la defensa y el activismo. También, seguimos profundamente preocupados por la crisis medioambiental y estamos alarmados por su efecto directo sobre las comunidades indígenas, incluidas las mujeres y las niñas. Por último, GICJ recuerda a la comunidad internacional su responsabilidad de garantizar que se mitiguen todas las violaciones de los derechos humanos agravadas por la crisis medioambiental y que se persigan todas las formas de violencia derivadas de esta crisis en curso.
