El 50 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

13 de junio - 8 de juliol de 2022

Tema 2 del programa - Diálogo interactivo sobre la actualización oral del Alto Comisionado sobre la grave situación humanitaria y de derechos humanos en Mariupol

16 de junio de 2022

Por Conall Corrigan / GICJ

Traducido por Natalia Venegas / GICJ

Resumen Ejecutivo

El 16 de junio, la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ofreció una actualización oral sobre la grave situación humanitaria y de los derechos humanos en Mariupol durante un diálogo interactivo en la novena sesión del 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

La Alta Comisionada señaló que su oficina está preocupada por el incumplimiento por parte de Rusia de sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por el desastroso impacto que las hostilidades han tenido en la vida de los civiles en Mariupol. La Sra. Bachelet reconoció que los residentes de la ciudad se han visto obligados a soportar el peso del conflicto y lamentó el hecho de que, debido a la imposibilidad de su oficina de acceder a Mariupol desde el comienzo de las hostilidades en la zona, no ha podido tener acceso de primera mano a la ciudad; en su lugar, la oficina se basa en los relatos de quienes han huido de la zona y de quienes permanecen en ella. La Alta Comisionada subrayó que Rusia debe cumplir con todas sus obligaciones de derecho internacional como potencia ocupante en Mariupol y destacó que su oficina debería tener acceso efectivo a la ciudad, y a otras zonas de Ucrania, para evaluar el trato que reciben los civiles que han permanecido en el país. La Sra. Bachelet recordó al Consejo que la búsqueda de justicia y de recursos efectivos para todas las víctimas del conflicto son los próximos pasos cruciales para todas las autoridades con poder para actuar. 

A continuación, los países implicados en la actualización oral tuvieron la oportunidad de presentar declaraciones. El representante ruso afirmó que Mariupol había sido efectivamente liberada de lo que denominó "formaciones nazis ucranianas" y que las fuerzas rusas habían devuelto la paz y la calma a la ciudad. Por el contrario, el representante ucraniano señaló que las acciones de Rusia en Mariupol habían puesto de manifiesto el total desprecio del Estado por los derechos humanos y pidió a la comunidad internacional que colaborara con Ucrania para garantizar que los responsables de violar el DIH rindieran cuentas.

En el debate posterior, los Estados expresaron su preocupación por la actual situación humanitaria y de derechos humanos en Ucrania y subrayaron la necesidad de presionar a Rusia para que ponga fin al conflicto y respete el DIH. La mayoría de los representantes expresaron su apoyo a las investigaciones llevadas a cabo por la CPI y a otras iniciativas, como el Comité Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania (COI), que están examinando las violaciones de los derechos humanos y del DIH derivadas de la invasión rusa. Los Estados miembros abogaron por el cese de la violencia y mostraron su solidaridad con el pueblo de Ucrania.

Antecedentes

El 12 de mayo, durante la 34ª Sesión Especial del CDH, el Consejo adoptó la Resolución S-34/1 sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Ucrania como consecuencia de la agresión rusa. En esta resolución se pedía al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presentara una actualización oral sobre la grave situación humanitaria y de los derechos humanos en Mariupol, incluida una evaluación de la naturaleza y las causas de las violaciones del DIH y el DIDH cometidas allí, al Consejo de Derechos Humanos en su 50º período de sesiones en el marco del punto 2, al que seguiría un diálogo interactivo. La necesidad de una actualización oral sobre la situación en Mariupol se justificó debido a la preocupación del Consejo por la grave situación humanitaria y de derechos humanos en la ciudad de Mariupol. Esto incluye la destrucción casi total de su infraestructura residencial y civil causada por los bombardeos rusos, los informes sobre miles de víctimas civiles y los escasos avances en la garantía de evacuaciones seguras y sin obstáculos a zonas seguras bajo el control del gobierno ucraniano.

Actualización oral de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos

La Sra. Bachelet afirmó que entre febrero y abril, Mariupol fue probablemente la zona más peligrosa de Ucrania debido a la intensidad y el alcance de las hostilidades en la ciudad, que han dejado la zona "destrozada y agotada". Ella señaló que en la primera semana de marzo, las hostilidades en la zona urbana de Mariupol se caracterizaron por el uso de armas con grandes efectos, incluyendo bombardeos de tanques con artillería pesada, misiles y ataques aéreos. La Alta Comisionada subrayó que el ataque aéreo ruso contra el Teatro Regional Académico de Mariupol se destacó como el más mortífero de la zona y fue emblemático del daño generalizado a la población civil perpetrado por las fuerzas armadas rusas y los grupos afiliados. Señaló que, tras la ocupación de Mariupol por las fuerzas armadas rusas el 30 de abril, alrededor del 90% de los edificios residenciales han sido destruidos, así como el 60% de las casas particulares. Por ello, la Sra. Bachelet cuestionó el cumplimiento de los principios fundamentales que sustentan el DIH: los principios de distinción y proporcionalidad. 

La Alta Comisionada afirmó que su oficina ha verificado la muerte de 1.348 civiles, entre ellos 70 niños, pero, subrayó que el número real de muertos era probablemente mucho mayor. Reconoció que hasta que no se recuperen e identifiquen todos los cadáveres, será imposible determinar si estas muertes fueron causadas directamente por las hostilidades o por la falta de alimentos adecuados, agua, atención médica u otros efectos de la vida en el conflicto. Las hostilidades en esta zona han provocado la evacuación de unas 350.000 personas y han creado unas condiciones de vida devastadoras para los que han permanecido en la ciudad. Las hostilidades han diezmado una gran cantidad de infraestructuras civiles, como escuelas e instalaciones médicas. La Sra. Bachelet subrayó que, como consecuencia del conflicto, junto con el corte de gas, electricidad y agua a la ciudad, los hospitales no han podido funcionar adecuadamente. Esto ha provocado que los civiles tengan que luchar por los servicios básicos y sociales, como la atención médica. La Alta Comisionada expresó su preocupación por los informes sobre la propagación de enfermedades infecciosas, incluido el cólera, en Mariupol, y lamentó el hecho de que los residentes de la ciudad dependan ahora en gran medida de los servicios humanitarios de las fuerzas armadas rusas y de los grupos afiliados, y no tengan los medios para ganarse la vida. 

La Alta Comisionada llamó la atención del Consejo sobre la captura de soldados ucranianos en Mariupol. Desde principios de marzo, más de 2.000 soldados ucranianos han sido retenidos como prisioneros de guerra (POWs), y debido a la imposibilidad de la OACDH de acceder a la ciudad, la Sra. Bachelet reconoció que la ONU no ha podido evaluar las condiciones de su detención y tratamiento. La Alta Comisionada, también, expresó su alarma por los supuestos juicios de tres personas del servicio ucraniano que fueron condenadas por el intento de toma de territorio controlado por grupos armados afiliados a Rusia en Donetsk y por el entrenamiento para actividades terroristas y mercenarias. Estas personas han sido posteriormente condenadas a muerte, lo que ha provocado una mayor alarma en la comunidad internacional por el desprecio del Estado ruso hacia el derecho internacional. Se planteó la preocupación por la adjudicación de esta decisión, ya que los juzgados no pudieron presentar una defensa completa y se les negó el derecho a una audiencia pública e imparcial. La Sra. Bachelet subrayó que la denegación de un juicio justo está prohibida por el derecho internacional y puede constituir un crimen de guerra.

La Alta Comisionada resumió sus observaciones subrayando que la Federación Rusa debe cumplir todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional aplicable como potencia ocupante en Mariupol. Hizo hincapié en que su equipo de supervisión debe tener acceso efectivo a Mariupol y a otras zonas de Ucrania para documentar las condiciones de vida actuales de las personas que aún permanecen en la ciudad y descubrir las violaciones de los derechos humanos que puedan haber tenido lugar. Reiteró que los horrores infligidos a los ciudadanos de Mariupol dejarán una huella indeleble en los ucranianos durante generaciones, y recordó al Consejo que la búsqueda de justicia y de soluciones efectivas para todas las víctimas debe ser un paso crucial para todas las autoridades que tienen el poder de actuar. 

El representante ruso afirmó que no veía ningún motivo para que el Consejo se reuniera, ya que Mariupol había sido liberada del control de "formaciones nazis ucranianas" ylas fuerzas armadas rusas habían restaurado la paz y la calma en la ciudad. Señaló que las autoridades de la República Popular de Donetsk (RPD) están suministrando agua y electricidad a las casas y que el^transporte público funciona con normalidad. El representante arremetió contra Europa y Estados Unidos por su falta de voluntad para discutir los daños cometidos contra la población civil de la región de Donbás por parte de las fuerzas armadas ucranianas que, según él, practican un "neonazismo rampante" y son responsables de la "represión de ciertas minorías étnico-religiosas y lingüísticas".

El delegado afirmó que la falta de voluntad política de Kiev para cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo de Minsk ha provocado la actual intensificación de las hostilidades. Además, culpó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la Unión Europea (UE) de no haber aportado una solución pacífica al conflicto. Rusia argumentó que el suministro de armas por parte de las organizaciones internacionales a las fuerzas armadas ucranianas las animaba a seguir participando en la guerra. El representante afirmó que el Consejo estaba participando en otra farsa de propaganda política y mantuvo que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) es responsable de llevar a cabo ataques contra zonas residenciales e infraestructuras civiles, incluidas escuelas y hospitales, en la RPD y la República Popular de Luhansk (RPL). Señaló que los cuerpos de seguridad de Rusia y de la RPD siguen recibiendo nuevos testimonios de actividades criminales en Mariupol, como el bombardeo selectivo de zonas residenciales por parte de los combatientes ucranianos, el uso de civiles como escudos y la violencia cometida contra la población local. El delegado afirmó además que las SSU han bloqueado los corredores humanitarios y concluyó, afirmando que la OACDH se está convirtiendo en un conducto para los intereses geopolíticos del colectivo occidental y se está apartando de los principios de imparcialidad y objetividad en sus actuaciones.

La delegada ucraniana ha recordado al Consejo que han pasado más de 100 días desde el lanzamiento de los ataques contra Ucrania por parte de Rusia y que Mariupol ha sufrido los peores horrores de la guerra. La representante ha señalado que, durante casi tres meses, Mariupol ha resistido heroicamente el asalto de Rusia y ha soportado los constantes bombardeos y ataques a la ciudad. Añadió que la determinación y el coraje de quienes defendieron Mariupol de los invasores rusos son emblemáticos del inconmensurable heroísmo que el pueblo ucraniano ha demostrado a lo largo del conflicto. Desde el asedio ruso a la ciudad, el gobierno ucraniano estima que al menos 20.000 civiles pueden haber muerto, mientras que miles han sido trasladados por la fuerza a Rusia o a otros territorios ocupados. La delegada subrayó que Mariupol ha quedado convertida en cenizas y que, para los que aún permanecen, la vida en la ciudad ha recurrido a asegurar su supervivencia. Informó al Consejo de que miles de civiles siguen enterrados bajo los escombros de los edificios destruidos y que las fuerzas armadas rusas y los grupos afiliados están destruyendo las pruebas de sus crímenes. Muchos se han visto obligados a vivir en sótanos debido a la destrucción de sus hogares, mientras que los expertos han declarado que el brote de enfermedades infecciosas increíblemente peligrosas en Mariupol podría provocar la muerte de 10.000 personas para finales de año. 

La representante subrayó que no puede haber impunidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas rusas y pidió a la comunidad internacional que rinda cuentas por los crímenes cometidos contra el pueblo ucraniano. Instó a los Estados a unirse a Ucrania en la exigencia de que Moscú cumpla con sus obligaciones en virtud del DIH y se comprometa con todas las partes pertinentes para garantizar el retorno seguro de los casi 2.500 prisioneros de guerra bajo detención rusa. La delegada subrayó que Mariupol seguirá siendo para siempre parte integrante de Ucrania y que la comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de ayudar a Ucrania a garantizar que se restablece la justicia en Mariupol y que los principios fundamentales del DIDH pueden prevalecer.

Suecia, en nombre de los países nórdicos y bálticos, planteó su preocupación por las graves violaciones del DIH y del DIDH cometidas por las fuerzas armadas rusas y sus grupos afiliados, incluido el uso de la violencia sexual y de género y el bombardeo de hospitales. La representante señaló que estos actos no son excepciones en la estrategia bélica de Rusia y se han convertido en algo demasiado habitual. Subrayó la necesidad de presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania y respete el DIH. La delegada subrayó que el Estado ruso debe permitir el regreso seguro de todos los civiles ucranianos trasladados por la fuerza a Rusia y que los responsables de su deportación deben rendir cuentas de sus actos. Suecia reiteró su apoyo a las investigaciones de la CPI y la COI sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos derivadas de la agresión rusa en Ucrania.

La cabeza de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas expresó su consternación por la catastrófica situación humanitaria y de derechos humanos en Mariupol. La UE subrayó que actualmente no se están satisfaciendo las necesidades más básicas de los civiles sobre el terreno y exigió que Rusia garantice la entrega y el acceso seguros y sin obstáculos de la ayuda a los que se encuentran en Mariupol. La representante instó al Estado ruso a permitir el paso seguro y voluntario de los civiles en la dirección que deseen, como también indicó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en marzo de 2022. Se planteó la preocupación por los informes de deportaciones forzadas de ciudadanos ucranianos, incluidos niños, desde Mariupol a Rusia, en violación del derecho internacional. La UE instó a Rusia a respetar los derechos y la dignidad de los prisioneros de guerra y a tratarlos de acuerdo con los requisitos del DIH. La delegación criticó los intentos de Rusia de establecer estructuras alternativas ilegítimas en Mariupol, en violación del derecho internacional y de la constitución ucraniana. La UE reafirmó su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y concluyó implorando a Rusia que ponga fin a su guerra de agresión con Ucrania y retire las tropas inmediatamente. 

El representante de Venezuela expresó su preocupación por el agravamiento del conflicto en Ucrania y atribuyó el origen de las hostilidades a los años de violaciones de los derechos humanos cometidas en la región de Donbás por parte de las fuerzas armadas ucranianas. El delegado afirmó que la pérdida de vidas en Ucrania es el resultado de la ruptura de los acuerdos de Minsk por instigación del gobierno de Estados Unidos. Añadió que la actual expansión de la OTAN hacia el este de Europa, y la creciente hostilidad contra Rusia desde 2014, ha traído claras amenazas a la región. Venezuela argumentó que los países de la OTAN han armado a Ucrania en una medida que prolongará el conflicto con consecuencias inimaginables para el mundo en general. Rechazó lo que denominó "el curso unilateral de las medidas impuestas a Rusia" que, según él, han intensificado el conflicto y socavado la protección de los derechos humanos dentro de Ucrania. Alentó un mayor nivel de entendimiento diplomático por parte de la ONU a través de un diálogo constructivo entre todas las partes del conflicto para preservar la vida, los derechos humanos y la estabilidad en la región.

La delegación del Reino Unido declaró que todos los crímenes de guerra cometidos como consecuencia del conflicto deben ser investigados y los responsables deben rendir cuentas de sus actos. El representante subrayó que todos los prisioneros de guerra deben ser tratados dentro de los requisitos del DIH y pidió al Estado ruso que respete el derecho internacional. Señaló que el Reino Unido ha liderado los esfuerzos para remitir la situación en Ucrania a la CPI y hará más esfuerzos para contribuir a su labor de investigación y apoyar a los socios internacionales que están ayudando a la Fiscalía General de Ucrania en su investigación interna. El delegado reafirmó el apoyo del Reino Unido a Ucrania y a su pueblo y señaló que el gobierno británico ya ha contribuido con 3.000 millones de libras en asistencia económica y militar a Ucrania, así como en ayuda humanitaria. 

La representante de Estados Unidos afirmó estar consternada por las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas en Mariupol, y en toda Ucrania, que han provocado la muerte de miles de civiles. Señaló que las fuerzas armadas rusas y los grupos afiliados han destruido deliberadamente las infraestructuras civiles, incluidos hospitales y escuelas, y han atacado los corredores humanitarios, lo que ha impedido la entrega de ayuda vital a la población de Mariupol. La delegada subrayó que las acciones del Estado ruso demuestran brutalidad, insensibilidad y una indiferencia gratuita por el inconmensurable número de víctimas humanas que ha causado esta guerra no provocada. Estados Unidos reiteró su apoyo a la documentación de los abusos de los derechos humanos relacionados con el conflicto y de las violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas y sus representantes. La representante concluyó elogiando la labor de la misión de supervisión del ACNUDH y de la recién creada COI, así como la oficina de crímenes de guerra del Fiscal General de Ucrania. 

Varias ONGs e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos informaron al Consejo que, hasta mayo, más de un millón de personas han sido desplazadas desde el inicio del conflicto. Los grupos pidieron el cese de las hostilidades e instaron al Estado ruso a retirar las tropas de las zonas ocupadas de Ucrania y a garantizar el retorno seguro de los civiles desplazados por la fuerza. Las ONG señalaron que, aunque es difícil acceder a información precisa sobre la situación sobre el terreno, el uso del análisis de imágenes por satélite ha descubierto fosas comunes dentro de Mariupol. En consecuencia, los oradores señalaron que Rusia está infringiendo actualmente la Convención sobre el Genocidio y recordaron a los Estados su obligación, en virtud del artículo 1 de dicha Convención, de impedir los asesinatos en masa y castigar a quienes cometan actos genocidas. Se hizo hincapié en la necesidad de proporcionar vías legales para la justicia, la rendición de cuentas y las reparaciones para el pueblo ucraniano. Muchos grupos hablaron de las terribles condiciones de los campos de filtración rusos y del mal trato que reciben quienes han sido procesados en ellos. El hecho de que el Estado ruso no garantice el agua potable y las condiciones sanitarias tanto en los campos como en Mariupol, deja a unos 100.000 residentes en riesgo de contraer graves enfermedades y viola las obligaciones del derecho internacional de Rusia de garantizar el derecho al agua, la salud y la vivienda. Los oradores imploraron a la comunidad internacional que coordine sus esfuerzos de investigación para garantizar la recopilación precisa de información que ayude a todas las investigaciones sobre los crímenes cometidos en Mariupol y en toda Ucrania.

Observaciones finales de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos

La Alta Comisionada señaló que, aunque su oficina no tiene acceso a los territorios bajo control ruso, su equipo puede supervisar y documentar la situación hablando con las personas que han abandonado la ciudad y comunicándose a distancia con las que permanecen. La Sra. Bachelet hizo hincapié en que las Naciones Unidas seguirán abogando por la rendición de cuentas de quienes han cometido delitos e informó al Consejo de que la información que ha recibido su oficina se recopilará y compartirá con los mecanismos de rendición de cuentas necesarios. En cuanto a los derechos de los grupos minoritarios dentro de Mariupol, la Alta Comisionada señaló que la OACDH tenía conocimiento de informes sobre casos individuales de personas de ascendencia africana que se enfrentaron a la discriminación durante la evacuación y al cruzar la frontera en febrero y marzo para escapar de las zonas afectadas por los ataques armados rusos en Ucrania. Reconoció que la situación de las minorías en Mariupol aún no se ha evaluado por completo debido a la imposibilidad de contactar con los miembros de los grupos minoritarios de la zona.

Muchos Estados pidieron aclaraciones sobre la situación de los prisioneros de guerra en Mariupol. La Sra. Bachelet informó al Consejo de que su oficina ha recibido informes creíbles sobre prácticas abusivas cometidas contra los prisioneros de guerra de ambos bandos. Actualmente, se estima que más de 2.000 soldados ucranianos en Mariupol han sido tomados como prisioneros de guerra desde marzo, sin embargo, debido a la falta de acceso a los prisioneros de guerra en el territorio controlado por Rusia, la OACDH no ha podido evaluar su número, condiciones de detención o tratamiento. La Alta Comisionada señaló que su oficina ha entrevistado a militares ucranianos capturados en Mariupol que les dijeron que habían sido golpeados por soldados rusos. La Alta Comisionada subrayó la necesidad de que los equipos de supervisión independientes tengan acceso sin restricciones a todos los lugares de detención para determinar si los prisioneros de guerra han sufrido una privación de libertad.

En cuanto al uso de traslados forzosos por parte del Estado ruso, la Sra. Bachelet reconoció que el número exacto de personas trasladadas desde Mariupol a territorios controlados por Rusia o por grupos armados afiliados sigue sin estar claro. Expresó su preocupación por el hecho de que las personas que han sido trasladadas por la fuerza puedan carecer de medios económicos para disfrutar de la libertad de movimiento. La Alta Comisionada concluyó su intervención instando al Estado ruso a que cese sus operaciones en Ucrania y devuelva a su país de origen a todos los civiles ucranianos desplazados por la fuerza.

Posición de Geneva International Centre for Justice

Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena la agresión rusa en Mariupol y en toda Ucrania. Los ataques indiscriminados y desproporcionados llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas y los grupos armados afiliados representan una amenaza directa al derecho a la vida de los ciudadanos ucranianos y socavan en gran medida el objeto y el propósito de la Carta de las Naciones Unidas. Es vital que Rusia acepte cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y se comprometa a retirar todas las tropas basadas en Ucrania. El Estado ruso debe proporcionar al equipo de supervisión de la OACDH un acceso libre y sin obstáculos a Mariupol para que la ONU pueda evaluar las condiciones de vida de los civiles sobre el terreno, así como el trato que reciben los prisioneros de guerra en los centros de detención. Además, es esencial que la comunidad internacional, y todos los equipos de investigación que participan en la documentación de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en la región, coordinen sus esfuerzos para que todos los actores rindan cuentas de los crímenes que puedan haber cometido.

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