Por Sanzhar Aitkulov / GICJ

Traducido al español por Aimara Pujadas / GICJ

Las protestas en Kazajistán comenzaron el 2 de enero de 2022, tras un brusco aumento de los precios del gas licuado. Las protestas comenzaron en la ciudad occidental de Zhanaozen, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades: Almaty, Aktau, Aktobe, Karaganda, Nur-Sultan, Shymkent, Kokshetau, Uralsk y Zhezkazgan.

Los ciudadanos de todas las regiones de Kazajstán salieron a la calle para apoyar a Zhanaozen y le mostraron su apoyo coreando "Zhanaozen, estamos contigo". En algunas ciudades, las protestas se intensificaron y se convirtieron en disturbios. Las protestas que están teniendo lugar en Kazajstán no tienen precedentes. La última vez que el país fue testigo de protestas de tal magnitud fue cuando el país centroasiático obtuvo su independencia en 1991. Las demandas de cambio se han acumulado a lo largo de los 30 años de existencia del Estado. La principal demanda política era la dimisión del ex presidente Nazarbayev de la escena política. Quien fuera el presidente de Kazajistán durante casi 30 años, dejó el cargo de presidente por sí mismo, en 2019.

El protegido de Nazarbayev, Tokayev, que entonces era presidente del Senado, ganó las elecciones presidenciales de 2019. El entonces recién nombrado presidente Tokayev cambió el nombre de la capital para honrar a Nazarbayev, que sumado al carácter fraudulento de las elecciones, inspiró a muchos a protestar. 

Para reforzar el poder de Nazarbayev, se creó un Consejo de Seguridad, era esa la autoridad más influyente y estaba dirigida por el propio Nazarbayev. Además, existe una ley sobre el "Líder de la Nación" que otorga inmunidad judicial a Nazarbayev y su familia. Cansado de la falta de rendición de cuentas de la familia Nazarbayev, el pueblo kazajo ha salido a la calle a protestar. Ni siquiera tras el anuncio de la bajada de los precios del gas los manifestantes se desanimaron a la hora de expresar su frustración con el sistema político. Los manifestantes han exigido la disolución del Parlamento y la dimisión de Nazarbayev. Junto a estas demandas, los manifestantes también exigían que se resolvieran varias cuestiones sociales. 

La cuantía de las ayudas sociales era significativamente baja, mientras que los precios de los productos aumentaban.  No había suficientes plazas en las guarderías y escuelas. La tasa de desempleo es elevada. Se observa un alto nivel en las regiones del sur y del oeste del país. Esto se confirmó durante las protestas. En estas regiones, el número de manifestantes era mayor. 

La oligarquía del país controlaba muchas industrias y negocios. Por ejemplo, la tasa de reciclaje de los ciudadanos para la matriculación de los coches era gestionada por una organización privada. Establecían tasas de cobro muy elevadas. Como consecuencia, aparecieron en el país una docena de coches extranjeros. Los ciudadanos kazajos compraban coches pero no los matriculaban debido a las elevadas tasas. Los fondos estatales como "SamrukKazyna" y el Banco de Desarrollo de Kazajstán empezaron a patrocinar sólo programas beneficiosos para el Estado que no mejoraban el bienestar de la población.

La brutalidad policial no es algo nuevo a las actuales protestas.. En 2012, las fuerzas del orden respondieron con extrema brutalidad a las protestas que tuvieron lugar en Nur-Sultan y Almaty tras el cambio de nombre de la capital. En esta ocasión, todas las regiones del país ya han participado activamente en las protestas contra el gobierno. La reacción de las autoridades ante estas acciones fue inmediata. El gobierno, encabezado por el Primer Ministro Mamin, fue destituido y el Estado prometió reducir los precios del gas lo antes posible. 

El presidente del Comité de Seguridad Nacional fue detenido por traición y Nazarbayev fue destituido del cargo de presidente del Consejo de Seguridad. A partir del 5 de enero comenzaron los disturbios masivos en las ciudades de Almaty, Taraz y Shymkent. El pueblo exigía la dimisión total de las autoridades. Se quemaron los edificios del ayuntamiento, la fiscalía y los edificios del partido gobernante Nur-Otan. Durante los enfrentamientos, la policía golpeó a los ciudadanos, abrió fuego y utilizó equipo militar. En la ciudad de Almaty, la policía no pudo hacer frente a la embestida de los manifestantes. Algunos policías se quitaron el uniforme y se unieron a los manifestantes. 

El 6 de enero, el presidente Tokayev calificó las acciones de los manifestantes como un acto terrorista de intento de golpe de Estado. Posteriormente, el presidente Tokayev pidió ayuda a la OTSC (Organización del Tratado de Seguridad Colectiva). Según el artículo 8 del Tratado, los Estados miembros coordinan y unen sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo internacional y el extremismo y la amenaza a la seguridad, la estabilidad, la integridad territorial y la soberanía de los Estados miembros. No obstante, el artículo 5 del Acuerdo establece que la Organización funciona sobre la base del estricto respeto a la independencia y la no injerencia en los asuntos internos. Ese mismo día, las tropas de la OTSC entraron y el presidente Tokayev dio la orden de disparar a matar sin previo aviso contra los manifestantes. Muchas personas fueron detenidas durante las manifestaciones, desde saqueadores que invadían la propiedad privada hasta ciudadanos pacíficos que acudían a apoyar a Zhanaozen. 

A partir del 4 de noviembre, las comunicaciones celulares e Internet no funcionaron en todo el país. Sólo los canales estatales estaban operativos. A partir del 7 de enero, Internet y las comunicaciones empezaron a funcionar, pero sólo de forma intermitente. Desde el 6 de noviembre, se instauró el estado de emergencia en el país y las fuerzas de seguridad, totalmente armadas, patrullaron la ciudad. Se prohibió la entrada y la salida de algunas ciudades, se colocaron controles de carretera en los coches y se estableció un toque de queda. Periodistas de Radio Azattyk (Radio Liberty) y Current Time han sido detenidos durante las manifestaciones, para ser interrogados y posteriormente puestos en libertad. 

Geneva International Centre for Justice (GICJ) apoya el desarrollo pacífico de la democracia en Kazajistán. GICJ condena las violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones y se opone a la decisión del Presidente de autorizar a las fuerzas de seguridad a disparar sin previo aviso. GICJ apoya al pueblo de Kazajstán en su lucha por la democracia y exige la liberación de los presos políticos y de los periodistas  al tiempo que se intenta restablecer el orden público y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Kazajistán. 

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