Por Aimara Pujadas / GICJ
El pasado viernes 9 de diciembre Chiapas, México, fue el escenario de un atroz accidente que condujo a la muerte de más de 50 migrantes y resultó en unas 107 personas heridas, luego de que se volcara el camión en el que viajaban, abarrotados, hacinados y en dirección a cruzar la frontera de México con Estados Unidos.
Entre las víctimas había hombres, mujeres y niños; la mayoría procedentes de Guatemala, y en menor medida de Honduras, Ecuador y República Dominicana. Se trata de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica y que acuden a contrabandistas que los trasladan a menudo en condiciones extremadamente peligrosas.
El lamentable hecho ha suscitado aún más llamamientos a la comunidad internacional para la toma de medidas concretas en aras de reducir la trágica pérdida de vidas durante los viajes migratorios en todo el mundo, cada año.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa que el número de muertos en 2021 supera hasta el momento los 4.470. La frontera entre México y Estados Unidos constituye el paso más mortífero del mundo. Solo este año, al menos 650 personas han muerto tratando de cruzarla, más que en cualquier otro año desde que se iniciaron los registros de la OIM.
El estado de Chiapas, limítrofe con Guatemala, ha sido testigo de un aumento inusitado del número de migrantes procedentes de Centroamérica, muchos de ellos introducidos ilegalmente. En los 12 meses anteriores a octubre de este año se detectó la cifra récord de 1,7 millones de migrantes, principalmente de México y Centroamérica, que intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos.
Geneva International Center for Justice insta a que se tomen acciones preventivas para garantizar rutas seguras para la migración. GICJ condena el tráfico ilícito de migrantes en todas sus manifestaciones, como una amenaza para la seguridad y la vida de miles de personas cada año, y en cuyo combate actores estatales y no estatales deben unir fuerzas para desmantelar las redes criminales y organizadas que se involucran en estas prácticas ilegales.
El tráfico ilegal permanecerá mientras no existan rutas oficiales, seguras y asequibles para que las personas lleguen a los Estados anfitriones. Los traficantes responden a la necesidad de las personas de cruzar las fronteras sin saberlo, y las políticas de seguridad y un control fronterizo extenso son una de las razones por las que surge el contrabando.
Los Estados deben adoptar políticas y mecanismos concretos para abordar estos desafíos y aumentar las capacidades y estructuras legales e institucionales para proporcionar rutas e información a los migrantes y, al mismo tiempo, investigar y enjuiciar a los responsables del tráfico ilícito de migrantes.
Precisamente, la ausencia o insuficiencia de legislación nacional para reprimir el tráfico ilícito de migrantes en muchas partes del mundo conduce a menudo a que los contrabandistas continúen su accionar delictivo sin temor de ser llevados ante la justicia, en situación de total impunidad. Asimismo, se urge a impulsar políticas encaminadas a detener el accionar de los traficantes, y no aquellas exclusivamente dirigidas a controlar el paso de migrantes y desincentivar su arribo, sin afectar a las redes y grupos de delincuencia organizada que propician y lucran de esa actividad.
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