Por Aimara Pujadas Clavel/GICJ
Haití, es el país más pobre del hemisferio occidental. Durante las últimas dos décadas ha sido azotado por constantes y devastadores desastres naturales, inestabilidad política y económica, y una violencia exacerbada que incrementa la inseguridad ciudadana. Recientemente, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ha complicado aún más el escenario del pequeño Estado insular, cuyo futuro es, hasta hoy, aun incierto.
Todo ello ha conducido a la agudización de los desplazamientos internos y el éxodo hacia terceros países. En particular, el terremoto del 12 de enero de 2010, que dejó el país en ruinas, provocó la muerte de más de 300.000 personas y desplazó internamente a cerca de 1,5 millones. Forzó la migración de más de 1,6 millones de personas, lo que representa un quinto de la población total.
En aquel momento, los haitianos migraron fundamentalmente a Sudamérica, sobre todo a Brasil, que entonces demandaba mano de obra barata para construir las infraestructuras del Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016; y por lo tanto facilitaba la emisión de visas de trabajo a los haitianos.
Se estima que entre 2010 y 2018, casi 130,000 ciudadanos haitianos ingresaron en Brasil, convirtiéndose en una de las mayores comunidades de inmigrantes y refugiados. Sin embargo, a menos de 7,000 se les otorgó el estatus de refugiado, en parte, porque huir de un desastre natural no constituye, según la legislación brasileña, una base legal para ser reconocido como tal.
Sin embargo, cuando Brasil cayó en una recesión económica en 2014, muchos haitianos se quedaron sin empleo, lo que aumentó la marginalización de estos y exacerbó a su vez el racismo y la xenofobia en el país. En ese escenario de declive económico, el discurso de extrema derecha que fomentaba el sentimiento racista y antiinmigrante fue creciendo y se exigió la restricción de la inmigración para excluir a los haitianos y en su caso, los venezolanos, de las protecciones legales y el territorio nacional.
Esto condujo al paulatino desplazamiento de los haitianos, tanto desde Brasil como desde Haití, hacia Chile, donde la entonces presidenta Michelle Bachelet, como parte de la respuesta humanitaria de Chile al terremoto de 2010, había facilitado a los haitianos que ingresaban al país con visas de turista. Más tarde, una vez que encontraron empleo, recibían visas de trabajo.
No obstante, a partir de 2018, la nación chilena se vio también azotada por la oleada derechista y una crisis sociopolítica que en definitiva se ha expandido por varios países latinoamericanos y que ha impactado de manera negativa la capacidad de los migrantes haitianos para encontrar empleo, acceder a servicios o integrarse de otra manera en la sociedad chilena, víctimas de la discriminación racial y de género. Por lo general, los haitianos enfrentaban dificultades para acceder a trabajos dignos, así como para regularizar sus papeles.
Ante esta compleja situación, los haitianos comenzaron a migrar en mayor número, desde Brasil, Chile y el Triángulo Norte de Centroamérica a México y hacia Estados Unidos, y desde Nicaragua a Costa Rica.
México sin embargo se había convertido en país de destino para los haitianos desde 2017, luego de que Washington levantara, a finales de 2016, la exención de deportaciones para los migrantes de Haití que habían establecido después del terremoto de 2010, según la cual los que llegaban indocumentados no podían ser expulsados. Ello provocó que muchos haitianos se quedaran varados en la frontera norte de México, especialmente en Tijuana, donde progresivamente se asentó una comunidad haitiana que encontró oportunidades de empleo en la industria maquiladora.
No obstante, en ese país los haitianos también enfrentan numerosos obstáculos, desde la barrera idiomática hasta el abuso racista de funcionarios de inmigración, de otros migrantes y de los propios ciudadanos mexicanos. Los haitianos también son susceptibles de ser discriminados en el empleo y la vivienda, aumentando así, la exclusión social y el aislamiento.
La aparición de la pandemia de COVID -19 marcó un descenso de la migración haitiana a lo largo de 2020, pero el 2021, tras el relajamiento de las restricciones sanitarias en la mayoría de países de la región, y sobre todo luego del magnicidio del Presidente Jovenel Moïse en el mes de julio, que sumió el país en un pico de inestabilidad y desolación, agravado solo un mes más tarde por un nuevo terremoto de magnitud 7,2 seguido, días después, por la tormenta tropical Grace.
Se originó pues una crisis sin precedentes, con el incremento de la peregrinación haitiana desde Sur y Centroamérica y con destino a México en su paso hacia EEUU o en búsqueda de refugio en la frontera sur, en Tapachula, en Chiapas, el Estado más pobre de la nación azteca. Asimismo, miles de haitianos emprendieron viaje desde su isla, en embarcaciones improvisadas y en dirección a los Estados Unidos.
En Colombia, miles de migrantes quedaron varados a inicios de año, en el municipio de Necoclí, que marca el inicio del paso hacia la selva que conduce al istmo de Panamá, por el Tapón del Darién, y en dirección al Norte, en una travesía particularmente peligrosa por la presencia de grupos criminales y de traficantes de personas que controlan la región y, a menudo, extorsionan y agreden sexualmente a los migrantes, mayormente mujeres y niños.
No obstante, el escenario hoy es distinto. En el mismo Necoclí reporta un nuevo atasco de migrantes haitianos, pero en dirección contraria.
El creciente número de deportaciones a Haití, desde Estados Unidos, realizadas por la administración de Joe Biden, ha marcado una regresión de los migrantes haitianos hacia México y el interior del resto de países de Centroamérica.
Amparados en el Título 42, una orden de salud pública promulgada en marzo de 2020 bajo la administración de Donald Trump, el actual gobierno estadounidense ha autorizado la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que busque cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección, y bajo la alegación de la necesidad de limitar la propagación de Covid-19.
Esta política constituye un evidente irrespeto del principio de non-refoulement, pues permite la expulsión masiva y sistemática a posibles solicitantes de asilo sin el debido proceso y la evaluación individualizada para poder determinar su estatus, vulnerando las normas del derecho internacional, y sobre todo desconociendo la real situación de violencia, inestabilidad, anarquía y urgencia humanitaria que predomina en Haití. Un elemento adicional es que estas expulsiones que se basan supuestamente en motivos de salud pública, han seguido un marcado patrón discriminatorio y abusivo en detrimento sobre todo de negros, indígenas y latinos.
Aunque ciertamente la administración de Biden, ofrece el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los haitianos que se encontraban en los Estados Unidos con fecha anterior 29 de julio de 2021, otorgándoles una autorización de trabajo temporal y protección contra la deportación durante 18 meses, aquellos que han llegado huyendo de la situación generada recientemente en la Isla del Caribe, no se benefician de esa protección.
Incluso recurriendo a la fuerza (avalado por las imágenes de la violencia desatada por la Patrulla Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos en la “captura” de los migrantes haitianos), se ha intentado desincentivar la afluencia de migrantes haitianos a la nación norteamericana. A la vez, se ha constatado la persistencia de una política de inmigración abusiva y racialmente discriminatoria por parte de la actual administración de Joe Biden. Según la OIM, solo entre el 19 de septiembre y el 9 de octubre pasados, 7.621 hombres, mujeres, niños y niñas haitianos fueron expulsados de Estados Unidos en vuelos chárter.
Posición de Geneva International Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice insta a los estados a incrementar los esfuerzos para implementar políticas sociales de integración de las comunidades de migrantes que acogen en su territorio, y que estas no estén sujetas a discriminación ni marginalización por parte de las autoridades estatales.
Asimismo, exhortamos a hacer frente al flujo masivo de migrantes y potenciales solicitantes de asilo desde una perspectiva de la protección del individuo, sobre todo en un contexto de migraciones desordenadas, con una importante intervención de redes de trata de personas y traficantes de migrantes que cometen sistemáticos abusos y violaciones de los derechos humanos. Urge la acción coordinada de los Estados de la región para desarticular las redes de criminalidad que se han tejido en torno a estos fenómenos migratorios.
La compleja situación humanitaria que afrontan los migrantes haitianos, quienes huyen de un escenario de pobreza extrema, inseguridad alimentaria, climática y política; debe ser abordada con un enfoque integral, no discriminatorio y que tenga en cuenta, en el momento de elección de los mecanismos de protección, la situación de exclusión y marginalidad a la que están comúnmente sometidos.
GICJ insta a la administración Biden a poner fin a la política del Título 42, bajo la cual se están llevando a cabo expulsiones ilegales en violación del principio de non-refoulement, el cual constituye una garantía fundamental en materia de protección del individuo y de los derechos humanos. Las deportaciones masivas practicadas contra los migrantes haitianos no hacen más que perpetuar la historia de exclusión racial de inmigrantes y refugiados negros haitianos en los puertos de entrada de Estados Unidos.
Justice, Human rights, Geneva, geneva4justice, GICJ, Geneva International Centre For Justice
