Por: Louise Requin
Traducido por: Lian Martínez
La Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi fue condenada a prisión el lunes 6 de diciembre de 2021, por el gobierno militar que la depuso en febrero.
Desde la toma de poder por parte de los militares en febrero de este año, se han abierto más de diez causas contra la ex consejera de Estado de Myanmar y premio Nobel Aung San Suu Kyi. Tras la deliberación en un tribunal militar, presuntamente pasará dos años en la cárcel. La condena era originalmente de cuatro años, y posteriormente fue sentenciada a dos.
El tribunal ha procesado a varios dirigentes civiles del anterior gobierno bajo diversos cargos. Aung San Suu Kyi fue acusada de incitación y violación de las normas por Covid-19. La acusación de incitación se refiere a las declaraciones en las que denunció el golpe militar de febrero de 2021 y pidió a las organizaciones que no cooperaran con el cambio de régimen. Desde entonces, los militares la mantienen en paradero desconocido.
Cabe mencionar que el régimen la mantuvo en arresto domiciliario durante quince años (de 1989 a 2010), y es probable que pase su detención en condiciones similares. Actualmente se encuentra retenida.
Aung San Suu Kyi fue percibida por la comunidad internacional como una líder de la democracia y albergó grandes esperanzas de un gobierno civil en Myanmar durante años. Sin embargo, desde el acuerdo de reparto del poder con los militares en 2015, se han producido innumerables violaciones de derechos humanos bajo su liderazgo. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, detenciones de periodistas y activistas, así como el genocidio rohingya. Existen pocas pruebas de que haya hecho algo para impedirlo, y no se ha pronunciado contra ello a pesar de los numerosos llamamientos de Estados y ONGs de todo el mundo. Por el contrario, llegó a negar su ocurrencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esta postura provocó que muchas ONGs pidieran que se le retirara el Premio Nobel de la Paz.
La sentencia ha suscitado críticas internacionales, de sus partidarios en Myanmar pero también del investigador de la ONU para Myanmar, Thomas Andrews, que pidió a la comunidad internacional que aumentase la presión sobre el gobierno militar y denunció su ilegitimidad. Las organizaciones de la sociedad civil califican los cargos de infundados y diseñados para silenciar a la oposición en Myanmar.
La decisión del tribunal llega después de una larga lista de sentencias arbitrarias contra activistas, periodistas y civiles inocentes desde la toma de posesión militar. Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena la sentencia del tribunal militar y pide que se conceda un juicio justo e independiente a Aung San Suu Kyi.
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