Por: Marc Gancedo/ GICJ
El 17 de noviembre, a tres días del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la coalición del gobierno español formada por el Partido Socialista y Unidas Podemos anunció planes para registrar 30 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática bajo el propósito de alinear las leyes nacionales con el derecho internacional, el derecho internacional consuetudinario y el derecho internacional humanitario, bajo los cuales los crímenes internacionales no prescriben ni pueden ser amnistiados.
El texto de la enmienda señala: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.
A pesar de esto, los dos partidos de la coalición han alcanzado conclusiones contradictorias de lo que esta enmienda implicaría. El Partido Socialista argumenta que la enmienda no supondría ningún cambio respecto a la amnistía mientras que “Unidas Podemos” sostiene que de este modo se posibilita el enjuiciamiento de los crímenes franquistas. El Ministro de Memoria Democrática, Felix Bolaños (PSOE), ha aclarado posteriormente que el único propósito de esta enmienda sería reafirmar la Ley de Memoria Democrática, adecuándola a los tratados internacionales. Se ha revelado posteriormente que Enrique Santiago de ‘Unidas Podemos’ presentó el miércoles el acuerdo de las 30 enmiendas a la Ley de Memoria por su cuenta sin el conocimiento ni el consentimiento previo de sus socios de gobierno en el PSOE. La falta de acuerdo dentro del propio gobierno indica la gran división que aún permanece en la sociedad española después de más de cuatro décadas de democracia. Las perspectivas de éxito no se presentan esperanzadoras si aquellos que reivindican la justicia transicional no comparten un entendimiento sobre cuál es el camino a seguir para acabar con la impunidad que la apresurada transición a la democracia dejó.
Qué es la Ley de Amnistía de 1977?
La Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción son los obstáculos que han imposibilitado el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El régimen llegó a su fin tras la muerte del dictador en noviembre de 1975, a partir de la cual todas las partes involucradas se reunieron y acordaron el llamado Pacto del Olvido que pretendía facilitar un transición pacífica hacia la democracia. La ley de amnistía fue adoptada con el apoyo de la cámara en una corte democrática que contaba con amplia representación política. Tan sólo un partido (Alianza Popular) se abstuvo de la votación. La Ley de Amnistía pretendía perdonar y superar los crímenes políticamente motivados cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Las fuerzas democráticas contrarias al régimen de Franco celebraron por entonces la Ley de Amnistía proclamando “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”. España, tras 40 años de autoritarismo y represión franquista, estaba preparada para afrontar un prometedor futuro democrático. Sin embargo, esa disposición para seguir adelante resultó en la impunidad total de los crímenes pasados.
Qué es el anteproyecto de ley de memoria democrática?
La legislación elaborada por la coalición de izquierdas en julio de 2021 pretendía continuar con los proyectos de memorialización que comenzaron 14 años atrás cuando España aprobó su primera ley de memoria histórica. El nuevo anteproyecto pretende fomentar la búsqueda y la exhumación de las víctimas enterradas en fosas comunes [1]. Estos yacimientos han sido objeto de gran polémica y división puesto que hay quienes creen que deberían permanecer intactas mientras que la mayoría de las familias de las víctimas sostienen lo contrario. Adicionalmente, de ser aprobada, la ley establecería dos días oficiales de recuerdo a la víctimas y a los exiliados y las víctimas serían registradas de forma oficial.
Después de la exhumación y la posterior inhumación de los restos de Franco en 2019, la ley también readaptaría el Valle de los Caídos en el que Franco había permanecido enterrado hasta entonces. Para acabar con la apología al dictador y a su régimen, el mausoleo se convertiría en un monumento de memoria que recogería los restos de aquellos de los muertos de ambos bandos de la guerra civil.
La posición de la ONU
Estas noticias se han conocido dos meses después de que en el 48º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se celebrara un Diálogo Interactivo con el Relator Especial sobre Verdad, Justicia, Reparaciones y Garantías de no repetición. Allí, tal y como informó GICJ, el Relator tomó nota de los avances realizados por España en materia de justicia transicional tras el anuncio del anteproyecto de ley de memoria democrática [2]. A pesar de esto, el señor Fabián Salvioli fue claro al afirmar que todas las leyes de amnistía adoptadas tras episodios de conflicto militar y/o social deberían ser derogadas ya que constituyen un impedimento a la rendición de cuentas al consolidar éstas la impunidad.
Posición de Geneva Internationa Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice (GICJ) celebra el compromiso de algunos sectores de la sociedad española de luchar contra la impunidad que la Ley de Amnistía de 1977 dejó. Sin embargo, compartimos nuestra preocupación de que a menudo la justicia transicional se abusa como una herramienta partidista y que a menudo se hacen promesas vacías de las cuales no se obtienen resultados. A pesar de que los crímenes del pasado no deben ser olvidados, la justicia transicional debe ser abordada de forma responsable y en ningún lugar deben hacer promesas inalcanzables a las víctimas ya que estas son re-victimizadas en el proceso. Es por esta razón, que hacemos un llamamiento a que todos los partidos de España actúen de forma responsable y abracen la justicia transicional adecuadamente.
Finalmente, nos gustaría reafirmar que tan sólo la derogación de la ley de amnistía de 1977 procurará verdad, justicia y reparaciones a las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Conscientes de que esto puede ser percibido por la oposición política como una maniobra partidista y a fin de evitar que pueda ser interpretado como justicia retributiva, alentamos a que el gobierno incluya a todas las partes interesadas y adopted un enfoque centrado en las víctimas que asegure la reconciliación nacional. GICJ coincide con las declaraciones realizadas por el Relator Especial en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos en las que reclamaba que el primer paso para acabar con la impunidad es la derogación de todas las leyes de amnistía. Tan sólo entonces y haciendo que los crímenes internacionales dejen de prescribir, pueden los países realmente embarcar en proceso de justicia transicional en sintonía con los estándares internacionales.
Justice, Human rights, Geneva, geneva4justice, GICJ, Geneva International Centre For Justice
[1] España es tras Camboya el país del mundo con el mayor número de fosas comunes.
[2] Ver el informe de GICJ: https://www.gicj.org/positions-opinons/publications-spanish/2261-di%C3%A1logo-interactivo-sobre-verdad,-justicia,-reparaciones-y-garant%C3%ADas-de-no-repetici%C3%B3n-48%C2%BA-cdh
